Por la Sedena se vale de todo
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
La disputa por la Sedena es intensa por la creciente importancia política y económica que representa. A pesar de haber sido desplazada parcialmente por la Marina ante la desconfianza hacia algunos mandos del Ejército debido a su supuesta relación con el narcotráfico, la Sedena se convirtió en el sexenio que termina en una de las dependencias con más recursos.
En los seis años del gobierno de Felipe Calderón recibió 268 mil 930 millones de pesos, casi la mitad del gasto del gobierno saliente en seguridad nacional. Entre otros oficiales de alto rango, aspiran al poder que representa la Sedena los generales Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.
En perspectiva de un gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejército puede adquirir aún más fuerza al convertirse en el proveedor de los 50 mil hombres para la Gendarmería Nacional, el proyecto con el que el candidato priista prevé el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico.
"En la sucesión de la Sedena, desde 2010 los patrones de comportamiento institucional se modificaron. Los generales en retiro que en el priismo autoritario ya no figuraban, ahora participan en el esquema sucesorio. Juegan y se dejan ver", dice el investigador Erubiel Tirado, coordinador del diplomado en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.
Es el caso de los generales Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare. Desde finales de 2010 y hasta el asesinato del primero, el pasado 20 de abril, ambos se encaminaban a participar en el juego sucesorio de la Sedena. A su favor, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por Proceso, tenían una estrecha relación con la Administración Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), información sobre la penetración del narcotráfico en el Ejército y el acercamiento con Peña Nieto.
Otro factor los identificaba: su separación crítica del Ejército y de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Acosta Chaparro incluso estaba compartiendo información con la Marina.
Pero ambos generales tuvieron también un mal común: Mateo, el apelativo con el que la PGR identificó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exintegrante del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva que en noviembre de 2010 declaró contra Acosta Chaparro y en mayo pasado contra Ángeles Dauahare.
A las pocas horas de declarar contra el general de división en retiro, El Grande fue extraditado por la PGR a Estados Unidos. La DEA mandó un avión al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlo a Texas.
Las acusaciones de Mateo sobre la supuesta protección de ambos generales al Cártel de los Beltrán Leyva no han sido probadas. En una declaración ministerial del 26 de noviembre de 2010 dijo haber conocido a Acosta Chaparro desde 2006 por medio de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien supuestamente le pagó 500 mil dólares al general de brigada para que le diera...
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