San Luis Potosí: impunidad estética
| Autor | Ernesto Villanueva |
Primero. El ayuntamiento de San Luis Potosí carece de un sistema de seguridad social para sus servidores públicos. Este hecho por sí mismo violenta el artículo 123 constitucional y el tema pudo haberse resuelto mediante un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el organismo estatal equivalente. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Será posible pensar que es porque esta fórmula permite márgenes de maniobra para que el alcalde y sus funcionarios puedan obtener recursos públicos al margen de la ley? El trienio pasado (2009-2012), en un gobierno del PAN, el ayuntamiento de San Luis Potosí destinó 398 millones 221 mil pesos para gastos médicos en beneficio de los servidores públicos del ayuntamiento de referencia, no por supuesto además del IMSS o el ISSSTE sino en lugar de éstos.
Peor todavía, el ayuntamiento no optó, ni lo ha hecho ahora, por contratar los servicios de una aseguradora mediante una licitación pública, que mucho abonaría a la rendición de cuentas, sino "que a partir de mayo de 2010 se suscribió convenio con el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, pagando una cantidad mensual especificada en dicho convenio, el cual entre otros conceptos ampara los procedimientos quirúrgicos, algunos in-sumos utilizados, así como los medicamentos aplicados-consumidos durante el procedimiento", revela expresamente el ayuntamiento en respuesta a una solicitud de información hecha con fundamento en la Ley de Transparencia, cuyo modelo no ha modificado el actual alcalde, ahora del PRI. Tampoco por supuesto son transparentes los criterios utilizados para contratar el hospital A en lugar del B o viceversa.
Segundo. La irregular manera de contratar servicios médicos en San Luis Potosí ha generado que cualquier empleado municipal en lugar de tener al menos su póliza de seguro médico para atenderse donde quiera, debe negociar su acceso al derecho a la salud con sus superiores, quienes tienen la potestad de decidir si procede o no. Este conspicuo mecanismo, como es natural cuando no hay reglas claras ajustadas a derecho, ha generado arbitrariedades de todo tipo.
En efecto, si se toma como parámetro de referencia el común denominador de exclusiones de las aseguradoras, el caso de San Luis Potosí se vuelve peor. Entre 2009 y 2012 se practicaron 3 mil 774 procedimientos quirúrgicos de todo tipo para un universo de casi 5 mil servidores públicos, lo que revela de entrada que algo anda mal. Entre las intervenciones usualmente excluidas por las...
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