Revisan en México aplicación de la ley

AutorAlejandro Rosas

La clase política actual, formada y moldeada durante los 70 años del régimen priista, adolece de sus mismos vicios.

Ha convertido en simple y llana retórica términos fundamentales para la Nación, como democracia, estado de derecho y ley. El pasado 7 de abril, durante el juicio de procedencia en contra del Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos presenciamos la oda al cinismo presentada por los diputados del PRI en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Sólo basta recordar que desde 1929 -año de su fundación- el partido oficial se encargó de socavar el estado de derecho, de aplicar la ley de manera discrecional y de violar una y otra vez la Constitución. Los paladines de la legalidad hoy, son los mismos que hace unos años aplaudieron sumisamente el autoritarismo presidencial sin que les importara el estado de derecho. Sin embargo, causa mayor sorpresa la actitud de Acción Nacional -la del PRI no, en su naturaleza está la simulación. Desde 1939, el PAN padeció, enfrentó y denunció la violación del estado de derecho y la aplicación discrecional de la ley que ejercía el priismo en su contra, hoy su gran aliado, desde todos los niveles de gobierno.

Por principio, nadie puede estar por encima de la ley. Siendo ésta una creación humana, es perfectible y no puede aplicarse como si fuera una fórmula matemática o una ley de física como ocurrió el 7 de abril. Su aplicación debe estar sujeta a la reflexión y al sentido común, rara vez presentes en la historia del Congreso y ausentes por completo en la controvertida sesión.

La aplicación de la ley como fórmula matemática no es algo inédito en nuestra historia. Al igual que los legisladores del PRI y el PAN, que se envolvieron en la bandera de la legalidad como dogma de fe, nuestra historia presenta otros ejemplos donde la falta de sentido común al aplicar la ley tuvo graves consecuencias para México.

Vuelta por la Historia

La aprehensión del candidato presidencial Francisco I. Madero, en junio de 1910, en vísperas de elecciones, fue legal. Había obstruido la acción de la justicia y fue detenido como presunto "encubridor de la fuga" de su colaborador Roque Estrada, buscado por "ultrajes inferidos a la autoridad". El Gobierno guardó todas las formas legales y un juez obsequió la orden de aprehensión. Se verificaron las elecciones, Porfirio Díaz obtuvo su séptima reelección, Madero escapó y meses después inició la Revolución mexicana.

Podría argumentarse que fue injusta su aprehensión...

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