Regulación del trabajo académico y deshomologación salarial: balance general de sus ejes problemáticos
| Autor | Eduardo Ibarra Colado - Norma Rondero López |
| Cargo del Autor | Doctor en Sociología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Doctora en Estudios Sociales por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). |
| Páginas | 569-601 |
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Regulación del trabajo académico
y deshomologación salarial: balance
general de sus ejes problemáticos
Eduardo Ibarra Colado*
Norma Rondero López**
Introducción
La política de remuneración de los académicos universitarios dio un
giro fundamental hace poco más de dos décadas, momento en el que
para enfrentar la drástica caída de los salarios, como consecuencia de
la crisis y de una política económica restrictiva, se decidió crear el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).1 A partir de entonces se im-
plementaron nuevos mecanismos y programas que transformaron
*Doctor en Sociología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Jefe del
Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Cuajimalpa (UAM-C), México, Distrito Federal.
**Doctora en Estudios Sociales por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Coordinadora General de
Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco(UAM-
A), México, Distrito Federal.
1Desde la creación misma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se levantaron voces
de rechazo que anticipaban los efecto s negativos asociados a programas de r emuneración
basados en el dese mpeño, opiniones que fueron desac reditadas o estigmatizadas en su
momento y frente a las cuales hoy ya casi nadie discrepa . Cinco años después de creado el SNI,
en 1989, la UAM puso en marcha po r primera vez un programa de este tipo, del que an ticipa-
mos sus consecuenci as y peligros: Eduardo Ibarra Col ado “UAM, ¿casa abierta a la excelencia?
1. Retos de un pro yecto inconclus o; 2. Investigación y salari os, la gran c ontradicción; 3 .
Tabulador por puntos , ¿calidad o cant idad?; 4. Estímulos a la docencia y la investigación; y
5. ¿La fábula del burro y la zan ahoria?”, en Excelsior, Sección M etropolitana, 26 a 30 de
diciembre de 1 989
48903.pdf>. A compañamos este ensayo de un anexo en el que indicamos cronológic amente
los trabajos más significativos producidos al resp ecto a lo largo de los últimos 20 años. Por
razones de espacio, omitimos notas peri odísticas, documentos oficiales y la extensa bibliogra-
fía en torno d el SNI.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
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por completo las condiciones de remuneración y trabajo de los acadé-
micos mexicanos.
La evaluación formal del desempeño, basada en la contabilidad de
los productos del trabajo se fue estableciendo como norma, lo que
provocó que se modificaran la naturaleza, el contenido y la organiza-
ción del trabajo académico, así como la transferencia paulatina de
su control a las instituciones encargadas de operar interna y exter-
namente la evaluación. Mediante instrumentos tan poderosos como
los tabuladores y las reglas y criterios de evaluación, las comisiones
dictaminadoras se han conformado como el espacio esencial para
negociar la posición, el prestigio y el ingreso de los académicos.2
Si apreciamos el proceso de manera integral, nos daremos cuenta
de que lo que hemos experimentado a lo largo de estas dos décadas ha
sido el tránsito de un modo de regulación del trabajo académico
basado en estructuras de orden sindical y burocrático, a otro basado
en estructuras colegiadas de “reconocimiento” del mérito. Esta tran-
sición transformó de manera radical las relaciones entre el Estado y
la universidad para sustituir el modo tradicional de negociación polí-
tica de recursos y apoyos por un nuevo modo de conducción basado
en la evaluación y acreditación del desempeño mediante los números.
Este cambio se vio favorecido por la crisis económica de los años
ochenta que permitió al gobierno confrontar, a través de la conten-
ción salarial y la restricción de los subsidios, la resistencia del sindi-
calismo, de los académicos y de las propias autoridades universitarias
que deseaban defender sus grados de autonomía y discrecionalidad.
Como podemos apreciar, el recurso estratégico que movilizó el
gobierno para imponerse en esta disputa fue el dinero, sea en términos
de incremento salarial y negociación de prestaciones, o en términos de
subsidio. La diferencia entre la situación de los años setenta y la que
hoy vivimos no está predominantemente en el nivel salarial o en el
monto de los subsidios que reciben las instituciones. Un análisis deta-
llado revelaría muy seguramente que los académicos y las institucio-
nes obtienen montos económicos al menos cercanos a los que recibían
antes de la crisis en términos reales. La diferencia se encuentra, más
2Hemos discutido este controvertido aspecto en Eduardo Ibarra Colado y Luis Porter Gale-
tar, “Dilemas de la evaluación del trabajo académico: ¿estamos preparados para transitar del
castigo a la valoración?”, en A. Díaz-Barriga y T. Pacheco (coords.), Evaluación y cambio institu-
cional, México, Paidós, 2006, en prensa.
Regulación del trabajo académico
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bien, en las condiciones bajo las cuales tales recursos eran negociados
y obtenidos. Antes de la crisis, el salario académico se enmarcaba en
una negociación bilateral y se obtenía bajo condiciones de seguridad y
estabilidad que hoy ya no existen. Por su parte, los subsidios que antes
dependían de ciertos indicadores sobre el crecimiento de la institución
y se llevaban a cabo bajo esquemas de negociación política con un alto
grado de discrecionalidad, pasan hoy por complejos procesos de eva-
luación, acreditación y rendición de cuentas que hacen del manejo de
los recursos obtenidos un proceso burocrático, complejo, costoso y, en
no pocas ocasiones, dispendioso e irracional.3
Para plantearlo en términos llanos, mientras ayer se negociaban
salarios y subsidios, hoy se concursa por recursos extraordinarios,
sean éstos ingresos adicionales para los académicos, para las institu-
ciones o para algunos de sus programas. Este modo de operar supone
que actualmente los recursos son sólo para aquellos académicos, ins-
tituciones y programas que demuestren cumplir con los estándares
de desempeño establecidos por la autoridad que conduce el proceso,
con lo que los grados de libertad para llevar a cabo sus actividades se
ha visto seriamente acotada. Esta transformación marca sin duda el
antes y el después de la universidad pública en nuestro país.
En las siguientes páginas realizaremos un recuento y un balance
del nuevo modo de regulación del trabajo académico que, después de
operar durante 20 años, muestra signos inequívocos de agotamiento.
Dado que el gobierno y las autoridades universitarias defienden su
continuidad, resulta indispensable valorar sus efectos para mostrar
los costos que ha implicado y los que supondrá en caso de mantenerse
inalterado. Para escapar a esta perpetuación perversa, es urgente
visualizar, debatir y consensuar los escenarios futuros que pudieran
garantizar un desarrollo más estable de la carrera académica.4
3En este trabajo nos centraremos en el análisis de las políticas de deshomologación salarial,
dejando para otro momento el análisis del nuevo modo de regulación que articula evaluación,
financiamiento y cambio institucional como estructura básica de conducción de la educación
superior por parte del Estado. Al respecto el lector puede acudir a Eduardo Ibarra Colado, “Neo-
liberalismo, educación superior…”, op. cit., pp. 131-138; Eduardo Ibarra Colado, La universidad
en México hoy: gubernamentalidad y modernización, México, DGEP-UNAM/FCPyS-UNAM/UAM-I/
ANUIES, 2001, pp. 361-374. http://www.posgrado.UNAM.mx/productos/produccion/col_pos/
anteriores/16.pdf
4Ésta fue la intención que motivó el estudio que realizamos recientemente sobre la experiencia
de la UAM y que puede servir de referente para una discusión más general acerca de la reforma de la
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
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Deshomologación salarial
del trabajo académico
Los programas de deshomologación salarial del trabajo académico
surgieron en la década de los ochenta, periodo de fuertes dificultades
económicas para las universidades públicas debido a la sistemática
disminución de los subsidios y a la drástica caída de los salarios. Para
contener la fuga de cerebros, el gobierno federal decidió crear el SNI,
programa marginal si consideramos que en su primer año de operación
favoreció a sólo 1,396 investigadores en todo el país. Este programa se
constituyó como la primera experiencia de deshomologación salarial,
especie de ensayo piloto que después se traduciría en nuevos progra-
mas de mayor cobertura.5
El diseño e implementación de los programas de deshomologación
salarial significa un cambio radical en el modo de regulación del trabajo
académico. Antes de 1985 la conducción de las relaciones laborales en
las universidades se basaba en un modo de regulación institucional–
burocratizado. Este modo encuentra su forma típica en la negociación
bilateral, apoyada en una serie de mecanismos institucionales de
mediación del conflicto. Los contratos colectivos de trabajo expresaban
los derechos laborales adquiridos, mostrando el balance entre la fuerza
del sindicalismo universitario y la capacidad de control del gobierno. En
contraste, la conducción del trabajo académico mediante los progra-
mas de deshomologación salarial corresponde a una forma distinta de
regulación más flexible y orientada por criterios de mercado, que favo-
rece un control creciente del gobierno y las instituciones al imponer
como norma la competencia individual por recursos escasos.6
carrera académica en las instituciones universitarias del país. Manuel Gil (coord.), Miguel A. Casillas
Alvarado, Margarita Fernández Ruvalcaba, Rocío Grediaga Kuri, Eduardo Ibarra Colado, Romualdo
López Zárate, Lilia Pérez Franco, Norma Rondero López y Gonzalo Varela Petito, La carrera acadé-
mica en la Universidad Autónoma Metropolitana: un largo y sinuoso camino, México, 2005, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 74 pp. http://dj.uam.mx/e_libros/carrera_academica/
5A 20 años de distancia, el SNI beneficia a 11,500 investigadores, cifra aún muy baja si
consideramos que en el país trabajan en el subsistema de educación superior casi 57,000 profe-
sores de tiempo completo. Vicente Fox Quesada, Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno
2005, México, Presidencia de la República, 2005, p. 51 y 74. Para una valoración integral del
SNI, véase María de Ibarrola “El Sistema Nacional de Investigadores a 20 años de su creación”,
en D. Cazés et al. (coords.), Disputas por la universidad: cuestiones críticas para confrontar su
futuro, México, CEIICH-UNAM, 2006, en prensa.
6Eduardo Ibarra Colado y Norma Rondero López, “Periodización y caracterización de los
modos de regulación del trabajo académico en la Universidad Autónoma Metropolitana (1973-
Regulación del trabajo académico
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En sólo dos décadas se han multiplicado los programas de desho-
mologación hasta generalizarse prácticamente en todas las institucio-
nes, con lo que se ha logrado desarticular, al menos para el sector
académico, el sindicalismo universitario. Este proceso ha debilitado la
seguridad laboral y social de la que gozaba el trabajo académico, ade-
más de poner en entredicho el control que los profesores e investiga-
dores habían ejercido tradicionalmente sobre su propio trabajo.7
Antecedentes. Modo de regulación institucional-burocratizado
La regulación del trabajo académico hasta antes de los años ochenta
se apoyó en mecanismos burocráticos altamente institucionalizados.
Eran los tiempos de la negociación bilateral, de los contratos colecti-
vos de trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje y las comisiones
mixtas, todo ello articulado por la Ley Federal del Trabajo en un mo-
delo en el que se institucionalizaban formas de negociación que pro-
piciaron la conformación de fuertes aparatos burocráticos y la de-
fensa de los derechos del trabajo bajo la doble vertiente del salario y
la seguridad en el empleo.
La construcción de este modo de regulación se llevó a cabo imi-
tando las estructuras y mecanismos que operaban en otros sectores
laborales –el modelo fabril–, y siempre bajo la presión que significó la
acelerada expansión de la educación superior que experimentó el país
a partir de la década de los setenta: la matrícula universitaria pasó de
78,000 alumnos en 1960 a 301,702 alumnos en 1975.8 Este proceso
de crecimiento dio como resultado la formación de un amplio contin-
2004)”, en M. Gil (coord.), L a carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana: un
largo y sinuoso camino, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2005, p. 3. http://dj.
uam.mx/e_libros/carrera_academica/
7La vulnerabilidad que enfrentan los académicos al momento de su retiro es sólo un ejem-
plo de los costos asociados a la operación de este nuevo modo de regulación. Para una discusión
al respecto, véase Ángel Guillermo Ruiz Moreno Los sistemas pensionarios de las universidades
públicas en México, México, Porrúa, 2005, 276 pp.; Graciela Bensusán (coord.) e Ívico Ahumada
Lobo, Sistemas de pensión y composición por edad del personal académico en las universidades públi-
cas e instituciones afines, Resumen Ejecutivo, México, 2005, 22 pp., mimeo.
8La matrícula de la educación superior universitaria alcanzó en 2005 1 millón 357,000
alumnos, crecimiento impresionante si consideramos que se produjo en tan sólo cuatro décadas.
Manuel Gil Antón, “Amor de ciudad grande: una visión general del espacio para el trabajo aca-
démico en México”, en Phillip G. Altbach (coord.), El ocaso del gurú. La profesión académica en el
tercer mundo, México, UAM, 2004, pp. 52-53; Vicente Fox Quesada, Anexo…, op. cit., p. 50.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
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gente de académicos y, en consecuencia, la aparición de una nueva
profesión centrada en la enseñanza superior. De los 10,000 académi-
cos que existían en 1960, casi todos ellos de tiempo parcial, se pasó a
25,000 apenas 15 años después.9
Bajo estas condiciones, el sindicalismo encontró terreno propicio
para organizar a tales contingentes y negociar con éxito las bases bajo
las cuales se regularía el trabajo universitario. Ésta fue la época
dorada del sindicalismo universitario, la de los gloriosos años setenta.
En el ámbito específico del trabajo académico, la fuerza de los sindi-
catos se tradujo en la negociación bilateral de las condiciones de
ingreso, promoción y permanencia del personal académico. El diseño
de los mecanismos institucionales de regulación bilateral contribuyó
a la configuración de espacios de negociación altamente burocratiza-
dos en los que se confrontaban básicamente los intereses de las diri-
gencias sindicales y las autoridades universitarias. Por tanto, lo que
estaba en juego, más que la regulación del trabajo académico, era la
negociación de los beneficios económicos y los espacios de poder que
obtendría la representación sindical en nombre de sus agremiados a
cambio de una mayor estabilidad institucional.
Sin embargo, el crecimiento desordenado del sector exigió al
gobierno emprender un profundo proceso de reordenamiento –la reite-
rada “modernización”– que implicaría, entre otros aspectos, remover
la fuerza del sindicalismo universitario y modificar las bases normati-
vas bajo las cuales se contrataba y remuneraba al personal académico.
La intención era abandonar el modelo fabril que se impuso en el sector
para avanzar hacia un esquema que redefiniera el trabajo académico
ya no como trabajo asalariado sino como profesión liberal.
El camino elegido para iniciar esta transformación radical encon-
tró su primer apoyo fundamental en la modificación del marco nor-
mativo que regulaba al sector, dando pie al debilitamiento progresivo
del sindicalismo universitario y, al mismo tiempo, a la ampliación de
9Esta cifra llegará a 192,000 puestos académicos en 2000, de los cuales 30 por ciento
corresponde a nombramientos de tiempo completo. Este crecimiento implicó la creación de casi
13 puestos de trabajo académico al día durante 40 años. Manuel Gil Antón, “Amor de ciudad
grande…”, op. cit., pp. 53-54. También Norma Rondero López, “Transformaciones de los modos
de regulación del trabajo académico en México, 1950-2000”, tesis doctoral, Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2005, 333 pp.
Regulación del trabajo académico
575
las posibilidades de conducción y control del gobierno y las autorida-
des universitarias. Aquí ubicamos la aprobación de la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior (1978), la elevación de la auto-
nomía universitaria a rango constitucional (1979) y las adiciones a la
Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales en las
instituciones de educación superior (1980).10
Estos cambios normativos establecieron las condiciones para llevar a
cabo el reordenamiento de las relaciones laborales académicas bajo un
tipo de regulación basado en el mercado, que empezaría a operar de
manera generalizada hacia finales de los años ochenta, marcando con
ello el agotamiento del modo de regulación institucional-burocratizado.
La importancia de estos nuevos ordenamientos legales radica en
las condiciones que otorgó para separar la regulación propiamente
laboral de la académica. En adelante, la contratación y la permanen-
cia del personal académico sería una atribución exclusiva de las insti-
tuciones, al inscribirse dentro de las facultades que la autonomía
otorga a las universidades para manejar sus asuntos académicos, en
consonancia con los ordenamientos establecidos en su Ley Orgánica y
en los reglamentos que de ella se desprenden. A partir de este momento,
los sindicatos vieron limitadas sus posibilidades de acción pues
podrían negociar únicamente salarios y prestaciones, pero ya no con-
diciones de ingreso y permanencia o remuneraciones extraordinarias
basadas en el desempeño académico. En cuanto a la regulación del
trabajo académico el lugar de los sindicatos será tomado ahora por las
comisiones de pares, y la decisión sobre una parte creciente de sus
ingresos será entendida como una recompensa a su desempeño en
lugar de considerarse parte de su salario. Lo anterior significa que el
escenario institucional en el que se negociarían las condiciones de
desarrollo de la educación superior universitaria será uno muy dife-
rente del que se apreció una década atrás. La centralidad del sindica-
lismo será desplazada por la acción articulada de distintas agencias
10Eduardo Ibarra Colado, “Neoliberalismo, educación superior y ciencia en México. Hacia
la conformación de un nuevo modelo”, en Eduardo Ibarra Colado (coord.), La universidad ante
el espejo de la excelencia. En juegos organizacionales, México, Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Iztapalapa, 1993, p. 166; Norma Rondero López, Transformación de los modos de regulación
del trabajo académico en México, 1950-2000, tesis doctoral, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, 2005, pp. 90-96.
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del gobierno. Poco a poco se diseña un triángulo gubernamental de
control de los espacios estratégicos, cuyos vértices se relacionan con
el dinero, el trabajo y la autonomía. Para cuidar el dinero se encuentra
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de conducir la
negociación de los presupuestos con las universidades y la restricción
de su uso mediante normas e instrumentos de control del gasto. Para
controlar el trabajo se encuentra la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, involucrada en el denominado arbitraje de las relaciones labo-
rales, al ser la institución que le corresponde otorgar el reconoci-
miento a los sindicatos y ser la mediadora en los conflictos suscitados
en los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo y los sala-
rios. Finalmente, para delimitar los grados de libertad de las autori-
dades universitarias, sustentados en el precepto constitucional de la
autonomía y garantizar su colaboración, se encuentra la Secretaría de
Educación Pública que se encarga de regular el crecimiento del sis-
tema, a través de la creación de nuevas instituciones públicas, y de
conducir su desarrollo mediante diversos mecanismos de planeación,
evaluación y asignación de fondos extraordinarios.
En suma, las nuevas reglas institucionales derivadas de los cam-
bios normativos, el diseño de nuevos mecanismos institucionales
para el ingreso y la permanencia del personal académico y la caída
salarial durante los años ochenta, generaron condiciones propicias
para establecer un nuevo modo de regulación basado en la competen-
cia individualizada por recursos escasos. Éste es el inicio de los tiem-
pos de la deshomologación salarial.
Modo de regulación flexible orientado por el mercado
En la década de los ochenta, al romperse las condiciones que susten-
taban el modo de regulación institucional-burocratizado y ante el
embate de políticas de corte neoliberal, se produjeron transformacio-
nes que suponen una ruptura radical del modelo universitario hasta
entonces vigente en el país. A lo largo de las últimas dos décadas,
prácticamente todo ha sido trastocado.11
11Eduardo Ibarra Colado, La universidad en México hoy…, op. cit., pp. 325-437.
Regulación del trabajo académico
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En general, las transformaciones que se plantean suponen meca-
nismos que asocian la dotación de recursos al desempeño. La eva-
luación se ubicará rápidamente como el mecanismo estratégico de
regulación. En el caso particular del trabajo académico, ejemplo para-
digmático del funcionamiento de los nuevos mecanismos de regulación
basados en el mercado, la deshomologación salarial ha operado con
eficacia para transformar la naturaleza, el contenido y la organiza-
ción del trabajo académico, haciendo de esta actividad una profesión
asociada a las disciplinas y en las que se compite esencialmente por
una mayor remuneración y un mayor reconocimiento. Frente a un
pasado en el que el académico se veía a sí mismo como un trabajador
asalariado que encontraba en el sindicalismo sus espacios de identidad
y realización, se abre un escenario inédito en el que este mismo aca-
démico es reinventado bajo el modelo de lo que significa “ser acadé-
mico” en el mundo académico anglosajón. Esta transformación de la
identidad académica se logró gracias a la operación de los programas
de deshomologación salarial, que pueden ser ordenados distinguiendo
tres grandes etapas.12
Primera etapa: el Sistema Nacional de Investigadores
La creación del Sistema Nacional de Investigadores marca la primera
etapa. Aunque su intención declarada fue la de fortalecer y estimular la
eficiencia de la investigación en cualquiera de sus ramas y especialida-
des, a través del apoyo a los investigadores de las instituciones de edu-
cación superior o de los centros de investigación del sector público, así
como también a aquellos que desempeñan su labor en instituciones de
carácter privado, este mecanismo buscó, en primera instancia, retener a
los mejores investigadores del país ante la drástica caída salarial.13
El planteamiento central de este programa inicial se establece en
la necesidad de reconocer la labor de los académicos dedicados a pro-
ducir conocimiento científico y tecnológico. Para lograr tal reconoci-
miento se diseñó un proceso de evaluación de los resultados o produc-
12A ello han contribuido también los programas de formación y actualización del personal
académico y las políticas de fomento al posgrado, ambos muy vinculados al otorgamiento de
becas a concurso que imponen ciertas disciplinas y modos de comportamiento.
13“Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores”, Diario Oficial de
la Federación, 26 de julio de 1984.
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tos de los investigadores, de tal forma que pudiera ser evidenciada su
aportación al conocimiento científico y tecnológico. Dicha evaluación
se tradujo en una recompensa al trabajo realizado, mediante el otor-
gamiento de becas de productividad que mejoraban los ingresos de
este grupo selecto de investigadores, además de romper el patrón
salarial homologado que operó bajo el modo de regulación institucio-
nal-burocratizado.
De esta manera, aunque el SNI declara que su intención esencial es
incidir en el desarrollo de la investigación, en realidad se propone
otorgar una compensación económica a un sector pequeño de cientí-
ficos del más alto nivel. Para lograrlo, se apoyó en la evaluación de los
productos del trabajo académico, lo que garantizaría efectivamente
que el programa beneficiara a ese pequeño sector que fue referente
para su diseño. Como señala María de Ibarrola, “los procedimientos
y los criterios de evaluación, el reducido número de investigadores
que los aprueban y el monto de los estímulos que perciben dan clara
idea del carácter eminentemente selectivo de este mecanismo”.14
Por otra parte, el SNI, se ha situado en el más elevado rango del
trabajo académico nacional, pues no sólo otorga una recompensa
material, sino que se constituye también como un factor de prestigio
entre la comunidad científica del país. En este sentido, al tiempo que
otorga reconocimientos a un grupo reducido de investigadores “des-
califica al resto de los académicos del país y se desentiende de los pro-
cesos que serían necesarios para que estos últimos, a su vez, puedan
reunir los requisitos de los primeros.15
A este proceso de evaluación “descalificadora” han contribuido el
tipo de referentes que tienen las comisiones dictaminadoras para rea-
lizar su tarea. En ellas se ha priorizado la “valoración” de productos
medidos a través de diversos indicadores que permiten el reconoci-
miento de estándares de rendimiento, pero al costo de desconocer o
ignorar los procesos de producción del conocimiento y el impacto real
de sus resultados y aportaciones. De ahí que se pueda afirmar que
14María de Ibarrola, “Dinámicas de transformación en el sistema educativo mexicano”, en
Jeffrey Puruear y José Joaquín Brunner (eds.), Educación, equidad y competitividad económica en
las Américas, Washington, Organización de Estados Americanos, 1995.
15María de Ibarrola, “La evaluación del trabajo académico desde la perspectiva del desarro-
llo sui géneris de la educación superior en México”, Perfiles educativos, núm. 53-54, 1991, p. 8.
Regulación del trabajo académico
579
estos procesos no son sensibles para reconocer la naturaleza misma
del trabajo académico, pues desplazan paulatinamente la valoración
y el juicio académico de pares, para imponer la certificación burocra-
tizada a cargo de “gestores académicos” que completan tablas con la
ayuda de sus sumadoras.
Subrayamos el carácter de la evaluación centrada en el producto
que ha funcionado de una manera similar en el resto de los progra-
mas de deshomologación. Se trata de una característica esencial de las
tecnologías liberales bajo las que operan los modos de regulación
basados en criterios de mercado.16 Estos dispositivos son incapaces de
valorar la calidad de un producto en términos sustantivos; lo más que
pueden hacer es contabilizar productos mediante medidas estandari-
zadas de intercambio: dinero, puntos, número de citas, artículos,
calificaciones, indicadores de desempeño, etcétera. El error estriba en
creer que al cumplir con el indicador se garantiza la calidad, supuesto
que se cumple en muy pocos casos.
A pesar de que el SNI es el primer programa de deshomologación,
y de que presenta rasgos comunes con los programas que operarían
a partir de finales de los años ochenta, es necesario señalar también
que mantiene diferencias significativas. El SNI es un sistema que no se
encuentra asentado en las universidades, pues depende directamente
del gobierno federal y se centra básicamente en el reconocimiento de
la investigación. Su operación se encuentra muy vinculada a la comu-
nidad científica nacional que, a través de la Academia Mexicana de
Ciencias, ha impulsado y propuesto diversas reformas en su estruc-
tura y funcionamiento, además de facilitar la integración de los comi-
tés de evaluación diferenciados por áreas de conocimiento. Además, a
20 años de distancia ha alcanzado un grado de institucionalización
importante que le ha permitido operar con mayor estabilidad y trans-
parencia, aunque aún enfrente problemas significativos asociados a
sus mecanismos de evaluación.
En contraste, los programas federales, creados a partir de 1990,
han sido operados por las instituciones bajo criterios y modalidades
distintas que se traducen en problemas adicionales de inequidad y en
16Nikolas Rose, “El gobierno en las democracias liberales «avanzadas»: del liberalismo al
neoliberalismo”, Archipiélago, núm. 29, 1997, pp. 25-40.
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distorsiones que han equiparado, mediante los mismos nombramien-
tos, desempeños y perfiles muy distintos.
Segunda etapa: modernización como sinónimo de deshomologación
La política de deshomologación salarial se impulsó como parte del
Programa para la Modernización Educativa impulsado por el gobierno
durante 1989. Su intención era regular el trabajo académico en las
universidades públicas del país considerando el desempeño individual.
Además del antecedente del SNI, en la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) se ensayó el modelo integral que funcionaría como
referente a nivel nacional. Primero, en esta institución se asumieron
de manera directa y tajante las reformas normativas que elevaron la
autonomía a rango constitucional, con lo que las autoridades deman-
daron la finalización de la intervención del sindicato en los procesos de
ingreso, promoción y permanencia del personal académico, lo que se
tradujo en la eliminación de alrededor de 100 cláusulas del contrato
colectivo de trabajo. Esta acción generó un grave conflicto laboral que
se resolvió a favor de la universidad mediante un laudo emitido en
octubre de 1981 por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.17
Este conflicto marcó el inicio del diseño del nuevo modelo acadé-
mico-laboral en la institución que, insistimos, ha sido punto de referen-
cia para impulsar los procesos de reforma en otras muchas universida-
des del país. El modelo se basa en dos elementos fundamentales: en el
diseño y aprobación, a finales de 1982, del Reglamento de Ingreso, pro-
moción y permanencia del personal académico, que se apoya en la eva-
luación de pares mediante la conformación de comisiones dictaminado-
ras autónomas, y en el diseño y aprobación, tres años más tarde, de un
tabulador por puntos y de los criterios para su aplicación por área de
conocimiento, instrumentos que permiten cuantificar el desempeño
limitando los grados de libertad de las comisiones dictaminadoras.18
17Un recuent o detallado de este i mportante episodio de la vida universitari a nacional se
encuentra en Romualdo López Z árate, Óscar M. Gonzá lez Cuevas y Miguel Ángel Cas illas
Alvarado (2000), Una historia de la UAM: sus primeros 25 años, 2 vols., México, UAM, 2000,
pp. 537-544 .
18Lo que en un principio se consideró como una decisión acertada, pues se asumía que tal
instrumento acotaría la discrecionalidad y subjetividad asociadas al juicio académico, se mues-
tra hoy como un exceso igualmente inapropiado. Al hacer depender la evaluación de un sistema
contable que se impone al juicio académico, se combatió un mal con otro mal. La subordinación
Regulación del trabajo académico
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Este conjunto de reglas posibilitó en la UAM la sedimentación de
una cultura del registro y la evaluación de las actividades académicas,
facilitando con ello la introducción de un primer programa de desho-
mologación salarial que se proponía recompensar el desempeño
extraordinario en la institución mediante la diferenciación de los
ingresos. Nos referimos al Programa de Estímulos a la Docencia y la
Investigación (1989), antecedente inmediato de los programas que el
gobierno federal propondría en 1990 y 1992.19
La política de deshomologación salarial del gobierno se concretó
con la autorización y puesta en marcha de dos programas: el primero,
creado en febrero de 1990, corresponde a las becas al desempeño aca-
démico; el otro, creado en junio de 1992, corresponde al programa de
carrera docente del personal académico de las instituciones de educa-
ción superior. Estos programas se proponían recompensar permanen-
cia, calidad y dedicación de tiempo completo, mediante mecanismos de
evaluación del desempeño que serían diseñados y operados por cada
universidad en lo particular, pero siempre de acuerdo con los montos
autorizados y los lineamientos y normas de operación establecidos por
las autoridades gubernamentales de Hacienda y Educación. Con estas
acciones se ponía fin al largo ayuno salarial impuesto a los académicos
universitarios a lo largo de los años ochenta.
En un contexto caracterizado por la imposibilidad de volver a las
dotaciones presupuestales “benevolentes” de los años setenta, y con
un cambio en el modelo de conducción estatal basado ahora en polí-
ticas de corte neoliberal, el gobierno optó por un esquema de asigna-
del juicio académico frente al “dato duro” favoreció la simulación y el fraude. Por ello, las dis-
cusiones se centran hoy en las maneras para lograr un balance adecuado entre juicio académico
e indicadores de desempeño, lo que supone la discusión del tipo de evaluación que se debería
aplicar, entre una sumativa y una dialógica o conversacional. Véase al respecto Eduardo Ibarra
Colado y Luis Porter Galetar, “Dilemas de la evaluación…”, op. cit.
19Los “efectos inesperados” acompañaron a este programa desde el inicio, premonición de
lo que más tarde se generalizaría en todo el sistema. Al respecto, véase Eduardo Ibarra Colado,
“Claroscuros de la evaluación de los académicos. ¿Qué sabemos?, ¿qué nos falta?”, Revista Mexi-
cana de Investigación Educativa, año 5, núm. 10, 2000, pp. 377-386. Para una exposición deta-
llada del modelo académico-laboral de la UAM véase Eduardo Ibarra Colado, “La Universidad
Autónoma Metropolitana y los límites de la modernización. Análisis de las significaciones de
una experiencia institucional aparentemente exitosa (1974-1992)”, en E. Ibarra Colado (coord.),
La universidad ante el espejo de la excelencia. En juegos organizacionales, México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1993, pp. 243-348. Los resultados paradójicos no se
dejaron esperar.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
582
ción de recursos que evitara tanto la negociación bilateral con los
sindicatos, como los aumentos generalizados que desconocían desem-
peños distintos entre académicos con nombramientos formales equi-
valentes. Bajo este mecanismo, se garantizaría una mayor disciplina
en el trabajo y un control más preciso de sus resultados.
Aunque estos programas fueron operados por cada institución
bajo modalidades y procedimientos distintos, es posible reconocer
algunos rasgos comunes. Entre otros, sobresalen la creación o conso-
lidación de instancias de evaluación (generalmente comisiones dicta-
minadoras) y el diseño de tabuladores cuantitativos que establecían
los parámetros de medida y los productos del trabajo académico,
bajo los cuales se evaluaría el desempeño. Aunque la incorporación a
estos programas era formalmente voluntaria, pocos optaron por
rechazarla, en la medida en que de ella dependería la mejora de los
ingresos económicos en ese momento sumamente deteriorados. Aun-
que el monto de esta remuneración extraordinaria varía ampliamente
en relación con el salario legal devengado, su peso se considera signi-
ficativo al representar, de acuerdo con cálculos cuidadosos, entre 20
y 60 por ciento de los ingresos totales del académico.20
Finalmente, es necesario señalar que estos programas que surgie-
ron inicialmente para enfrentar la drástica caída del salario acadé-
mico, se han convertido en programas permanentes, no tanto por sus
virtudes para propiciar un trabajo de mayor calidad académica sino
por la oportunidad de conducir el trabajo académico que brinda a
autoridades gubernamentales y universitarias. Lo que se había inter-
pretado como una política de choque para remover ciertas inercias y
así posibilitar el reordenamiento del sistema universitario, se ha ins-
tituido como un modo de regulación que se ha profundizado paula-
tinamente al lado de otros programas de evaluación a concurso que
hacen hoy de la educación superior un sistema integral conducido a
partir de criterios de mercado. Nada indica que esta situación se vaya
a modificar en el corto plazo ni que exista la intención de autoridades
gubernamentales y universitarias para negociar un modelo de carrera
20Eduardo Ibarra Colado, La universidad en México hoy…, op. cit., pp. 401-403; Manuel Gil
(coord.), La carrera académica…, op. cit., pp. 47-51.
Regulación del trabajo académico
583
académica distinto que devuelva la estabilidad y la certidumbre que
requiere el trabajo académico de calidad.
Tercera etapa: modelo integral de regulación mediante los números
El SNI y los programas de deshomologación impulsados por el go-
bierno alcanzaron su consolidación a lo largo de los años noventa,
resolviendo en lo inmediato el deterioro del ingreso económico de los
académicos universitarios de tiempo completo. Su operación mostró
las cualidades propias de los mecanismos de regulación basados en el
mercado, al desarticular el tejido social mediante la competencia por
recursos escasos, pero también al ubicar los problemas laborales en
su dimensión estrictamente individual.
La efectividad política de la regulación mediante los números, que
explica en buena medida la permanencia de estos programas, se
encuentra en el creciente control y la indudable disciplina que tales
mecanismos imponen entre distintos agentes sociales. Por ello, ade-
más de los programas de deshomologación ya comentados, la trans-
formación de la educación superior implicó el diseño y la puesta en
marcha de mecanismos similares en otras áreas y espacios.
El último lustro, si bien marca una continuidad con las políticas
instrumentadas a lo largo de los años noventa, avanza definitiva-
mente en la integración de un sistema de evaluación basado en crite-
rios de mercado, que abarca muy diversos espacios de la actividad
universitaria. Además de la regulación del trabajo académico, operan
mecanismos similares para distribuir fondos extraordinarios a con-
curso entre las instituciones, para evaluar y acreditar programas
académicos, para evaluar las actividades de investigación de los
“cuerpos académicos” y para otorgar apoyos económicos en forma de
becas a alumnos de licenciatura y posgrado. En todos estos casos
también operan tecnologías liberales basadas en la evaluación del
desempeño, mostrando el crudo rostro de un régimen basado en el
gobierno mediante los números.
Así, el denominado “gobierno del cambio” ha contribuido a la
“modernización” de la educación superior al edificar una compleja red
de programas de evaluación que van delineando un modelo integral de
regulación del sistema universitario basado en la competencia por
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
584
recursos escasos.21 Recuperando la aguda denominación propuesta
por Luis Porter, se trata de la construcción de la universidad de papel,22
esa que existe más allá de sus prácticas, esa que cobra vida sólo a
partir de sus representaciones concretadas en discursos y textos, y en
infinidad de solicitudes e informes que ahogan al sistema en una
monstruosa montaña de papel y a sus académicos y funcionarios en
interminables tareas de planeación y evaluación que normalmente
permanecen al margen de las acciones cotidianas realizadas en aulas,
cubículos y laboratorios.
De manera más específica, la integración de los programas de eva-
luación se ha realizado ubicando a las instituciones como su nodo
central. Bajo una versión peculiar de la planeación estratégica y su
popular, aunque ya muy cuestionado análisis FODA (fortalezas-opor-
tunidades/debilidades-amenazas),23 expresión de dicha tendencia
hacia la empresarialización de la universidad,24 este esfuerzo de inte-
gración ha permanecido en el mundo de los discursos, las siglas y la
retórica. No cabe duda de que se ha introducido un nuevo lenguaje en
el que los funcionarios se regodean entre misiones, estrategias, obje-
tivos, metas e indicadores, aunque se confundan también al navegar
sin rumbo fijo en ese mar de siglas “pifis, pifops, promeps, penepes y
pronabes”. No podemos dudar de que se han modificado las prácticas
de los funcionarios universitarios y de las oficinas administrativas
que los resguardan, pues ellos deben inventar una realidad que oculte
las prácticas que realmente operan.
21No podemos dejar de mencionar el papel esencial que en este proceso ha jugado el subse-
cretario de Educación Superior de la SEP, Julio Rubio Oca, que plasmó la arquitectura de este
nuevo modelo en el documento de la ANUIES, La educación superior en el Siglo XXI: líneas estraté-
gicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, México, ANUIES, 2000, 260 pp. Habiendo practi-
cado él mismo algunas de sus ideas y propuestas al fungir como rector de la UAM y, poco des-
pués, como secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rubio Oca concretó en el sexenio foxista la
estructura de coordinación del sistema nacional de educación superior basada en criterios de
mercado, marcando así una nueva época para la universidad mexicana. La complejidad de este
edificio nacional es de tal envergadura que se resistirá por mucho tiempo antes de que pueda
ser desmontado para dar lugar a modos de regulación que operen bajo criterios distintos.
22Luis Porter Galetar, La universidad de papel: ensayos sobre la educación en México, México,
CEIICH-UNAM, 2003, 245 pp.
23Henry Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning, Nueva York, Free Press, 1994,
458 pp.
24Eduardo Ibarra Colado, “Origen de la empresarialización de la universidad: el pasado de
la gestión de los negocios en el presente del manejo de la universidad”, Revista de la Educación
Superior, vol. XXXIV, núm. 2, 2005, pp. 13-37. http://www.anuies.mx/principal/servicios/
publicaciones/revsup/134/02.html
Regulación del trabajo académico
585
De esta manera se consolidaron las bases de lo que sería la coor-
dinación de la educación superior, a partir de una universidad escin-
dida en la que se impone la verdad oficialmente declarada, con inde-
pendencia de las prácticas y acciones que realmente desempeñan
sus comunidades. Se trata de la universidad que fomenta la planea-
ción y la evaluación institucional; las estrategias y metas conjuntas;
la vinculación de sus programas tanto a su interior como con otras
instituciones del sistema; la acreditación de sus programas docentes
de licenciatura y posgrado; la formación y consolidación de sus
cuerpos académicos. Todo ello convenientemente documentado para
evaluar y diferenciar, y para contar con un mecanismo de asigna-
ción de recursos que, desde su arbitrariedad, se proyecte como legí-
timo. Mientras tanto, la otra universidad continúa con sus labores
cotidianas entre los rumores y murmullos que se desprenden de la
derrama de los dineros.
Las piezas aún separadas de este modelo se comenzaron a articular
a través del diseño y operación, a partir de 2001, del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que alberga una serie de progra-
mas, algunos como resultado de adecuaciones a iniciativas preexisten-
tes, como el Fondo para Modernizar la Educación Superior (Fomes) o el
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), y otros de más
reciente creación, como el Programa Integral de Fortalecimiento del
Posgrado (Pifop) y el Padrón Nacional de Posgrado (PNP).25
En su conjunto, la elaboración del PIFI se ha centrado en la produc-
ción de planes de desarrollo institucional que exigen incorporar la
evaluación de los académicos a través del Promep. Este programa
tiene como objetivo, al igual que todos los programas asociados al
PIFI, “promover la educación superior de buena calidad”. Para lograrlo,
contempla cuatro tipos de apoyos:
1. otorga becas a profesores de tiempo completo para que realicen estu-
dios de posgrado;
25Para un análisis detallado de la operación del PIFI, véase Luis Porter, “La planeación de la
autoridad. La planeación de la libertad”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, año 9,
núm. 22, 2004, pp. 585-618. .comie.org.mx/rmie/num22/01Porter-22.pdf>.
Véase también Romulado López Zárate y Miguel Ángel Casillas, “El PIFI. Notas sobre su diseño
e instrumentación”, en Ángel Díaz Barriga y Javier Mendoza Rojas (coords.), Educación Superior
y Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, ANUIES, 2005, pp. 37-74.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
586
2. a los profesores que acreditan poseer el “perfil deseable” los provee de
elementos básicos para realizar su trabajo académico;26
3. apoya la formación y consolidación de los “cuerpos académicos”, y
4. apoya a las instituciones con plazas nuevas para el ingreso de profe-
sores de tiempo completo.
En una reafirmación tácita de los postulados del conductismo uti-
litarista skinneriano, las instituciones y sus académicos han sabido
adaptarse bien a las demandas de los nuevos programas. Según datos
del Promep entre 1998 y 2004 se otorgaron 5,223 becas para estudios
de posgrado, distribuidas entre 51 instituciones de educación supe-
rior. Además, durante 2004 se registraron 6,864 académicos con
perfil deseable vigente en 49 instituciones. También se han ofrecido
apoyos para la integración de nuevos profesores de tiempo completo
en 48 instituciones, con 2,349 apoyos.27
La novedad que apreciamos en esta etapa de integración se encuen-
tra en la formación, muchas veces por decreto, de los denominados
“cuerpos académicos”, pues se trata de impulsar la creación y conso-
lidación de grupos de investigación para revertir la tendencia hacia el
trabajo individualista que propiciaron los programas de deshomolo-
gación salarial durante la década de los noventa. Sin embargo, para-
dójicamente, la evaluación de los cuerpos académicos se sustenta en
principio en el reconocimiento de las trayectorias individuales de sus
integrantes, y sólo en un segundo momento, en las posibles vincula-
ciones que muestren a través de trabajos conjuntos y de la formación
de redes de intercambio y colaboración. Bajo estos criterios, se recono-
cerá a los cuerpos académicos como cuerpos en formación, en proceso
de consolidación o consolidados, asignando en cada caso bolsas dife-
renciadas de recursos a concurso para apoyar sus actividades.
26El “perfil deseable” corresponde a profesores de tiempo completo que cuenten con estu-
dios concluidos de posgrado, preferentemente de doctorado, y que muestren haber desarrollado
equilibradamente actividades de docencia, de generación o aplicación innovadora del conoci-
miento, de tutoría, y de gestión académica individual o grupal. Quienes acreditan tal perfil son
recompensados con una suma de dinero –30,000 o 40,000 pesos por una sola ocasión– para la
adquisición de equipo de cómputo y otros implementos de trabajo. Véase SEP, “Reglas de Opera-
ción e Indicadores del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep)”, Diario Oficial de
la Federación, tercera sección, México, 6 de abril de 2005.
27Promep, Estadísticas al 31 de diciembre de 2004, edición electrónica. Consulta realizada el
25 de febrero de 2006 en http://promep.sep.gob.mx/estadisticas
Regulación del trabajo académico
587
En suma, la tercera etapa ha permitido la consolidación de un
modelo integral de regulación mediante los números al que práctica-
mente nada escapa. El PIFI se ha constituido como paradigma en la
medida en que de éste depende la dotación de recursos extraordinarios
que de otra manera no se obtendrían. Hoy se anudan los últimos hilos
de una densa red de programas de evaluación a concurso que se des-
pliega a lo largo y ancho del sistema de educación superior, para
atrapar a las instituciones y sus comunidades y encerrarlas en la jaula
de hierro de la evaluación. Para sobrevivir en su encierro, las univer-
sidades públicas y sus académicos deberán cumplir con puntualidad
y pulcritud con sus lineamientos y requisitos.
Ejes problemáticos de la deshomologación:
valoración de conjunto
La política de deshomologación salarial, como parte de un modo de
regulación basado en el mercado que abarca ya cada uno de los espa-
cios de la educación superior, ha conducido a los académicos a una
encrucijada, pues ahora pueden obtener una mejor remuneración y
mayores presupuestos para realizar su trabajo, pero al costo de en-
frentar condiciones que obstaculizan una labor trascendente y rele-
vante en el largo plazo. La competencia por recursos escasos ha fo-
mentado el oportunismo, la simulación y la corrupción académica; la
existencia de bolsas asignadas de recursos y de plazos fatales para su
ejercicio, ha implicado en muchas ocasiones dispendio, compras de
pánico y desperdicio.28
Lo que esta situación perfila es ese carácter agridulce en el que, a
cada efecto positivo que se detecta, le sigue irremediablemente su
contraparte. Se trata de una relación de doble vínculo en la que cada
acierto es acompañado por una nueva dificultad. Así, la política de
deshomologación salarial y el modo de regulación que la sustenta
supone, cuando menos, cinco grandes ejes problemáticos que es nece-
sario debatir. Establezcamos sus términos en gruesas pinceladas.
28Eduardo Ibarra Colado, “Academic Profession under an «Entrepreneurialized» University
Regime: Institutionalization of improper Practices and its Representation as «Ethical»”, en
Michael Muetzelfeldt (ed.), Performing Organization, Melbourne, APROS, 2005, pp. 828-842.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
588
1. Recuperación de los niveles de remuneración del trabajo acadé-
mico, pero bajo condiciones de in estabili dad laboral e inseguridad
social antes inimaginadas. Bajo el nuevo modo de regulación se eli-
minó, en los hechos, la negociación bilateral de las condiciones de
remuneración y trabajo del personal académico, lo que se ha tradu-
cido en la desarticulación del tejido social al fomentar el individua-
lismo y la atomización académica. En adelante, cada académico
deberá resolver su situación particular con los recursos que tenga a
su alcance. Su vulnerabilidad resulta incuestionable. El salario perdió
relevancia al representar una parte menor de los ingresos del acadé-
mico, lo que determinó su alejamiento paulatino pero definitivo de la
instancia sindical. Además, una parte significativa de sus ingresos
depende de la evaluación, por lo que puede perderlos en cualquier
momento, debido a una eventual baja de su productividad, aun
cuando ésta se explique por problemas de enfermedad, maternidad o
envejecimiento. Asimismo, los programas pueden ser cancelados a
discreción por la institución y sus montos pueden ser modificados en
función de la disponibilidad de recursos. Finalmente, los montos
otorgados a través de los programas de deshomologación no se refle-
jan positivamente en el retiro y la pensión al no ser considerados
legalmente como salario.
2. Remoción de obstáculos que impedían el cambio del sistema univer-
sitario, pero al costo de perpetuar un modelo que se consideraba de tran-
sición y que se ha vuelto permanente. La política de deshomologación
salarial funcionó inicialmente como un mecanismo eficaz para remo-
ver inercias y obstáculos que dificultaban la reforma del sistema uni-
versitario; se trataba de una política de choque que, cumplidos sus
propósitos iniciales, debió ser sustituida por un programa perma-
nente de desarrollo de la carrera académica. En lugar de efectuar este
tránsito obligado, la política de deshomologación salarial se ha perpe-
tuado debido a las ventajas que ofrece a autoridades gubernamentales
y universitarias en términos de control y disciplina. El costo ha sido,
sin embargo, la producción de nuevas inercias que anulan, bajo los
dictados de la evaluación y el dinero, la iniciativa, la creatividad y la
relevancia social y científica del trabajo académico. Al estar en juego
recursos económicos importantes, se puede anticipar que cualquier
Regulación del trabajo académico
589
iniciativa de modificación del modo de regulación que hoy opera,
enfrentará resistencia y fuertes conflictos.
3. Profesionalización del trabajo académico, pero bajo un modelo que
desatiende crecientemente los problemas y necesidades del país. La política
de deshomologación salarial, al lado de los programas de formación y
actualización del profesorado, han impulsado la reinvención de la iden-
tidad de los académicos mexicanos, al proyectar el modelo anglosajón
del publish or perish (publicar o perecer) como su referente básico. Este
modelo favorece comportamientos que se relacionan más con el cum-
plimiento de las normas e indicadores que garantizan una “carrera
académica exitosa”, que con la atención de las finalidades sustantivas
del trabajo académico. Así, se fomenta la productividad desmedida y de
corto plazo, y con ella el refrito, la maquila, el plagio y la simulación.
De esta manera se desplazan los proyectos de largo aliento y se propicia
la atrofia paulatina de la capacidad crítica y reflexiva del investigador.
Se entiende, por tanto, que el imperativo de publicar o perecer no ha
dejado tiempo suficiente para el estudio, la lectura y la maduración de
las ideas, contribuyendo así a la fabricación de ese académico dócil que,
dominado por la pereza mental, ya poco se cuestiona acerca de los pro-
blemas relevantes de su realidad y su disciplina.
4. Evaluación del trabajo académico, pero bajo un modelo sumativo
que desconoce su naturaleza, contenido y organización. Se trata más bien
de un sistema de certificación burocratizada que no es capaz de valo-
rar, entre otros aspectos, las trayectorias académicas de largo plazo, el
impacto real de los productos del trabajo académico, la relevancia
social de los proyectos desarrollados y la naturaleza colectiva de la
producción académica. En su lugar, este modelo de evaluación privile-
gia la contabilidad de los productos y la aplicación de los indicadores
que supuestamente garantizan su calidad, como el tipo de revista en
la que se publica o el número de citas recibidas. En suma, se impone la
cantidad sobre la calidad, favoreciendo indirectamente la integración
de camarillas que se apropian de los espacios de evaluación para pro-
teger sus intereses de grupo. Además, un modelo como éste, que se
basa en el registro, la certificación y la cultura del papel, supone un
crecimiento acelerado de la burocracia, que deberá procesar miles de
expedientes bajo costos ocultos hasta ahora no cuantificados.
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
590
5. Diferenciación con base en el desempeño, pero al costo de una indi-
ferenciación provocada por el abuso y la impunidad. Lo que en un prin-
cipio se estableció como un mecanismo eficaz para diferenciar a aca-
démicos que ganaban lo mismo por trabajos muy distintos –algunos
se dedicaban con empeño a sus labores mientras que otros las reali-
zaban bajo el mandato del menor esfuerzo–, pronto se tradujo en
grosera indiferenciación. Al no contar con una comunidad acadé-
mica madura que condujera el proceso bajo premisas éticas colecti-
vamente construidas y consensuadas, el modelo naufragó mostrando
su incapacidad para detectar y contener el abuso y la mentira. La
evaluación de pares ha sido en realidad de impares, y las recompensas
han ido a parar a los bolsillos de académicos mediocres que pronto
comprendieron la lógica del funcionamiento del sistema, volvién-
dose diestros expertos de la certificación, la simulación y el engaño.
Lo peor no fue que hayan obtenido inmerecidos estímulos econó-
micos, sino que lograron escalar en la pirámide del prestigio aca-
démico hoy totalmente desvirtuada. En suma, contrario a la indi-
ferenciación económica de ayer, hoy se confronta una nueva
indiferenciación más perversa, pues destruyó los códigos simbóli-
cos a partir de los cuales se distinguía en el pasado a un académico
íntegro y sobresaliente.
Cada uno de estos ejes problemáticos muestra un ángulo distinto
de los efectos de la política de deshomologación salarial, que se ha
constituido como soporte fundamental de un nuevo modo de regula-
ción del trabajo académico orientado por criterios de mercado. Como
hemos podido apreciar, la operación de los programas de remunera-
ción extraordinaria a concurso basados en la competencia por recur-
sos escasos ha transformado la realidad de la carrera académica,
desdibujando la esencia de la naturaleza, el contenido y la organiza-
ción del trabajo académico.
Para enfrentar esta política, reeditada cada sexenio desde hace 15
años, y revertir sus graves distorsiones, es necesario transitar hacia
un nuevo modelo de carrera académica que reconozca las trayectorias
de largo plazo y los proyectos de largo aliento. Ello implica restituir
el lugar que la academia debe tener frente a la administración, como
Regulación del trabajo académico
591
ese componente sustantivo del que deben surgir los proyectos que
permitan apoyar el desarrollo del país y contribuyan a resolver sus
graves problemas.
Al ponderar los costos que ha implicado la regulación basada en
el mercado, queda poco espacio para la duda. Es indispensable avan-
zar hacia un modo de regulación distinto que favorezca el desarrollo
de una carrera académica estable capaz de impulsar la enseñanza
superior de alto nivel y el conocimiento científico tecnológico de
largo aliento que exigen los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.
Desafortunadamente, la tarea no será sencilla y todo parece estar en
contra. Por un lado, las autoridades gubernamentales y universita-
rias se sienten complacidas por la efectividad de un sistema que
supone innegables ventajas debido a su capacidad de control; por el
otro, las comunidades académicas se sienten complacidas por la
generosidad de un sistema que han sabido asimilar y que se ha con-
vertido en un estupendo negocio. Valga este escrito para impulsar un
debate en el que recuperemos la capacidad autocrítica y desafiemos
nuestra comodidad “cortoplacista” para soñar con una universidad
diferente en la que verdaderamente valgan el conocimiento, la inte-
ligencia y la crítica.
ANEXO
Producción académica en torno de las políticas
de deshomologación salarial
de los académicos mexicanos (1989-2006)
1989
IBARRA COLADO, Eduardo (1989), “UAM, ¿casa abierta a la excelencia? I.
Retos de un proyecto inconcluso; II. Investigación y salarios, la
gran contradicción; III. Tabulador por puntos, ¿calidad o canti-
dad?; IV. Estímulos a la docencia y la investigación; y V. ¿La fábula
del burro y la zanahoria?”, Excelsior, Sección Metropolitana, 26 a
30 de diciembre, 1989. (http://estudios-institucionales-uamc.
org/biblioteca/notasper/P002-48903.pdf)
Eduardo Ibarra y Norma Rondero
592
1990
SOTO REYES, Ernesto (1990), “Modernización educativa y salarios en
la educación superior”, El Cotidiano, año 7, núm. 36, pp. 9-18.
1991
FIGUEIRAS TAPIA, Leonardo (coord.) (1991), Calidad, productividad y eva-
luación académica en la UNAM, México, UNAM/AAPAUNAM, 153 pp.
GALÁN GIRAL, María Isabel (1991), “Número temático sobre evalua-
ción del trabajo académico”, Perfiles Educativos, núm. 53-54. Con
artículos de Guillermo Aguilar Sahagún, Roberto Borja, Heriberta
Castaños, María de Ibarrola, Luis de la Peña, Alfredo L. Fernández,
María Isabel Galán, Manuel Gil, Raquel Glazman, Eduardo Ibarra
Colado, Rocío Llerena, Antonio Peña, Mario Rueda y Martha
Raquel Hernández.
LÓPEZ ZÁRATE, Romualdo (1991), “Académicos. El caso de la UAM”, Uni-
versidad Futura, año 3, núm. 8-9, pp. 106-118.
1992
DE IBARROLA, María (1992), “México: la experiencia de homologar y
deshomologar las remuneraciones al trabajo académico”, Inter-
ciencia, vol. 17, núm. 6, pp. 348-353.
KROTZ, Esteban (comp.) (1992), La problemática de la evaluación aca-
démica, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 117 pp.
1993
BUENO RODRÍGUEZ, Luis (1993), “Deshomologación salarial: ¿cuánto
por punto?”, El Cotidiano, año 9, núm. 55, pp. 91-98.
DIDOU AUPETIT, Sylvie (1993), Balance de la política de revaloración de
la carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana
1989-1993, informe interno, México, UAM, 352 pp.
GIL ANTÓN, Manuel (1993), “Académicos: ¿es el salario el único pro-
blema?”, en Grupo Parlamentario del PRD (comp.), Educación y
reforma constitucional, México, PRD, pp. 281-287.
IBARRA COLADO, Eduardo (1993), “La Universidad Autónoma Metro-
politana y los límites de la modernización. Análisis de las signifi-
caciones de una experiencia institucional aparentemente exitosa
Regulación del trabajo académico
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(1974-1992)”, en E. Ibarra Colado (coord.), La universidad ante el
espejo de la excelencia. En juegos organizacionales, México, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, pp. 243-348.
(1993), “El futuro de la universidad en México. Los resortes
de la diferenciación”, El Cotidiano, año 9, núm. 55, pp. 68-77.
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académico”, Boletín de la Academia de Investigación Científica, año
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1994
ABOITES, Hugo (1994), “Veinte años de historia de la carrera profesio-
nal para académicos y administrativos: el caso UAM”, El Cotidiano,
año 10, núm. 66, pp. 14-26.
CASILLAS, Miguel Ángel (1994), “La huelga del Situam y la carrera
académica: una propuesta de discusión”, El Cotidiano, año 10,
núm. 66, pp. 27-31.
IBARRA COLADO, Eduardo (1994), “La reforma pendiente: de la desho-
mologación salarial a la carrera académica”, El Cotidiano, año 10,
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1996
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al rendimiento académico) en la comunidad de investigadores. Un
estudio en la UNAM”, Revista Mexicana de Investigación Educativa,
vol. 1, núm. 2, pp. 408-423. (http://www.comie.org.mx/rmie/
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ORNELAS, Carlos (1996), “Evaluación y conflicto en las universidades
públicas mexicanas”, Reforma y Utopía, año 8, núm. 15, pp. 5-34.
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Eduardo Ibarra y Norma Rondero
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DÍAZ BARRIGA, Ángel (1997), “La comunidad académica de la UNAM
ante los programas de estímulos al rendimiento”, en A. Díaz
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