La reforma de la justicia como presupuesto para los derechos humanos y el desarrollo económico, en atención especial a la justicia penal
| Autor | Sergio J. Cuarezma Terán/Lea Marina Meza Córdoba |
| Cargo | Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua/Becaria de la Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) |
| Páginas | 7-22 |
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En los últimos años Centroamérica, y en particular, Nicaragua, ha experimentado cambios sustanciales y positivos como, por ejemplo, el paso de la guerra a la paz, y la decisión formal de construir sistemas de vida político sobre la base de los principios básicos de la democracia, la paz, la libertad, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, a pesar de grandes limitaciones económicas. Esta decisión que ha tomado la región hace imprescindible el continuar trabajando en la dirección del fortalecimiento institucional, el reconocimiento, la promoción y defensa de los derechos humanos y el fomento de la gobernanza. Para ello además, debe tenerse en consideración las transformaciones que ha experimentado el mundo que obliga a la región a su integración para afrontar estos retos.
Así, los pueblos del istmo han optado con determinación por un nuevo orden construido en torno a la no confrontación, cuyo objetivo final es alcanzar la democracia con desarrollo social y justicia para el mayor número de personas. Este contexto, generado en 1990, creó ciertas condiciones que podrían desembocar en el surgimiento de una cultura política regional que tiene como principales rasgos característicos la pacificación, la democratización, la transformación de instituciones democráticas, todo esto dentro de una visión de integración regional. La participación de la sociedad organizada en la región juega un rol estratégico y fundamental en el proceso de transformación del Estado, en la creación, promoción y gestión de las políticas públicas y el diseño del sistema de vida político, ya que a través de ella se canaliza el interés en la construcción de una sociedad democrática y la reconstrucción del Estado para promover y mejorar la participación de la misma, es decir la gestión en los intereses colectivos desde el marco de la ciudadanía.
No obstante, y a pesar de todo este esfuerzo, no se han superado las contradicciones económicas y sociales, la pobreza ha aumentado, la iniquidad y la violencia social no han desaparecido, aunque siempre se explicaron como un producto de la ausencia de regímenes democráticos. También, y con gran preocupación, hay que advertir que algunas de las características de los gobiernos del pasado no han desaparecido, aunque no existen dictaduras ni regímenes militares, en la región se destaca una fragilidad y el incumplimiento sistémico del Estado de derecho, la interrupción de regímenes constitucionales, fraudes en los procesos electorales, persecución política, tendencia a la exclusión de las personas en la actividad pública, el desmantelamiento de la sociedad civil, y el control absoluto de las funciones del Estado por el Poder ejecutivo, suprimiendo la división de poderes que cumple, en un Estado de derecho republicano, la función de pesos y contrapesos, todo esto, originando una desagradable escena de degradación de dicho modelo de Estado en un Estado de policía. En consecuencia, las personas tienen muy poca injerencia en los temas públicos, como que si luego de elegir hubieran delegado a los funcionarios sus derechos políticos, lo que hace que las grandes mayorías queden de nuevo excluidas de la esfera del poder y de los espacios de tomas de decisiones, contrario a la idea de participación democrática, con la cual se dieron los primeros pasos a la democratización de la región, y de Nicaragua.
En este proceso de marchas y contramarchas, la región, y Nicaragua, debe concentrar su energía de forma estratégica en promover el aseguramiento de las condiciones básicas de vida para el ciudadano (seguridad humana), la erradicación de la pobreza, fortalecer el desarrollo participativo, propiciar la creación de espacios de democratización, el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de las personas y la creación del Estado de Derecho y sus principios: supremacía de la ley, legalidad administrativa, jerarquía norma-
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tiva, separación de poderes, tutela de los derechos humanos y control constitucional. Los esfuerzos dirigidos hacia la creación y fortalecimiento de las condiciones para el respecto de estos principios del Estado de derecho significarían el cimiento para lograr un desarrollo integral, ya que éstos permitirían ofrecer condiciones para la gobernanza y la estabilidad en el proceso democrático que actualmente vive la región, y Nicaragua. En aspectos concretos, igualmente implica generar la confianza para la inversión privada como actor importante en el fortalecimiento económico de los países de la región.
En esta línea de pensamiento, la promoción del Estado de Derecho constitucional permite a los sectores menos favorecidos o vulnerables la reivindicación y defensa de sus derechos y libertades con la promoción de la seguridad jurídica, producto de la garantía de la independencia de la justicia y la no concentración del poder. Por tanto, se deben aunar esfuerzos para identificar y aplicar para las próximas décadas una estrategia para fortalecer y profundizar el proceso de construcción o transformación del Estado de derecho, la participación ciudadana y los espacios para el diálogo democrático de carácter real y horizontal, y no formal y vertical.
La solidez de las instituciones de justicia y del Estado de Derecho, en cualquier país, constituyen la base del buen funcionamiento de las instituciones políticas y de los procedimientos democráticos. Hay un vínculo axiológico y práctico entre la calidad del Estado de Derecho y la estabilidad política y el desarrollo económico y social de la sociedad. Esta correlación de las sociedades y una creciente expectativa que se vincula con estándares de mayor acceso a los sistemas de justicia y de resolución de conflictos, es un derecho a la satisfacción de expectativas de derechos y garantías de la población. Hoy día, el desarrollo debe sustentarse en mayores niveles de equidad y de acceso de todas las personas a las oportunidades. Estas condiciones de equidad, participación y seguridad, suponen la existencia de instituciones públicas fuertes, ágiles, transparentes y eficaces, especialmente de la justicia, pero una independencia e imparcial, un arbitro que pueda hacer respetar las reglas (previas) del juego democrático.
En este sentido, la justicia (y su reforma) viene ocupando, aunque con lentitud, un plano importante dentro de los temas políticos e institucionales de la región. La razón de ello es evidente, la región no había enfrentado con la profundidad requerida y, por tanto, el tratamiento debido a la cuestión de la justicia, la cual ha evolucionado muy lentamente en el último siglo. Para el profesor Ramón de la Cruz Ochoa: "la desigualdad entre desarrollo económico y político, incluso institucional con la organización de la Justicia ha contribuido al agotamiento y deterioro de las estructuras y procedimientos judiciales, y a la llamada "crisis" de la que tanto se habló en la postrimería del siglo XX".3
Esta crisis de la justicia y su reforma se manifestó en un proceso mundial de cambios y transformaciones de los sistemas políticos, por ejemplo, el desmantelamiento de los regímenes socialistas, la aparición de un nuevo orden político y el nacimiento de la globalización, en la cual, la economía y las finanzas ocupan una atención singular. Estos cambios obligaron
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que el tema de la justicia, pasara a considerarse no "sólo factor de desarrollo", sino "destinada a impulsar el desarrollo". Así, la justicia, y particularmente la penal, que en su inicio postulaba como fundamento para su reforma la promoción y la tutela de los derechos humanos, comienza a verse en estrecha relación con el desarrollo económico (justicia y economía), como un presupuesto para en la seguridad de las inversiones económicas, financieras y empresariales, y por tanto, asegurar las grandes inversiones extranjeras directas en la región. La justicia y su importancia, pasa pues, de un interés "local" a un interés "regional", y, su funda-mentación del plano de los "derechos humanos", al plano predominantemente "económico".
En el contexto de este proceso complejo de reforma de la justicia, "no debe sorprendernos que las reformas económicas, estructurales que se vienen llevando a cabo en muchos países en desarrollo impulsan a los de la región a abordar la reforma de la justicia como complemento necesario a la reforma económica y no como en lo que en realidad debe ser, un camino para el mejoramiento del Estado de Derecho y de la democracia y de mayor respeto para los derechos humanos", como expresa Ramón de la Cruz Ochoa4 Lo cierto es que ambas categorías merecen tutelas, los derechos humanos y la seguridad de las inversiones, cada cual con sus matices, la primera, por ser fundamento vital del Estado de Derecho, y la segunda, para la promoción de las inversiones y el consecuente desarrollo económico de la región. Hay un acuerdo común respecto a que el proceso de liberación económica que vive la región, y Nicaragua, plantea relevantes exigencias de reformas legales e institucionales, encaminadas a asentar estratégicamente esos procesos y, a la vez, para hacer frente a las múltiples desigualdades sociales heredadas y provocadas por modelos económicos desprovistos de un perfil humanístico en su esencia de funcionamiento. Para De la Cruz Ochoa,5 "la reforma de los sistemas de justicia ha sido estimulada en gran medida por actores internacionales económicos, países...
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