Rectoría Económica
| Autor | Carlos Sánchez Lara T. |
| Cargo | Director Adjunto Instituto Mexicano de Estrategias S.C. |
| Páginas | 1-3 |
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) -organismo púbico autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal- dio a conocer a finales de agosto pasado su infome sobre la evolución de la pobreza en México entre 2010 y 2016.
Dicho estudio arrojó como principal conclusión la siguiente: “La información que se presenta el día de hoy refleja resultados mixtos. Por un lado, una reducción de las carencias sociales en prácticamente todo el periodo 2010-2014, así como un incremento del ingreso real entre 2014 y 2016. Estos datos se reflejan en una disminución constante de la pobreza extrema entre 2010 y 2016. Por otro lado, se observa que a pesar de la reducción de la pobreza entre 2014 y 2016 y de contar en 2016 con el porcentaje más bajo del periodo, el número de personas en pobreza creció entre 2010 y 2016.”
En pocos números, esto significa una disminución relativa de dos y medio puntos porcentuales (46.1% a 43.6%) pero una elevación absoluta de 600 mil mexicanos en el número de pobres (de 52.8 millones de personas a 53.4 millones).
En dos palabras, esto significa mayor desigualdad.
Para el Coneval, pues, “aún existen retos en el combate a la pobreza: lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido; propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales; abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población; así como reducir la inflación a niveles previos a los de 2017, pues una inflación alta durante 2017 podría revertir el incremento del ingreso que se observó entre 2014 y 2016.”
Pradójicamente, no es posible dejar de advertir en este sentido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en el primer párrafo de su artículo 25 que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…”
Ante esta evidente falencia, los actuales momentos de acción preelectoral debieran ser aprovechados por la llamada sociedad civil para que, organizada y utilizando todos los medios legales y legítimos a su alcance, exija al Estado mexicano -y no únicamente al gobierno federal, con el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba