Rectoría económica
| Autor | Instituto Mexicano de Estrategia |
| Páginas | 977-983 |
(Artículos 25, 27, 28 y 131 constitucionales)
Concepto
Según Luis Dantón Rodríguez "Mediante la función rectora el poder público se obliga a conducir el desarrollo nacional, garantizando que éste sea equilibrado, integral y socialmente justo a fin de crear las condiciones que aseguren la auténtica dignidad de las personas. Estos propósitos se orientan al permanente fortalecimiento de la soberanía de la nación, del carácter democrático del régimen, de una mayor justicia socioeconómica a través del crecimiento de la economía y el aumento de las oportunidades de empleo, junto con el acrecentamiento de sus derechos, así como el ejercicio pleno de todas las libertades en correspondencia con la densidad social y cultural alcanzada por los grupos que integran la población mexicana."[0]
La rectoría económica tiene dos grandes momentos: primero, el que se plasma en el texto original de la Carta Magna de 1917, al conceder al Estado poderes activos en materia económica, cuyo ejercicio difícilmente encuadra con el abstencionismo tradicional y que se manifestó en la precisión de definiciones constitucionales sobre la dirección de los procesos económicos por parte del Estado a partir del régimen de propiedad originaria de la nación, la reforma agraria surgida de la revolución de 1910 y los derechos sociales incorporados al propio texto constitucional.
El segundo momento se da en 1983 cuando el Ejecutivo Federal propone la revisión de las crecientes facultades que se fueron dando al Estado en el curso de casi 7 décadas, como consecuencia de un modelo de proteccionismo industrial y baja competitividad, en el que las fuerzas productivas del mercado y los grupos empresariales no lograban consolidarse, por lo que el Estado debió complementar la oferta nacional de bienes y servicios y atender las necesidades no cubiertas mediante una cantidad creciente de entidades paraestatales.
En esta reordenación de funciones los principios liberales e intervencionistas se entrelazan, concediendo al Estado atribuciones para garantizar los derechos humanos y las exigencias de la sociedad, sin perjuicio del orden público. Para ello, se reafirma el predominio del interés social sobre el régimen de propiedad y la búsqueda de la libre competencia, a través de las facultades siguientes:
* La planeación en sus dos vertientes, la inducida para la iniciativa privada y la obligatoria para el sector público.
* El desarrollo integral del campo y una mejor justicia agraria.
* La disuasión de las prácticas monopólicas y el fomento de la competitividad.
* Una clara definición de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
* La introducción del concepto de actividades prioritarias.
* La obligación de precisar la función concreta que debe ejercer cada entidad paraestatal.
* Reafirmación de papel promotor del desarrollo que debe cumplir el comercio exterior.
* La implementación de una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.
Antecedentes
El liberalismo económico, como teoría y práctica, fue generando profundas desigualdades y desajustes en las estructuras sociales. La declaración de los derechos del hombre, al proclamar la libertad e igualdad de todos frente al derecho no consideró las graves diferencias de orden económico que se generarían dentro del...
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