Reacción eclesial a la primera reforma liberal
| Autor | Marta Eugenia García Ugarte |
| Páginas | 187-264 |
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En 1833, a dos años de haber sido nombrados, los obispos enfrentaron las
decisiones del grupo político republicano federalista y liberal que buscaba trans-
formar radicalmente la sociedad mexicana. La reforma propuesta planteaba
construir un Estado cuya soberanía no le fuera disputada por ninguna corpo-
ración política nacional o internacional. Pretendía formar ciudadanos con espí-
ritu crítico y racional, libres del fundamentalismo religioso. En este contexto,
el proyecto educativo era prioritario a fin de quitar al clero el dominio de las
conciencias, como había dicho José María Luis Mora. L os propósitos se en-
frentaban a los intereses de las dos corporaciones más fuertes en el país: el
ejército y la Iglesia. Profundo malestar social causó que se retomara el plan-
teamiento que había hecho el Senado en 1827: la nación podía ejercer el pa-
tronato, sin autorización de Roma. El gobierno, en uso de ese patronato nacio-
nal, podía y debería nombrar los individuos que considerara más idóneos para
ocupar la posición más importante de la Iglesia, desde una perspectiva social:
las parroquias.
Sin duda, la abolición del fuero militar y la formación de las milicias cívi-
cas como alternativa, generaron la oposición militar que derrocó al gobierno.
La reforma de 1833 no consideró eliminar los fueros y privilegios del clero.
Tampoco tomó medida alguna sobre las propiedades eclesiásticas. El rechazo
de los cabildos eclesiásticos de Guadalajara, Michoacán, Puebla y México a la
ley agraria publicada por el Congreso de Zacatecas el 17 de diciembre de 1829,
porque tenía propósitos desamortizadores, había mostrado que el momento no
era el más propicio. Tampoco declararon la tolerancia religiosa ni la libertad
de conciencia. El proyecto del patronato nacional y de la reforma educativa
eran suficientemente revolucionarios para despertar la reacción airada de los
obispos y los cabildos en sede vacante. Por eso limitaron sus reformas a lo que
consideraban más urgente y necesario para ir construyendo la nación que so-
ñaban, si los dejaban.
CAPÍ TULO I I
Reacción eclesial a la primera reforma liberal
100 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
El hecho de que no se publicara un decreto desamortizando los bienes de la
Iglesia, medidas que se tomaran hasta el triunfo del Plan de Ayutla, no significa
que no se hubiera pensado y reflexionado en su necesidad. Dos proyectos habían
sido discutidos en Zacatecas. El primero fue el proyecto de ley agraria de 1829
y el segundo se integró con la reflexión sobre la propiedad del clero, presentada
por el doctor José María Luis Mora al Congreso de Zacatecas en 1831.
El primer proyecto de reforma liberal fue sostenido por una minoría, que
estaba integrada básicamente por los republicanos federalistas, dirigidos desde
Zacatecas, en donde el gobernador había dado refugio a algunos de ellos, los más
conspicuos: José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Entre ellos también
figuraba Miguel Ramos Arizpe y la serie de individuos que integraron el Con-
greso. Se trataba de los proyectos y los hombres que venían pugnando por el
establecimiento de la democracia y el sistema liberal desde la independencia.
Los obispos mexicanos, como lo esperaba el grupo federalista-liberal, resis-
tieron y combatieron las medidas reformistas. En particular, combatieron la
decisión de establecer el patronato nacional sin consultar a Roma. Tres razo-
nes fundamentaban su negativa:
La primera porque significaba la intromisión del poder público en la vida
y disciplina interna de la Iglesia. Los decretos atropellaban los derechos de los
pastores a nombrar los individuos que ellos consideraran más adecuados para
dirigir las parroquias y ocupar los puestos en los cabildos. Con el patronato
nacional, la Iglesia mejicana perdía libertad y quedaba supeditada a los inte-
reses de los gobernantes en turno y los obispos perdían autoridad frente al
clero, párrocos, canónicos y religiosos.
La segunda razón era que el desconocimiento de la primacía del pontífice
significaba en la práctica una ruptura con Roma, un cisma. Los obispos, fede-
ralistas como el gobierno, al menos los obispos de Michoacán, Puebla y Gua-
dalajara, las diócesis más importantes del país, estaban satisfechos con la li-
bertad que les daba la distancia con Roma. Por eso defendían una autonomía
relativa del Pontífice. Pero no deseaban independizarse y convertirse en una
Iglesia nacional sujeta a los vaivenes propios de las administraciones políticas
de estos años. Esa alternativa eliminaba la posibilidad de usar a Roma como
contrapeso a las demandas del gobierno, como empezarían a hacerlo desde este
año 1833. Defendían la libertad de la Iglesia mejicana, pero no al extremo de
convertirse en cismáticos. Por más, como dijera Portugal, que la construcción
de una Iglesia nacional, independiente de Roma, como era el caso de la angli-
cana, fortalecía la soberanía nacional.
La tercera proviene de su propio carácter eclesiástico que les hacía valorar
lo devenido de Roma como algo valioso. Pero esa valoración no los plegaba a
REACCIÓN ECLESIAL A LA PRIMERA REFORMA LIBERAL ––––– 101
los usos y costumbres romanas. Se trataba de hombres de Iglesia, conscientes
de su importancia, no sólo por ser los primeros designados en el país indepen-
diente, sino porque ellos tendrían que formar, como sus colegas políticos, un
proyecto de Iglesia que rescatara los valores propios y una nación que fuera
respetuosa de los derechos y libertades de la Iglesia. De los fundamentos que
pusieran dependía el futuro de la catolicidad.
Otra disposición decretada por los federalistas, la de eliminar la coacción
civil para el pago del diezmo y regresar su cobro y administración a la Iglesia,
tuvo diferente acogida en las diócesis. El más positivo fue el obispo de Mi -
choacán, Juan Cayetano Gómez de Portugal. El más negativo fue el cabildo de
la catedral metropolitana, como gobernador de la diócesis, porque su ordinario
se encontraba en España. Las diferencias en las posturas sostenidas por los
responsables de las diócesis se sustentaban en la práctica pastoral: el cabildo
metropolitano estaba distante de los feligreses, a quienes se les había dado la
libertad de decidir lo que daban a la Iglesia. En cambio, el obispo Portugal se
mantuvo en recorrido constante de su diócesis (me refiero a la visita pastoral)
conociendo a sus feligreses, sus problemas, sus necesidades. Los michoacanos
estaban más dispuestos a sostener a la Iglesia con sus diezmos que los feligre-
ses del arzobispado de México que, a veces, ni con párrocos contaban.
El decreto que quitó la coacción civil para el pago del diezmo, que devolvía
la libertad individual y de conciencia secuestrada por tantos siglos, se convirtió
de inmediato en una medida popular. Algo similar ocurrió con el decreto que
quitó la coacción civil para el cumplimiento de los votos religiosos.
Apenas iniciada la reforma, se puso en marcha la guerra del ejército en
contra del gobierno bajo el lema “religión y fueros”, expresión que hacía pensar
que el clero estaba involucrado. No obstante, las explicaciones de los dos obis-
pos que se volvieron los defensores de los derechos de los pastores y sus igle-
sias, Portugal y Vázquez, reiteraban que no era así. El clero no había interve-
nido para derrocar al primer gobierno liberal reformista, por más que algunos
curas y sacerdotes habían participado, por decisión personal, en la contienda.
Los obispos no estaban a favor de la intervención violenta de los párrocos. Se
trató de eclesiásticos moderados que distinguían que su función era radical-
mente diferente a la de los políticos. No podían intervenir en los asuntos po-
líticos porque, como Mora, defendían la separación del Estado y de la Iglesia,
no en términos formales para no ir en contra de la política pontificia de estos
años, pero sí en cuanto a la independencia que tenían del poder político en lo
referente a la disciplina eclesiástica.
El destierro decretado por Gómez Farías contra varios canónigos, sacerdo-
tes y obispos, indignado porque no se plegaban a los nombramientos de los
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