Ejecutoria num. 1a. CXXIX/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

EmisorPrimera Sala
Número de Resolución1a. CXXIX/2005
LocalizacionJOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación 1 de Junio de 2004

RECURSO DE QUEJA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 328/2001-CC. J.M.G..

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE J.G.P..

SECRETARIO: M.B.L..

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

A continuación procede el estudio de la legitimación del recurrente para hacer valer el presente recurso de queja.

Para una mejor comprensión del asunto conviene referir los siguientes antecedentes:

  1. Por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de septiembre de dos mil uno, R.C.S., presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil uno, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, recaída en el juicio político instruido en contra de M.M.M., J.M.G. y M.d.P.L.F., en la que resolvió destituir a dichas personas de los cargos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de Juez de Primera Instancia, respectivamente. La controversia se admitió a trámite y se le asignó el número 328/2001.

  2. El procedimiento de juicio político que culminó con la resolución combatida consistió en las siguientes etapas: a) De denuncia, la que formularon J.I.S. y Ó.M.I.R., bajo su más estricta responsabilidad, en contra de los citados servidores públicos y que se presentó ante el Congreso Local; b) De procedencia de la denuncia, que consistió en su ratificación por parte de los denunciantes y su remisión a la comisión instructora, en funciones de Comisión de Examen Previo de la Legislatura Local, la que dictaminó su procedencia y decretó la incoación del procedimiento a través del dictamen de valoración previa de catorce de agosto de dos mil; c) De instrucción, ante la Comisión Instructora del Congreso, en la cual se hizo del conocimiento de los servidores públicos la denuncia en su contra y sus garantías de defensa; etapa que comprende el periodo probatorio y los alegatos; d) De conclusiones, en la que la comisión instructora formuló sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento, determinando en primer término que no había lugar a acusar, y posteriormente concluyendo que sí había lugar a proceder en contra de los servidores públicos, al considerar que se encontraba legalmente comprobada la conducta o hecho materia de la denuncia y la existencia de la probable responsabilidad de los encausados, además propuso la sanción que debía imponérseles; dichas conclusiones se remitieron al Pleno del Congreso Local en concepto de acusación; e) De instrucción ante el Pleno del Congreso, el cual erigido en jurado de sentencia celebró una audiencia en la que se dio lectura a una síntesis de las constancias procesales, así como de las conclusiones de la comisión instructora, se concedió el uso de la palabra a la referida comisión, a los servidores públicos y a su defensor; una vez concluidas las anteriores actuaciones, se emplazó a las partes para que presentaran por escrito sus alegatos dentro de los diez días hábiles siguientes; f) De resolución y sanción ante el Pleno de la Legislatura Local erigido en jurado de sentencia, en la cual se citó a la comisión instructora, a los servidores públicos y a su defensor, para que asistieran a una segunda audiencia en la que se dio lectura a las conclusiones formuladas en la primera audiencia y se concedió la palabra a las partes, las que una vez concluido lo anterior se retiraron, para el efecto de que el Pleno discutiera y votara las conclusiones acusatorias, las que fueron aprobadas, procediendo el presidente de la legislatura a hacer la declaratoria correspondiente.

  3. Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil tres, se dictó sentencia en la controversia constitucional, en la que se resolvió, en lo que interesa, que los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Guerrero, en el ámbito de su competencia debían restituir en sus funciones a M.M.M. y a J.M.G., en su función de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; igualmente deberán restituir en su encargo de Juez de Primera Instancia de la entidad a M.d.P.L.F. dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que la ejecutoria les fuera notificada.

  4. Las autoridades vinculadas informaron del cumplimiento dado a la ejecutoria y, por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de enero de dos mil cuatro, se determinó tenerla por cumplida.

Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, en el presente recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia recaída a la controversia constitucional 328/2001, debe tenerse en cuenta que en dicha controversia se reconoció la calidad de actor al Poder Judicial del Estado de Guerrero y la legitimación para actuar en su nombre a R.C.S., presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

En otros términos, en la controversia 328/2001 se reconoció al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero como legitimado para demandar, en nombre del Poder Judicial de esa entidad federativa, la nulidad de un acto del Congreso Local.

En ese tenor, es obvio que la legitimación reconocida en la controversia constitucional de la que deriva este recurso subsiste, y es el presidente de dicho tribunal quien tiene la facultad de representar jurídicamente al Poder Judicial del Estado de Guerrero en las controversias o litigios en que éste fuere parte, entre ellas, este recurso de queja.

En este orden, es claro que el recurrente J.M.G. carece de legitimación en la causa y en el proceso para interponer el presente recurso de queja, pues pretende deducir intereses propios y no los del órgano al que pertenece y al que no representa.

Lo anterior en virtud de que la controversia constitucional y los recursos que de ella derivan no son un medio de defensa instituido para proteger un interés particular como el que persigue dicho recurrente -obtener ciertos emolumentos y prestaciones, así como el de ser adscrito a cierta circunscripción territorial-, sino de la entidad u órgano que inició la contienda, en este caso, el Poder Judicial del Estado de Guerrero, actor en la controversia constitucional 328/2001, mismo que fue legalmente representado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Son aplicables, en lo conducente, los siguientes criterios:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, agosto de 2003

"Tesis: P./J. 38/2003

"Página: 1371

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo 11, primer párrafo, prevé dos maneras para tener por reconocida la representación de quienes promueven a nombre de las partes en materia de controversias constitucionales: la primera, se trata de una representación consignada en la ley, en la que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios facultados por la ley que los rige para representarlos; y, la segunda, se trata de una presunción de la representación, en la que, en todo caso, quien comparezca a juicio cuenta con la capacidad y representación legal para hacerlo, salvo prueba en contrario, de ahí que de acuerdo con el orden de los supuestos referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley o, en caso contrario, podrá entonces presumir dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 27, primer párrafo, 35, fracción I, 113 y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de M., se desprende que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial de esa entidad, en todas aquellas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local; que es atribución de su presidente representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal; y que el presidente de éste lo será también del consejo; sin embargo, no se advierte a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local para acudir ante los órganos jurisdiccionales, por lo que en atención a la segunda hipótesis del primer párrafo del referido artículo 11, se presume que el presidente del Tribunal Superior del Estado de M., al comparecer a juicio tiene representación legal y capacidad para hacerlo, máxime si no existe prueba en contrario que desvirtúe esa circunstancia.

"Controversia constitucional 33/2000. V.M.G.C., Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M., contra el Poder Constituyente Permanente, el Congreso Local y el Gobernador del propio Estado. 18 de marzo de 2003. Once votos. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: P.A.N.M.."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, abril de 2003

"Tesis: 2a. XLVI/2003

"Página: 862

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO. Las entidades políticas que conforman el Estado Federal mexicano (la Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios) necesariamente deben actuar a través de los órganos que las integran, de manera que, salvo disposición constitucional en contrario, la representación de esas entidades para promover un juicio de controversia constitucional debe recaer en los órganos que constitucionalmente están previstos para actuar en su nombre. En ese tenor, cuando se trata de las entidades políticas Federación y Estados, si se atiende a que la soberanía popular se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los Poderes de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dichos poderes son los que, en principio, desarrollan la esfera competencial reservada a las entidades respectivas, es indudable que son esos órganos los que se encuentran legitimados para entablar una controversia constitucional, a través de los servidores públicos a los que la legislación correspondiente les otorgue, a su vez, la facultad para actuar en su nombre; sin embargo, este principio general encuentra su excepción cuando la propia Constitución Federal o, en el caso de las entidades federativas la Constitución Local, confieren a un determinado poder de los que integran la entidad política correspondiente, la representación de ésta para promover una controversia constitucional, pues en esta hipótesis únicamente el respectivo poder u órgano podrá ejercer tal atribución.

"Controversia constitucional 7/99. Poder Ejecutivo Federal. 4 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: G.I.O.M.. Secretarios: M.G.P. y R.C.C.."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, julio de 2001

"Tesis: P./J. 83/2001

"Página: 875

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.?, que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: J. de J.G.P.. Ponente: O.S.C. de G.V.. Secretario: P.A.N.M.."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, septiembre de 1999

"Tesis: P./J. 91/99

"Página: 706

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMOVENTES DEL JUICIO NO LLEVA A SOBRESEER SINO A DECLARAR QUE CARECEN DE ELLA. Esta Suprema Corte ha establecido que la legitimación en la causa es la vinculación que existe entre quien invoca un derecho sustantivo y el derecho mismo que hace valer ante los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido; mientras que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En consecuencia, siendo el sobreseimiento una declaratoria referida a la legitimación en la causa, por cuanto produce el efecto jurídico de dejar sin resolver la acción intentada, tal decisión no puede dirigirse a los servidores públicos que no han justificado la representación con que se ostentan, porque las determinaciones que lleguen a tomarse en la controversia constitucional deberán tener efectos solamente en relación con las entidades demandante y demandadas, mas no pueden alcanzar también a quienes, sin acreditarlo, promueven en nombre de la primera, dado que éstas no tienen un derecho sustantivo propio que deducir y, por tanto, no son parte en el juicio, debiendo declararse que carecen de legitimación procesal.

"Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.. Disidentes: J. de J.G.P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.. Secretario: H.S.C.."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, diciembre de 1998

"Tesis: P. LXXII/98

"Página: 789

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaran entre la Federación y uno o más Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquellas que se pudieren suscitar entre dos o más Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre órganos de gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras, y en su caso, a la Comisión Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurídica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias.

"Solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96. G.H.R. y M.B.F.C. y Diez, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el Gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (impedimento legal M.A.G.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, diciembre de 1998

"Tesis: P. LXXIII/98

"Página: 790

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, serun órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica.

"Solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96. G.H.R. y M.B.F.C. y Diez, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el Gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (impedimento legal M.A.G.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, agosto de 1997

"Tesis: 1a. XV/97

"Página: 468

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.-La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho para ejercer la acción de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario.

"Reclamación 23/97. Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Estado de Chiapas. 23 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: O.M.d.C.S.C. de G.V.. Secretario: O.A.C.Q.."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, febrero de 1996

"Tesis: P. X/96

"Página: 166

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESA ACCIÓN.-El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado estrechamente con el artículo 10 del propio ordenamiento que señala como actor en las controversias constitucionales a la entidad, poder u órgano que la promueva, establece la presunción de que quien comparezca a juicio en su representación goza de tal representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Sin embargo, debe considerarse que tal presunción no opera cuando de la demanda derive que quienes pretenden actuar con tal carácter carecen de legitimación para ejercitar la acción de controversia constitucional al expresarse que el carácter referido lo derivan de actuaciones realizadas al margen de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pues en esa hipótesis debe desecharse la demanda pues al carecer de legitimación no pueden representar a la entidad, poder u órgano que como parte actora puede promover la controversia constitucional.

Reclamación en la controversia constitucional 17/95. Ayuntamiento de Tepoztlán, M.. 5 de diciembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.. Secretaria: L.F.M.G.P..

En este orden, al quedar demostrado que J.M.G. pretende deducir intereses propios e inherentes a su persona, pero no los de ningún órgano del Estado de Guerrero, ni mucho menos los del Poder Judicial de dicha entidad federativa, el cual fue actor en la controversia constitucional de la que deriva este recurso de queja, debe resolverse que dicho recurrente carece de legitimación en la causa y en el proceso para intentar el presente medio de impugnación, pues existen, constitucional y legalmente, otras vías para deducir derechos como los que pretende.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

ÚNICO.-Carece de legitimación J.M.G..

N.; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: J. de J.G.P. (ponente), J.N.S.M., J.R.C.D. y presidenta O.S.C. de G.V.. Ausente el M.H.R.P..

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