El pueblo dirá qué país quiere
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Con el propósito de emitir una convocatoria para crear un "Congreso Constituyente Ciudadano y Popular" y re-fundar el país, ciudadanos y organizaciones civiles que renunciaron a su identidad personal o de grupo para asumirse como "facilitadores" ya recorrieron 24 estados del país, donde se consensuaron aspectos generales.
No es un plan de corto plazo, no pretenden convertirse en partido político ni asimilarse al aparato institucional vigente, ni siquiera desean enviar un mensaje al gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque sí, anticipa el obispo Raúl Vera López, establecer una estructura por regiones para impulsar la nueva carta de derechos y crear un Comité de Refundación Nacional.
A raíz del anuncio que hizo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en diciembre pasado (Proceso 1991), la primera etapa del plan propuesto tomó forma el pasado 5 de febrero.
El proyecto se ha inspirado en la sentencia emitida por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). En su exposición de motivos, "la Constituyente" -como suelen denominarla sus integrantes- expone que su determinación surge por los procesos de privatización de servicios y la especulación trasna-cional sobre "los recursos del futuro", incluyendo la producción de alimentos; la degradación de los derechos ciudadanos afectados por las reformas laborales, y la violencia ambiental, ejecutada principalmente por empresas.
Además, es motivada por la exclusión social y la migración que convierte a las personas en mercancía; la dinámica de violencia en la que es responsable el Estado por acción u omisión; los feminicidios y la convicción de que las políticas neoliberales convierten a las mujeres en víctimas de la exclusión.
Menciona igualmente la revictimiza-ción de las víctimas del proceso de violencia; las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, que afectan libertades por razones políticas, y un aparto de justicia deficiente que posibilita la impunidad.
La Constituyente destaca el desman-telamiento de derechos, en un contexto de corrupción sistémica, desigualdad y pobreza, donde el Estado asume el papel J de protector de trasnacionales, supri- ° miendo paulatinamente las garantías. J
"Los casos de Tlatlaya y lo ocurrido a ° los estudiantes de la normal de Ayotzi-napa coronaron la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años, tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país.
"Dichos crímenes de Estado y de lesa humanidad expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas reformas estructurales y de los tratados de libre comercio bajo las órdenes de los gobiernos de Estados Unidos", subraya la exposición de motivos.
Bajo las anteriores consideraciones, el plan propone 20 líneas generales de lo que debiera ser un "Estado Mexicano...
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