Con proyecto de Nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., de 7 de Febrero de 2006

Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1942-I, miercoles 8 de febrero de 2006 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1942-I, miércoles 8 de febrero de 2006. INICIATIVA CON PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS EMILIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN DEL MARTES 7 DE FEBRERO DE 2006

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana necesita repensarse a sí misma. Desde la conclusión de la Revolución mexicana estos ejercicios han estado ausentes. Sucede, sin embargo, que desde entonces no sólo ha cambiado su fisonomía, esto es, ha dejado de ser una sociedad cerrada, rural, premoderna. También se ha alterado el contexto en el que actúa y los retos que enfrenta.

La sociedad mexicana del presente es, por el contrario, abierta y plural. Participa, además, en un mundo globalizado que se transforma a un ritmo vertiginoso. Ambas circunstancias imponen hoy desafíos insospechados para la sociedad de principios del siglo XX. De ahí que sus estructuras políticas y económicas se perciban inservibles, y en el mejor de los casos, insuficientes para afrontar estos desafíos. Y es que esas estructuras fueron creadas por y para una sociedad que ya no existe y para un mundo que ya no es.

La sociedad mexicana, fundamentalmente en los últimos 20 años, ha decidido abandonar el régimen autoritario que imperó durante buena parte del siglo XX. En contraparte, ha resuelto organizarse en una democracia pluralista. La sociedad determinó demoler las viejas estructuras políticas y dirigir sus energías a traducir la pluralidad social en pluralismo político. En efecto, la transición democrática encontró en la acción conciente de la sociedad su dato más característico: no fue un accidente histórico o indulgente concesión, sino resultado deliberado de una apuesta social por el cambio político gradual y sin violencia.

La democratización del régimen político unificó a la sociedad. Esto explica que la aspiración democrática hubiese encontrado en los pactos políticos, en el diálogo constructivo, en la concertación responsable sus canales de transmisión. Las voluntades parciales se asentaban sobre un mismo fin: la democracia política. En la transición, la sociedad se repensó a sí misma pero sólo de manera parcial: únicamente en cuanto a las reglas para el acceso al poder político.

La incapacidad de la democracia mexicana para responder a las demandas sociales encuentra causa, sin duda, en la persistencia de estructuras políticas y económicas propias del pasado; es, en buena medida, un problema de diseño institucional. Sin embargo, la eficacia y estabilidad de un sistema político democrático no dependen en exclusiva de las reglas e instituciones. Es también indispensable que los actores sociales compartan un marco de referencia en el que se definan los consensos básicos que den cauce y dirección a la pluralidad.

En la breve experiencia democrática de la sociedad mexicana, la pluralidad social se ha reducido a parálisis e inmovilidad. Esto se debe al hecho de que la sociedad carece de un elemento de cohesión equivalente a la aspiración democrática en los tiempos de la transición. Se hace necesario, en consecuencia, un marco de referencia que haga del disenso crítico y tolerante ingrediente para enriquecer la vida en sociedad. Es menester adoptar nuevas reglas de convivencia que hagan de la experiencia aprendizaje, que faciliten la apertura hacia el futuro y que orienten la acción colectiva al desarrollo pleno del individuo en tanto principio y fin de la sociedad. Los retos que enfrenta y que habrá de encarar, hacen impostergable que la sociedad mexicana se otorgue a sí misma un orden que sea al mismo tiempo síntesis de la evolución de la humanidad, expresión de su particular acervo cultural y fundamento de sus ideales y aspiraciones.

La Constitución es ese marco de referencia que integra y da unidad de acción a una sociedad plural. En efecto, las sociedades actuales, en las que interactúan una diversidad de grupos con intereses, ideologías y preferencias diferentes, asignan a la Constitución la tarea de viabilizar la realización de esos proyectos parciales en el ámbito de la vida en común, no así la de establecer directamente un proyecto predeterminado o de garantizar el dominio de un grupo sobre los otros.

Y es que la Constitución es, por una parte, parámetro de legitimidad de las distintas concepciones de la convivencia social y, por la otra, pacto de coexistencia pacífica de intereses y proyectos. Las constituciones de las sociedades pluralistas son recipientes de valores y principios desde los cuales los distintos sectores sociales luchan pacíficamente por imprimir al Estado una orientación determinada. Esos valores y principios ordenan todas las dimensiones de la vida en sociedad; definen el ámbito de posibilidades de la economía, la política y el derecho. La Constitución crea el espacio público en el que la sociedad confronta y pondera razones contrapuestas, en el que se expresa críticamente por alguna de ellas, y desde el cual se garantiza la lealtad de todos al resultado.

Pero las sociedades plurales no pueden ser rehenes de sus constituciones. El contenido de estas normas supremas, el núcleo de ese pacto de todos con todos, responde a las circunstancias políticas, económicas y culturales imperantes en el momento constituyente; es, sin duda, reflejo de éstas. El compromiso constitucional es punto de partida, no camisa de fuerza. Una sociedad plural requiere, en consecuencia, de un texto abierto, dúctil, susceptible de adecuarse a la realidad y a la necesidad. De otro modo, la generación constituyente ataría de manera inevitable a las generaciones futuras; los vivos secuestrados por los muertos.

Es cierto que las constituciones, a través de la reforma y la interpretación, se adaptan a los cambios que experimenta la sociedad. Sin embargo, la historia de México y del mundo enseña que la intensidad de ciertos cambios sociales puede provocar la insolvencia de la ordenación constitucional para regularlos y, por consiguiente, obliga a la formación de un nuevo consenso constitucional básico.

Todo cambio social, máxime aquellos que afectan a las estructuras económicas y políticas, transforma las dinámicas de la acción colectiva. Las constituciones están llamadas precisamente a posibilitar, dar certeza y a hacer previsible la acción social, pero también a ofrecer respuestas a los problemas a ella asociados. Cuando ámbitos de la Constitución fallan, es preciso cambiarlos según las específicas necesidades y circunstancias, mediante reformas a su texto, o bien, en sus concretas significaciones. Pero una sociedad debe revisar a profundidad el orden que se ha dado cuando su Constitución es percibida por los actores sociales como libretos para la retórica y no como normas vinculantes; cuando esa regulación constitucional genera más problemas que los que resuelve; cuando las demandas de reforma versan prácticamente sobre todas sus dimensiones de normación; cuando la Constitución imposibilita el diálogo entre personas, grupos y poderes públicos. En esa sociedad, sin más, la Constitución carece de fuerza y de legitimación como proyecto integrador y unificador. Esa sociedad debe, en aras de asegurar una convivencia pacífica, repensar su identidad fundamental.

Esta iniciativa pretende provocar que la sociedad mexicana reflexione sobre sí misma a través de un diálogo constituyente, esto es, un proceso de deliberación dirigido a edificar los principios y valores rectores, los fines de la ordenación social, pero también los mecanismos institucionales dirigidos a su plena realización.

Más allá de la renovación del orden social, este ejercicio dialógico traerá consigo un importante efecto pedagógico. Ciertas convicciones culturalmente arraigadas, como por ejemplo la discriminación o la intransigencia, podrían ser desplazadas como consecuencia del intenso intercambio de argumentos justificatorios de los valores de igualdad o de tolerancia. Sobre la base de que no hay mejores jueces de intereses que los mismos afectados, el diálogo en torno a lo fundamental es un medio apto para que individuos y sociedad delimiten las fronteras de lo justo, lo necesario y lo posible. La confrontación de ideas conduce a la cooperación y evita los conflictos; motiva la convergencia de acciones y actitudes. Es el método, y no el resultado, el elemento cohesivo de la pluralidad de intereses y proyectos residenciados en la sociedad. Es el método, y no el resultado, el motor del cambio. Por todo ello, este ejercicio ha de emerger y alimentarse de las energías sociales. Sólo así se podrán soltar las amarras que dificultan el andar social. Sólo así se podrá vencer la resistencia mezquina de aquellos que con la inmovilidad garantizan sus fueros y privilegios.

El proceso electoral de 2006 abre una gran ventana de oportunidad para que estos esfuerzos y energías sociales converjan en un proyecto común. La sociedad mexicana debe hacer de la campaña electoral un ejercicio de diálogo público sobre su presente y sobre su futuro. Más que titulares de órganos representativos, del proceso electoral debe emanar un piso mínimo, consensos sociales básicos, que sirvan de referencia para la sucesiva acción de los poderes públicos.

Pues bien, esta iniciativa de nueva Constitución tiene como finalidad provocar un intenso diálogo social del que surjan las bases de organización de la convivencia de los mexicanos para el siglo XXI.

La propuesta de nueva Constitución se articula en cuatro ejes conductores.

En primer lugar, plantea la redefinición de los derechos fundamentales y libertades públicas . Una sociedad pluralista que reconozca a la democracia como la mejor forma de vida y de organización política, debe tomar como premisa la dignidad de la persona y, desde ahí, derivar un catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas que normen no sólo las relaciones entre el Estado y el...

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