Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y se adiciona el 28 bis a la Ley General de Desarrollo Social.

Fecha de registro15 Diciembre 2021
Autor de la iniciativaAntares Guadalupe Vázquez Alatorre (MORENA)
INICIATIVA CON
PROYECTO
DE
DECRETO
QUE
REFORMA
LOS
ART[CULOS
449
DE
LA
LEY
GENERAL
DE
INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
Y
11
DE
LA
LEY
GENERAL
EN
MATERIA
DE
DELITOS
ELECTORALES,
Y ADICIONA
EL
28
BIS
A
LA
LEY
GENERAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL.
Quien suscribe, Anta res G. Vázquez Alatorre, Senadora
de
la
República integrante
del
Grupo
Parlamentario de Morena en
la
LXV
Legislatura del Honorable Congreso
de
la
Unión, con
fundamento
en
el
Artículo 71, fracción
11,
de
la
Constitución Política
de
los
Estados Unidos Mexicanos; y el artículo
8,
fracción, 1 del Reglamento del Senado
de
la
República, someto a consideración
de
esta Soberanía
la
siguiente Iniciativa INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO
QUE
REFORMA
LOS
ART[CULOS
449
DE
LA
LEY
GENERAL
DE
INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
Y
11
DE
LA
LEY
GENERAL
EN
MATERIA
DE
DELITOS
ELECTORALES,
Y ADICIONA
EL
28
BIS
A
LA
LEY
GENERAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL,
EN
MATERIA
DE
PROGRAMAS
SOCIALES,
al
tenor
de
la siguiente:
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
La
reforma constitucional en materia
de
derechos humanos concretada
en
2011
implicó
la
modificación
de
once artículos cuya repercusión
en
el sistema jurídico mexicano
es
inconmensurable. A
raíz
de
ello existe una mayor comprensión sobre los derechos
humanos con el simple hecho
de
la
incorporación
de
ese
término
en
el
artículo primero,
sustituyendo el
término
«garantías individuales»
por
un nuevo paradigma mucho más
amplio;
la
concepción
de
que una persona goza
de
derechos humanos
por
el
simple
hecho
de
haber
nacido, y que esos derechos
son
reconocidos
tanto
por
la
Constitución
federal
como
por
los tratados internacionales, y figuras
como
la
interpretación conforme,
el
principio
pro
persona;
así
como
la
obligación
de
todas
las
autoridades de promover,
respetar,
proteger
y garantizar los derechos humanos
de
conformidad
con los principios
Página
1 de
11

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