Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Iniciativas Legislativas del Senado - Iniciativas Legislativas - VLEX 851119335

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de presentación:20 de Octubre de 2020
 
EXTRACTO GRATUITO
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DEL
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Estados Unidos
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xicanos, artículo 29, apartá
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Constitución Políti
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culo 5, fracción
11
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U
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En ese
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ntido
,
si
bien es dable sostener que l
os
derechos
fundamental
es
reconocidos
en
el o rde n
const
itu
cional y convencional por reg
la
ge
neral o
per
an
como
mandat
os de o
ptim
iza
ción,
es
decir,
como derech
os
relativos que pued en
se
r l
imitad
os o r
es
tringidos, l
os
límites que
se
impon
g
an
sie
mp
re deben cumpli r
co
n
un
f in cons
titu
cional o convencionalmente
lido.
Es
por
ello que, l a presente inicia
ti
va
bu
sca
anali
za
r si
la
restricci
ón
al derecho a la estabilidad en
el
empleo
previs
ta
en e l a
rt
íc
ul o 123, f
ra
cción XI
II
, de
la
Cons
titu
ción
Po
tica de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que h
ac
e a l
os
age
nte
s del
Ministerio
Público, los
perito
s y l
os
miemb
r
os
de
las
instituciones
po
licial
es
de la federación,
la
s entidad
es
federativ
as
y los Municipios,
ti
ene un
fin
constitucional
y convenci
onalmente
válido.
As
í,
la
porción
normativ
a en
es
tudio
, prevista en la Const
itu
ción fed eral
es
la
sigui
ent
e:
"A
rt
. 123.- Toda persona tiene derecho
al
trabajo digno y socialmente útil;
al
efect
o,
se
promov
en la
cr
eación
de
empleos y la orga
ni
zación social de
trabajo
, conforme a la ley.
8.
-Entre los Poderes de la Unión y sus
trabajador
es
:
(.
..
)
PRIMER PERIODO ORDINARIO
DEL
TERCER
AÑO
DE
E
JER
CIC
IO
J
LJ::G
1 S
LA
T U
RA
Congreso
de
lo
Ciudad
de
México
XIII.-
Los
militares, marinos, personal del servicio
ext
er
ior, agentes del
Ministerio
Público, peritos y
los miembros
de
las instituciones policiales,
se
regirán
por
sus propias leyes.
Los
agentes del
Ministerio
Público, los peritos y los
miembros
de
las instituciones policiales de
la
federación, las
entida
de
s
federativas
y los municipios,
podrán
ser separados
de
sus cargos
si
no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el
momento
del acto señalen
para
permanecer
en
dichas instituciones, o removidos
por
incurrir
en
responsabilidad en el desempeño de sus
funciones. Si la
autoridad
juri
s
diccional
resolviere
que
la
separación,
remoción
,
baja
, cese o
cualquier
otra
forma
de te
rminación
del
servicio
fue
inju
s
tificada
, el Estado
sólo
estará
obligado
a
pagar
la
ind
emnización y
demá
s
pr
es
tacion
es
a
que
tenga
derec
ho
, s
in
qu
e en
ningún
caso
proceda su reincorporación
al
servicio,
cualqui
er
a
que
sea
el
resultado del
juicio
o me
dio
de
defensa
que
se
hubiere
promovido.
(.
..
)"
De
ahí que,
la
pr
incipal interrogante surja respecto de
la
probable incompatibilid
ad
del
texto
constitucional trascr
it
o respec to del derecho a
la
estabilidad laboral reconocida
en
distintos
ins
tr
ument
os
int
ernacional
es
en
materia de der
ec
h
os
humanos, lo cual
es
forma~
~%r~e
,
del
"parám
etro
de regularidad cons
tit
ucional"
·?;¡-.~
~
1'
Es
ap
licable a lo
anterior
la
Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo
texto
y rubro i
·'lt~v
"DERECHOS
HUMANOS CONTENIDOS
EN
LA
EN
... o
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN
EL
PARÁMETRO
DE
CONTROL
'
~
CONSTITUCIONAL,
PERO
CUANDO
EN
LA
CONSTITUC/ON HAYA UNA
RESTRICCIO('j
EJERCICIO
DE
AQUÉLLOS,
SE
DEBE
ESTAR
A
LO
QUE
ESTABLECE
EL
TEXTO
rn,.,c:-·r/TI
/Iv:
.
,,-,
primer
párrafo
del
artículo 10. constitucional reconoce un
conjunto
de derechos humanos
fuentes son la Consti
tu
ción y los
tratados
internacionales de los cuales el
Estaqo
y
fl#{.jCB'fOA~e
.
c¡_
H'!..
parte.
De
la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido
I:Je
!l..
'fas
~'i/orm~s
A
constitucionales de seis y diez
de
junio
de dos
mil
once,
se
desprende que las normas
de
derechos
humanos, independientemente de su fuente, no
se
relacionan
en
términos jerárquicos,
entendiendo que, derivado
de
la
parte
final
del
primer
párrafo
del citado artículo lo., cuando en la
Constitución haya uno restricción expresa
al
ejercicio
de
Jos
derechos humanos, se deberá
estar
a
Jo
que indica la
norma
constitucional, ya que el principio que le
brinda
supremacía
comporta
el
encumbramiento de la Constitución como
norma
fundamental
del orden
jurídico
mexicano,
Jo
que
a
su
vez
implica que el resto
de
las normas jurídicas deben ser acordes con
la
misma
,
tanto
en un
sentido
formol
como material, circunstancia que
no
ha
cambiado
; Jo que
ha
evolucionado a raíz
de
Jos
reformas constitucionales en comento
es
la configuración del
conjunto
de normas
juríd
i
ca
s
respecto
de
las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden
jurídico
mexicano. Esta
transformación
se
explica
por
lo ampliación del catálogo de derechos humanos previsto
dentro
de
la Constitución Política
de
Jos
Estados Unidos Mexicanos,
el
cual evidentemente puede
cal
ifi
car
se
como
parte
del
conjunto
normativo
que goza
de
esta supremacía constitucional.
En
este sentido,
los derechos humanos,
en
su conjunto, constituyen
el
parámetro
de
cont
rol
de
re
gular
idad
constitucional, c
onforme
al cual debe analizarse la validez de las normas y
act
os que f or
man
por
te
del orden jurídico mexicano."
1
Vi
sible en la p
ág
ina 202 d el
Libr
o
5,
Abril
de 2014, To mo 1, del semana
rio
jud icia l y su gacet
a;
esto
es,
duran
Décima
Ep
oc
a.
PRIMER PERIODO ORDINARIO
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
1 LI.::G I S
LAT
U
ltA
Congreso
de
lo
Ciudad
de
México
Por lo a
nt
erior, resulta indispensable analiza r la convencionalidad de esta restricción
con
stit
ucional , respecto del derecho a
la
estabilidad
en
el
e
mp
leo para
los
agentes del
Mini
sterio
Públi
co,
los pe
rit
os
y los miembros de l
as
in
stitucion
es
policial
es
de la federación, l
as
entidad
es
federativas y los
muni
cipio
s.
En un ejercicio de co
nt
rol previo2 a ni
ve
l legisla
ti
vo, esta iniciativa busca armonizar la
Con
s
titu
ción
federal a lo que mandata el derecho inte rnacional de l
os
derechos human
os,
siguiendo el
der
roter
o marcado
por
el
cont
rol de conve ncionalidad en
se
de interna.
Es
aplicable a lo anter
ior
la tesis aislada de
la
Pr
imera
Sa
l
a,
cuyo
texto
y
rubr
o indican:3
"CONTROL
DE
CONVENCIONALIDAD.
DIFERENCIAS
ENTRE
SU
EJERCICIO
EN
SEDE
NACIONAL E
INTERNACIONAL. Debe distinguirse entre el c
ontrol
de
convencionalidad que deben ejercer
fas
autoridades nacionale
s,
en este caso en el Poder Judicial
mexi
c
ano
, en el
ámbito
de sus
at
ribuciones, del
control
de
convenciona
lidad
ejercido
por
los
órg
anos del Sistema Interamericano
de
Protección de los Derechos Humanos. Por un lado, el c
ont
rol
de
convencían
f.
d~/g!?n
"'::5"
ejercerlo l
os
jueces o juezas nacionales en
el
estudio
de
casos que estén
bajo
su
relación con l
os
derech
os
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no
c
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os
en f a
Con
s
titu
ción Política de
lo
s Estados
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lado,
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de
convencionalidad realizado
por
los órganos del
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tema
en los tratados internacionales
de
los que el E
st
ada M exicano
se
a
par
t
e,
a
interpretacion
es,
realiza
da
s
por
los órganos
autori
zados, como
lo
establecen
condena
tor
ia
s en l
os
casos
Ro
se
ndo
Rodilla Pach eco, Rosendo Cantú y otra, Fern
otras y
Ca
brera
Ga
rcía y
Montiel
Flores, todas co
ntra
el
Estado Mexicano.
Dic
fi~
desarrollado
por
la
Suprema Corte
de
Ju
stici
a
de
ta
Nación en
el
expediente varios 9
lnteramer~
c
ano
de
Protección
de
Derechos
Hum~nos,
.a saber,
fa
Comisi
~
n
2
Y:,
~
dlsÍ.OA
Cf
U
.fL
lnteramencanas
de
Derechos Humanos para
determtnar
st, en un caso
de
su conocimiento,
se
vulneraron o
no
derechos
humano
s reconoc
ido
s en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos;
es
decir,
si
en el caso específico s
om
etido a su conocimiento, las autoridades
de
un
Estado Parte
hi
c
ier
on o
no
un
co
ntrol
de
convencionalidad
previo
y adecuado y, de
se
r
el
ca
s
o,
determinar
cuál debió haber sido dicha interpretación. Así
pu
es
,
la
Corte
In
teramericano
es
la
intérprete
última
de
la Convención Americana s
obr
e Derech
os
Humanos
y,
de
ntr
o de dicha
in
terpretación, tiene
la
fa
culta
d
para
analizar si sus decisiones han sido o
no
cumplidas.".
11.
Objet
ivo de l a
propu
es
t
a,
arg
um
e
nto
s y motivacion
es
que la sust e
ntan.
Ahora bien, el principio o derecho a la
es
tabilidad en el empleo o laboral,
se
encuentra reconocido
principalmente en e l a
rtí
cu
lo r del Protocolo Adicional a
la
Convención A
mer
i
ca
na
Sobre
2
"CO
NT
ROL
PREVIO
DE
LA
CONS
TITU
C
ION
ALI
DAD
DE
PROYEC
TO
S
DE
LE
Y
APROBADOS
POR
LA
LE
GI
SLATURA
LOCAL.
SU
ESTAB
LE
CIM
IENT
O
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EL
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C
IP
IO
DE
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DE
PODERE
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ordinaria
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u
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ce
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acción
de
i
ncons
t
itucionalidad
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princ
ip
io
de
divi
sió
n de
poderes
.'.
Vis
i
ble
en
la
pág
i
na
7
143
del
Libro
XIII
,
Octub
re
de
2012,
T
omo
1,
de
l
se
m
anar
io
ju
dic
ial
y su g
acet
a;
es
to
es
,
durante
la
Décima
Época.
J
Visi
bl
e en
la
página
793
d
el
Lib
ro
5, A
bri
l
de
2014
,
Tomo
1, del
se
ma
nario
j
udic
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su
gace
ta;
esto
es
,
durante
la
Décima
Época
.
PRIMER PERIODO ORDINARIO
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
1
LEGISLATUI{A
Congreso
de
lo
Ciudad
de
México
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Protocolo De
San
Salvador", el cual dispone:
"Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho
al
trabajo al que
se
refiere el
artículo anterior,
supone
que
to
da persona goce del
mismo
en condiciones
justas
, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular:
d.
La
estabilidad
de
los trabajadores en s
us
empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de
justa
separación.
En
casos de d
es
pido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a
una
indemnización o a la
readmi
sión en el
empleo
o a cual
es
qui
e
ra
otra prestación prevista por la legislación
nacional'(
..
.. )
Por
otro
lado, el Conven io 158 de
la
Organización lnternational del Trabajo (en adelante OIT),
sob
re
la
term
inac
ión
de
la
relación de trabajo, en su
art
ículo 4
°,
dispone que el
dere~C\!\ál~nab~jo
incluye la legalidad del despido, e impone, en particular, la necesidad de ofrece.
o~
,
para el despido,
así
como e l derecho a recursos jurídicos
efect
ivos en
~
..¡;.;
improcedent
e.
En
el
mismo
contexto, el Comité de Dere chos Económicos, Sociales y
Culturales,~
General No. 18 sobre el derecho al
tr
abajo, ex
pr
esó
que este mis
mo
"implica el
~~~M~~~~~
privado injustamente del emplea",
es
decir que
se
tiene el
deber
tanto
por
el Estad
público, como
por
l
os
particulares en el ámb
it
o privado, de
ju
stificar y
motivar
el despido
re
spectivo para cumplir con los requisitos de constitucionali dad, convenciona lidad::v;.i1iSi1!iA
la
aplicación de di
cha
sanción en el
ámbito
de
las relaciones
de
trabajo.
Sobre dicho derecho, la Corte
lnt
eramericana de Der
ec
h
os
Humanos,
so
stuvo al resolver el
cas
o
La
gos del Campo Vs. Perú, que:
"149. Como co rrel
ato
de lo a
nteri
or,
se
deprende qu e l
as
ob
ligaciones del Estado en cuanto a la
protección
de
l
der
echo a
la
estabilidad laboral, en el ámb
it
o
pr
ivado,
se
traduce en principio en los
siguientes deberes:
a)
adoptar l
as
medidas adecuadas para
la
debida regulación y fi
sca
li
zac
ión de
dicho derecho; b) proteger al
tr
abajador y
trab
aj
ad
ora, a través de
su
s órganos competentes,
contra el despido injustificado;
e)
en
ca
so de despido injustificado, remediar
la
situación
(ya
sea,
a
tra
vés
de la reinstalació n
o,
en
su
caso, me
diante
la
indemnización y otras prestacion
es
pr
evistas
en
la
leg
isl
ación n
ac
ional
).
Por
ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de
reclamo
frente
a una situación d e despido
injustif
icado, a fin de gara
nti
zar el acceso a
la
just
icia y
la
tute
la judicial
ef
ectiva
de
tales derechos(
...
)"
4
Dicha interpretación, si bien
se
realiza respect o del
ámbito
pr
ivado,
per
se,
no
re
sulta limitativa,
sino que, en aras de ofrecer una
mayor
gradualida d y
cumplimiento
en
la
observancia de dicho
der
echo con base en
el
principio de progresiv
id
ad, debe resu ltar aplicable
al
ámb
it
o público y l
as
4
Ca
so
Lagos
d
el
Campo
Vs
.
Perú
.
Excepción
Preliminar,
Fondo
,
Reparaciones
y
Cos
t
as
.
Se
nt
en
cia
de 31
de
agos
to
de
2017
. Se
rie
C
No.
34
PRIMER PERIODO ORDINARIO
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
1
LEC;
J
SLATll
lt
A
Congreso
de
lo
Ciudad
de
x
ico
relaciones del Estado con sus trabajadores, inclusi
ve
aquellos
que
se
dedican a las
tar
eas
de
seg
uridad públi
ca
en
términos
del artículo 21 de la Constitución Política de los
Es
tad
os
Unidos
Mexicanos.
Por ello, lo procedente
es
reali
za
r la modificación al contenido del artículo 123, fracción XIII, de la
Consti
tuc
ión Políti
ca
de los Estados Unidos
Mex
icanos, en aras de que
se
encuentra acorde con el
derecho a la estabilid ad
en
el empleo, previs
to
en el artículo
r,
del
Pr
otocolo Adicional a
la
Co
nvención Americana
So
br
e Derechos Human
os
en
Mat
er
ia
de Derechos Económicos,
So
cial
es
y
Culturales "Protocolo
De
Sa
n Salvador" y
la
i
nt
er
p
re
tación que
al
efecto ha realizado
la
Corte
lnterame
ricana de Derechos Humanos.
S
ir
ve de apoyo a lo anterior
la
jurisprudenc
ia
de
la
Segunda
Sa
l
a,
cuyo t
ex
to y rubro indi
ca
n: 5
"PRINCIPIO
DE
PROGRESIVIDAD
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN
EN
EL
ESTADO
MEXICANO.
En
principio
de
progresividad que rige en
materia
de
los
der
ec
ho
s humanos
implica
tant
o
groduolidod
como progre
so.
Lo
g
rod
uolidod
se
refiere a que, gene lo
e
fectividad
de
los derechos humanos
no
se
logro
de
manero
inmediato
, sino que con
proceso que supone
definir
metas
o
co
rto
,
mediano
y largo plazos. Por
su
parte, el
que el disfrute
de
los derechos siempre debe mej
orar
.
En
tal
sentido, el
prin
ci
pio
de
de
lo
s derechos humanos
se
relaciona
no
lo con lo prohibición de regresividod dt!i
~
derechos
fundamentale
s,
sino también con
lo
obligación
positiva
de
progresivo y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estod
oa
:~~~:~#~~~
el
mandato
constitucional
de
realizar todos l
os
cambios y transformaciones
n.
estr
u
ctura
económico, social, po
tico y
cultural
del país,
de
manero
que
se
garantice que
personas puedan
disfrutar
de
s
us
derech
os
humanos. Por
tonto
, el princi
pio
oludi
d_o
!?JS.i9
.
~
.a
todos .
los autoridades del Estado
mexi
c
ano
, en el
ámbito
de
su competencia, incremen't
ar
·:e'f9}§JcA¡'f¡K
TJ.
L,\
.
tutel
a en lo promoción, respeto, protección y
garantía
de los derech
os
humanos y también les
impide, en virtud de su expresión de
no
regresividod,
adoptar
medidos que sin pleno justificación
constitucional disminuyan el nivel
de
la protección a l
os
derechos humanos
de
qui
enes
se
someten
al orden
jurí
dico
del
Es
tado
mexicano."
Además, no pasa inadvertido que
si
bien el Estado mexicano
no
es
part
e en dicho coso conte
nci
oso
an
te
lo Corte Interamericano
de
Derechos Humanos, el
mismo
resulto vinculante
para
este órgano
legislativo, en razón
de
lo aplicación del
principio
pro
persono y su
may
or
beneficio en lo
protec
ción
del derecho a la estabilidad
en
el empleo o laboral, r
es
pecto
de
las relaciones del Estado mexicano
con
sus
trabajador
es
(públicas).
Si
rve de apoyo a lo a
nt
er
ior
,
la
Jurisprudencia de l Tribunal Pleno, cuyo t
ex
to y rubro indic
an
. 6
"JURISPRUDENCIA EMITIDA
POR
LA
CORTE
INTERAMERICANA
DE
DERECHOS
HUMANOS.
ES
VINCULANTE
PARA
LOS
JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE
SEA
MÁS
FAVORABLE A
LA
PERSONA.
L
os
cr
it
erios jurisprudencia/es
de
lo C
ort
e
Int
er
americano
de
Derechos Humanos, con
ind
ep
endencia
de
que el Es
ta
do Mexicano haya sido
parte
en
el
liti
gio
ante dicho tribunal, resultan
vinculantes para los Jueces nocionales
al
constituir
una extensión de lo
Co
nvención Americana
5
Visible
en
la
página
980
del
Libr
o
63
,
Febrero
de
2019
, T
omo
1,
del
semanario
judicial
y
su
gacela
,
esto
es
.
du
r
an
te
la
Décima
Época
.
6
Visi
b
le
en
la
página
204
del
libro
5,
2014
,
Tomo
1,
del
semanar
io
judicial
y
su
gaceta
;
es
to es,
duran
te la
Déci
ma
Epoca
.