Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; y se reforma el artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. - Iniciativas Legislativas del Senado - Iniciativas Legislativas - VLEX 852954868

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; y se reforma el artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Fecha de presentación: 3 de Diciembre de 2020
 
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Xóchitl Gálvez Ruiz
Senadora de la República
Sena dor Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Pres idente de la Mesa Di rectiva
Sena do de la R epúblic a
P r e s e n t e.
La susc rita senadora de la Repúblic a, Xó chitl Gálvez Rui z, integr ante del Grupo
Parlamentario d el P artido Acci ón Naciona l (P AN), en la LXIV Legi slatura del H.
Congreso d e la Unión, con fundame nto en lo dispuesto por el artíc ulo 71 , frac ción II
y 72, de la Constit ución Política de los Estados Unidos Mexic anos, así como por los
artí culos 8, numeral 1, f racción I; 164, numeral es 1 y 2, 169, 172 y de más relativo s del
Reglamento del Senado d e la República, somet o a la consid eración del Pleno la
siguiente iniciati va con proye cto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Cons ulta a los Pue blos y Comun idades Indígenas y Afromexic anas y se re forma el
artí culo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas , al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho de consulta en las normas internacionales y nacionales.
Dentro de los derechos de l os p ueblos y comunidades indígenas existe uno que es
vita l para sa lvaguar dar al resto de ellos : el derecho a la consult a libr e, previa,
informada, de buena fe y culturalmente adecu ada. Este derecho perm ite que la s
decision es y las acciones exógenas que son susceptibles de causa r un impacto en la
cultura, las tradici ones, los sistemas normati vos, e l medio ambiente, las tierras y, e n
general, e n los dere chos d e estos pueblos, sean debid amente cons ultadas,
cons ensadas y, en su caso , adecu adas.
El derecho de consulta está reconoc ido en e l derech o in ternaci onal y ha tenido un
cons iderabl e desarrollo , a pesar de las enormes resistencias de los estad os nacio nales
y los gobiernos su bnacion ales.
Este dere cho fue re conocid o en los art ículos 6 y 7 del C onvenio 169 de la Orga nizació n
Internac ional del Tr abajo (OIT), sobre D erechos de los Pu eblos In dígenas y Tribales e n
Países Ind ependientes (Convenio 169 de la OIT), sus crito en el año 1989 y q ue fue
debidamente ratific ado por México d esde la década d e los años 90; di chos n umeral es
prec eptúan, textua lmente, lo sig uiente:
2
Xóchitl Gálvez Ruiz
Senadora de la República
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a
todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les
conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, e n la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y
regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.
Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse
de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios,
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social,
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas
puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
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Xóchitl Gálvez Ruiz
Senadora de la República
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados,
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”
En nu estra legislac ión nacion al, este dere cho es tá reconoc ido en el artícul o 2°,
apartado B, primer pár rafo y fracción IX, de la Constituc ión Política de los Esta dos
Unidos Mexica nos, el cual fue i ncorpor ado en nuestro t exto cons titucional deriv ado
de l a refor ma publ icada en el Diario Oficia l de la Federación el 14 de agos to de 2001 .
Desafortuna damente, este derecho no se recogió con la profundid ad y efec tos que
está n reco nocidos en e l Conv enio 1 69 de la OI T, limitándos e a r econocer el derecho
de l os pueb los y comu nidades ind ígenas y reci entemente afromexi canos- a ser
cons ultados p ara la elaboración del Plan Nacion al de Desar rollo, así como los de las
enti dades f ederati vas, de los munic ipios y de las a lcaldía s de la Ciuda d de Méxic o y a
que las institucio nes que los atie nden sean dise ñadas y operadas en conjunt o con
dichos pueb los, tal y como s e aprec ia a continuac ión:
Artículo 2o. […]
A. …
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
I a VIII. …
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y
de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
[…]”
Este de recho también ha sido recogido, más recie ntement e, en la Dec laració n de las
Naciones U nidas sobre los D erecho s de los P ueblos Indíge nas y en la Decl aración
Amer icana sobr e los Dere chos de los Pueblos Indígenas , las cuales, si bien no son
vinculantes para Méx ico, sí constituyen un marco normativo q ue estab lece un c amino
deseable en la mat eria.

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