Programa Nacional de Vivienda 2021-2024.
| Fecha de publicación | 04 Junio 2021 |
| Sección | UNICA. Poder Ejecutivo |
| Emisor | SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO |
PROGRAMA Nacional de Vivienda 2021-2024.
Programa Nacional de Vivienda 2021-2024
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
Presentación del PNV
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
MARCO JURÍDICO
LEYES GENERALES Y FEDERALES
DECRETOS
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
Diagnóstico de la situación actual a la luz de los elementos de la vivienda adecuada
1. SEGURIDAD DE LA TENENCIA
2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
3. ASEQUIBILIDAD
4. HABITABILIDAD
5. ACCESIBILIDAD
6. UBICACIÓN
7. ADECUACIÓN CULTURAL
6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
Objetivo prioritario 1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población
Objetivo prioritario 2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos
Objetivo prioritario 3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada
Objetivo prioritario 4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada
Objetivo prioritario 5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 5
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
10.- Lista de dependencias y entidades participantes
Presentación del PNV
En México, existen proyectos habitacionales emblemáticos que podrían catalogarse como vivienda adecuada, de acuerdo a las directrices que ha establecido ONU-Hábitat. Ejemplos concretos pueden encontrarse en la Ciudad de México, como el multifamiliar Miguel Alemán que fue construido en 1949, o la Unidad Habitacional Independencia, edificada en 1960, y el Conjunto Tlatelolco, terminado en 1964. En todos ellos, hubo una participación decidida de las instituciones del Estado, acompañadas por los sectores privado y social, quienes combinaron planeación, diseño arquitectónico y expresión artística para brindar soluciones dirigidas a familias de bajos ingresos. Hoy, estos emblemas urbanos continúan siendo referentes de la vivienda asequible, de calidad y bien ubicada.
La gran migración a las ciudades experimentada en la segunda mitad del siglo XX, hizo que la demanda por vivienda fuera mayor a lo que podía ofrecer un esfuerzo liderado únicamente por el sector público. De la necesidad anterior, es que a principios de los 70 surgen instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como una respuesta de los empresarios a las demandas del sector sindical por contar con una vivienda cerca de los centros de trabajo. Ese modelo tripartito sigue vigente hasta nuestros días.
Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. En la década de los 80, las ciudades continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de financiamiento a la vivienda. Ante esta situación, se crearon instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (establecido en 1985), enfocadas en atender a otra parte de la población, que hasta entonces carecía de los satisfactores de la seguridad social. No obstante, incluso estas acciones fueron insuficientes para atender las crecientes necesidades de vivienda en el país.
Hacia la última década del siglo XX, iniciaron grandes procesos de privatización y desmantelamiento del Estado. Bajo este paradigma se asumía que las fuerzas de mercado, por sí mismas, cubrirían las deficiencias en la provisión de bienes y servicios que demanda la población, incluida la vivienda. Lo anterior supuso la adopción de un modelo de desarrollo de vivienda expansivo, horizontal y de bajo costo, que se llevó a cabo sin considerar criterios para asegurar la calidad de la vivienda y una ubicación próxima a los servicios urbanos y centros de trabajo. Un modelo que, entre 1980 y 2010, provocó que la superficie de las ciudades con más de 50 mil habitantes se extendiera en promedio tres veces más rápido que el crecimiento de su población.
Este modelo de vivienda, que fue altamente rentable en la primera década del siglo XXI, dejó fuera a la producción social de la vivienda, a comunidades organizadas en métodos tradicionales de construcción, entre otros. Se dejó de lado a casi cualquier política pública de gran escala dirigida a las necesidades de poblaciones con mayor marginación social y rezago. Se privilegió un modelo donde las grandes instituciones de vivienda (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) se limitaron al otorgamiento de créditos, expandiéndose el mercado y la industria.
Al paso de una década, ese modelo tuvo graves consecuencias; al no encontrarse una fórmula de coordinación adecuada entre los distintos niveles de gobierno para el desarrollo urbano, la vivienda no siempre respondió a las necesidades culturales y climáticas de cada zona geográfica, se desarrolló sin servicios públicos, alejada de los centros de trabajo y de satisfactores como transporte público y escuelas. Entre otras consecuencias de este modelo, se encuentra el abandono de aproximadamente 650 mil viviendas en la actualidad. Un problema es que la oferta parecía estar al servicio de intereses privados y no necesariamente de lo que necesitaba la gente.
El mandato de esta administración es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Lo anterior significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de México. Con esto, se busca revertir la situación descrita, a la vez que se atienden las necesidades actuales de la población, entre las cuales destaca un déficit de vivienda que suma las 9.4 millones de acciones en todo el país.
Por primera vez, un Programa Nacional incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estos criterios en los planes, reglas y programas de cada institución.
La nueva política de vivienda coloca su énfasis en los grupos más vulnerables, y le devuelve el acceso a la vivienda adecuada, en consonancia con el objetivo 2. Política Social del Plan Nacional de...
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