El proceso contra los Abarca, plagado de inconsistencias

AutorAnabel Hernández y Steve Fisher

De acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A Abarca se le acusa de "delincuencia organizada" en la modalidad "contra la salud con fines de fomento" (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

En la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Ta-maulipas, la PGR solicitó orden de aprehensión contra el exalcalde por el delito de "secuestro" contra los 43 estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.

Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso, en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

Respecto de Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Le-yva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.

El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad "contra la salud", la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.

La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios "de oídas" y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.

Exonerados en 2010

La primera denuncia contra la pareja por supuestas actividades ilícitas fue una denuncia telefónica anónima a la PGR el 1 de junio de 2010, mucho antes de que el empresario manifestara aspiraciones políticas.

"La herencia económica de los Pineda Villa está floreciendo en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, bajo la de su (sic) hermana María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo José Luis Abarca, quienes a últimas fechas han realizado inversiones importantes de más de 50 millones de pesos en céntricos terrenos, edificios de departamentos, casas y una plaza comercial, Galerías Tamarindos", señala la llamada registrada en la PGR.

La acusación dio origen a la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la pareja fue citada a declarar.

El 31 de agosto de 2010 Abarca rindió por escrito su declaración. Aclaró que se dedicaba al ramo de joyería, compra-venta de oro y otros metales similares y recorría poblaciones para vender de casa en casa. Agregó que desde 1988, cuando se casó con Pineda Villa, trabajaba en compañía de su esposa y sus hijas y que en 2010 obtenía ingresos tanto por el negocio de la joyería como por la administración del centro comercial Tamarindos.

Declaró ser propietario de 15 inmuebles en Iguala y afirmó que entre 2006 y 2009 sus ingresos por arrendamiento y por la actividad de joyero fueron de 19.5 millones de pesos.

El Centro Joyero de Iguala fue construido con la ayuda del gobierno de Guerrero y la Beneficiadora Nacional de Apoyo al Pequeño Comercio Establecido hace aproximadamente 24 años. Los dueños son los 145 locatarios. Abarca sólo posee sus locales.

El exedil dijo a la PGR ser propietario de cinco fracciones de un terreno rústico en el Bulevar H. Colegio Militar, donde construyó una parte de Galerías Tamarindos. En mayo...

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