La procedencia del amparo indirecto por agravio irreparable

AutorJorge Antonio Galindo Monroy
Páginas27-90
LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO
POR AGRAVIO IRREPARABLE1
Jorge Antonio Galindo Monroy2
Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes Históricos. 2.1. El amparo en el
Virreinato y en los primeros años de México independiente. 2.1.1. Recurso de Fuerza
Amparo y Protección. 2.1.2. El amparo yucateco. 3. La Constitución de 1857. 3.1.
Argumentos de Vallarta para oponerse al amparo judicial y el alegato que en contra
de esas ideas dio el abogado postulante Lancaster Jones. 3.2. Otras objeciones que
pueden hacerse a los argumentos de Vallarta para impugnar la procedencia del
amparo judicial. 4. Leyes Reglamentarias de los artículos 101 y 102 de la
Constitución de 1857. 4.1. La ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102
de la Constitución de 1857, expedida en 1861. 4.2. La Ley Orgánica Constitucional
sobre el Recurso de Amparo de 1869. 4.2.1. El caso del homicidio del general Patoni
y la prohibición del amparo judicial. 4.2.2. Caso de Miguel Vega y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. 4.3. Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la
Constitución Federal del 14 de diciembre de 1882. 4.4. Código de Procedimientos
Federales del 14 de noviembre de 1895. 4.5. Código de Procedimientos Federales
del 6 de octubre de 1897. 4.6. Código de Procedimientos Federales del 3 de octubre
de 1900. 4.7. Código Federal de Procedimientos Civiles aprobado el 26 de diciembre
de 1908. 5. Constitución de 1917. 5.1. Leyes Reglamentarias de los artículos 103 y
107 de la Constitución. 5.1.1. Ley de Amparo de 1919. 5.1.2. Ley Orgánica de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Federal del 30 de diciembre de 1935,
publicada el 10 de enero de 1936. 5.1.3. Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución del 1 de abril de 2013, publicada el día 2 siguiente. 6. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN
En la ley de Amparo del 2 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial del día 3
siguiente, se prescribe en su artículo 107, fracción V, que el amparo ante el juez de distrito
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1La idea de escribir este ensayo fue el resultado de la invitación que me hizo el Instituto de la Judicatura
Federal, para participar en la mesa redonda sobre el tema de agravios irreparables, en la que también
participaron los magistrados de circuito Mauro Miguel Reyes Zapata y Miguel Bonilla López, con motivo
de las jornadas académicas en homenaje al magistrado Leonel Castillo González, por su retiro de la carrera
judicial, celebradas del 19 al 21 de agosto de 2019 en la sede del Instituto.
2Abogado por la Universidad Iberoamericana, catedrático en derecho constitucional y procesal
constitucional, consultor y postulante en las materias constitucional, civil y administrativo, miembro de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados. A. C.
procede en contra de los actos de los jueces que sean de imposible reparación,
entendiéndose por estos a los que afectan materialmente los derechos sustantivos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea
parte.
La hipótesis contenida en el precepto y fracción citados pone de nueva cuenta en la
palestra la discusión, que se suponía superada, sobre la posibilidad de que el juicio de
amparo proceda en contra de las resoluciones de los jueces y en el caso de que así sea,
que resolución o resoluciones pueden combatirse a través del juicio de garantías y en qué
momento deben impugnarse.
En este trabajo se hará un estudió histórico, constitucional y procesal para determinar
que sí es posible combatir en amparo indirecto las violaciones procesales irreparables
aunque no se hayan materializado, a menos que su materialización solo dependa de que se
han ordenado, aunque no se hayan ejecutado.
Para tal efecto se estudiará el proyecto y el texto de la Constitución de 1857, en especial
los artículos 14, 21 y 26 de la propuesta presentada y los artículos 14 y 16 del texto
constitucional aprobado, los artículos 103 y 107 de la Constitución de 1917, las tres leyes
reglamentarias que han tenido, la de 1919, la de 1936 y la de 2013. Además, se analizarán
los preceptos constitucionales y legales en los que se ha dispuesto la procedencia e
improcedencia del amparo judicial, en específico en contra de los actos de los jueces que
puedan causar un agravio irreparable, así como los criterios que ha tenido la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sobre el tema.
RESUMEN
Desde el nacimiento del juicio de garantías, se objetó su procedencia en contra de
resoluciones judiciales, pero como en el artículo 101 de la Constitución de 1857, se
prescribió que los tribunales federales conocerían de los juicios en contra de leyes y actos
de autoridad que violaran las garantían individuales. Desde mediados de 1869, la Corte en
Pleno, al resolver en revisión el amparo Vega, y al oponerse a la procedencia del juicio
político a que intentó someterlo el Congreso, consideró que al ser los jueces autoridades en
términos del artículo 50 constitucional, el juicio de amparo procede en contra de ellos, por
lo que a partir de ahí, se pudieron atacar las resoluciones procesales una vez que se dictaban
las sentencias, lo que ocasionó el incremento en los juicios de amparo, y a que en 1908 se
reformara el artículo 102 constitucional para prohibir que los amparos se presentara antes
de que se dictara la sentencia en el juicio. Esta reforma dio lugar a la improcedencia de los
amparos en contra de las violaciones irreparables, por lo que al expedirse en ese año el
Código Federal de Procedimientos Civiles, se prescribió que las violaciones irreparables
se atacaran cuando se cometieran, aunque no se hubiera dictado sentencia, siempre y
cuando fueran efectivas, es decir que se hubiera materializado, lo que impidió resolver el
problema de la improcedencia del juicio en contra de esas violaciones. Esta regla se reiteró
en las Leyes de Amparo de 1919 y 1936, pero la Tercera Sala de la Corte la estimó
inconstitucional al no contemplarse en el artículo 107 fracción IX de la Constitución,
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aunque el problema realmente fue resuelto por la jurisprudencia publicada en 1988 por el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la que se definió qué
debía entenderse por las violaciones reparable e irreparables, tesis que fue confirmada y
posteriormente matizada por la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, en la Ley de
Amparo de 2013 se reinsertó el requisito de la materialización del agravio, con su
consecuente problemática, por lo que en este trabajo se busca proponer una solución para
evitar que el amparo en contra de las violaciones procesales irreparables sea improcedente
y no se deje en estado de indefensión a los particulares.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1. EL AMPARO EN EL VIRREINATO Y EN LOS PRIMEROS AÑOS
DE MÉXICO INDEPENDIENTE
2.1.1. Recurso de Fuerza Amparo y Protección
En la Nueva España se encuentran dos antecedentes muy importantes de la defensa
jurisdiccional de los derechos humanos. En efecto, en el Archivo General de la Nación se
encuentran unas diligencias de información y probanza promovidas en Teotihuacán en los
años de 1610 y 1611 por Doña Ana Cortez Ixtlixóchitl y su esposo Juan de Peraleda,
resueltas por Don Luis de Velasco, Marques de Salinas, virrey, lugarteniente del rey,
gobernador y capitán general de la Nueva España y presidente de la audiencia y chancillería
real. En estas diligencias los promoventes hicieron constar que Doña Ana Cortés
Ixtlixóchitl en su carácter de hija legítima y mayor de Doña Francisca, quien no tuvo hijos
varones, heredó el señorío del pueblo de San Juan Teotiguacan continuando con la
posesión que del mismo tuvieron sus padres y abuelos, pero que no obstante ello tenían
noticias que diversas personas se posesionaron de algunas de las tierras de su señorío para
laborarlas sin su consentimiento, por lo que solicitaron que la justicia los amparare en todo
lo que fuere añejo y perteneciente a su señorío, impidiendo que se ocupen sus tierras y se
promuevan pleitos que le causen agravio.
Para demostrar su dicho, Doña Ana Cortez Ixtlixóchitl y su marido ofrecieron y
desahogaron 17 testimoniales, entre las que se encontraron las de Don Baltazar Samora,
Martín Juan, Constantino Tomás, Bernardo Rodríguez, Dionisio de San Francisco, Don
Juan de Santiago gobernador del pueblo de Guejutla, Cristóbal de Santa María, Luis de San
Martín, Pedro de Santiago, Luis de Soto gobernador de Otumba, Don Bernabe de Santa
María, Casique de Tescuco, Gabriel de Segobia indio principal de Tescucu, Don Luis
Méndez alcalde del pueblo de Oculma, quienes esencialmente declararon que desde hace
mucho tiempo Doña Ana Cortez y sus antepasados fueron señores del pueblo de San Juan
Teotiguacan y de sus tierras, dando las colindancias del pueblo, así como la manera en que
se fue transmitiendo el señorío y posesión de las tierras hasta llegar a Doña Ana Cortez.
Posteriormente, Don Fernando De Alba Ixtlixóchitl en nombre de sus padres Juan de
Peraleda y Ana Cortez Ixtlixóchitl alegó que tienen presentado un mandamiento de amparo
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