El problema contramayoritario en el sistema de control constitucional mexicano

AutorEverardo Rodríguez Durón
Páginas271-296
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El problema contramayoritario
en el sistema de control
EverardoRodríguez Durón*
SUMARIO: I. Democracia y Constitución. II. Las partes del pro-
blema contramayoritario. III. El problema contramayoritario
en el sistema constitucional mexicano. III.1. Los factores agra-
vantes. III.2. Los factores atenuantes. IV. Volvamos al principio.
V. Fuentes.
I. Democracia y Constitución
El derecho constitucional ha atestiguado en las últimas décadas una
notoria expansión. Sin embargo, el papel protagónico de la Cons-
titución como centro de gravitación del sistema jurídico (Häberle,
2007, pp. 81-85), no está exento de dificultades y complicaciones. En
ese sentido, uno de los ejemplos más destacados de dichas tensiones
tiene que ver con el hecho de que las cartas constitucionales contem-
poráneas presentan un compromiso aparentemente irreconciliable con
un par de ideas diametralmente opuestas: la primera, representada por
el ideal del autogobierno; y la segunda, por el establecimiento constitu-
cional de un sistema de límites y vínculos para tutelar las declaraciones
de derechos que han encontrado lugar en las leyes fundamentales, es-
pecialmente después de la segunda mitad del siglo pasado.
En esencia, prácticamente todas las constituciones representativas
del movimiento «neoconstitucionalista» poseen como notas caracte-
rísticas tanto una declaración solemne de derechos protegidos por la ri-
gidez de la ley fundamental (Prieto, 2013, pp. 25-31; Ferrajoli, 2009,
p. 26), como un mecanismo de control de constitucionalidad, «cuyo
* Profesor de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la Universidad de Guanajuato.
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papel es garantizar la primacía constitucional mediante la revisión
de validez de las normas dictadas por el legislador» (Orunesu, 2012,
p. 32). Por tanto, cuando una constitución reúne en algún grado la coe-
xistencia de ambos elementos, la tensión del constitucionalismo frente
al ideal democrático se vuelve difícil de soslayar, toda vez que la rigidez
de la Constitución y el control de la regularidad asignado a la rama judi-
cial son mecanismos que atentan contra el principio del autogobierno.
El autogobierno es el ideal que subyace a la democracia, en tanto
que ella puede ser caracterizada por un conjunto de reglas que estable-
cen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué
procedimientos. El Estado, al ser un ente colectivo formado por todas
las personas que se hallan bajo su imperio, requiere tomar decisiones
grupales que aseguren su supervivencia tanto en el interior como en
el exterior. Sin embargo, como lo escribe Bobbio (2008), para que una
determinación «pueda ser aceptada como una decisión colectiva, es
necesario que sea tomada con base en reglas que establecen quiénes
son los individuos autorizados para tomar las decisiones obligatorias
para todos los miembros del grupo y con qué procedimientos» (p. 24).
Frente a la aporía planteada por el deseo de autogobierno y la necesidad
de permanencia del pacto social, la democracia se presenta como un
procedimiento que conserva la ventaja de considerar la voz de todos
los implicados, mucho más que otros mecanismos, al haber ampliado
el derecho activo al voto a prácticamente el grueso de la población,
y al colocar a todos los electores en un plano de igualdad. Así, el pro-
cedimiento democrático ofrece un mayor grado de confiabilidad para
tomar decisiones intersubjetivas validas, que además resultan fortale-
cidas mediante el empleo de los mecanismos dialógicos entre todos los
interesados (Bobbio, 2006, pp. 39-44; Kelsen, 2015, p. 15-16).
Ahora bien, con arreglo a los principios que caracterizan la demo-
cracia, existiría poco espacio para sostener la limitación de los pode-
res de un cuerpo legislativo que representa en toda su fuerza al prin-
cipio mayoritario, aun cuando dicha restricción pretenda justificarse
en nombre de los derechos fundamentales o del precompromiso axio-
lógico representado en la Constitución. Es justo aquí donde aparece
el problema de legitimación democrática del constitucionalismo, co-
múnmente denominado como el problema contramayoritario (Bayón,
2000, p. 67; 2004, pp. 67-138). La tensión democrática del constitucio-
nalismo, se puede contemplar desde dos ángulos distintos. En primer
lugar, el problema contramayoritario implica —como sostiene Holmes
(2012)— una tesis en contra del «atrincheramiento de los derechos
fundamentales», propio de las constituciones rígidas (p. 218). Al es-
tablecer un procedimiento de reforma con exigencias más elevadas

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