Probar tortura, otro tormento (I)

AutorMaría Elena Cantú

Con el hashtag #NoMásTorturas, la organización "Mujeres Unidas x la Libertad" hace un llamado a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que emita un decreto con perspectiva de género y libere a mujeres víctimas de tortura.

La campaña que encabeza Beatriz Maldonado, directora de la organización, tiene un rostro: Liliana Yépez.

La noche del 30 enero de 2012, Liliana fue citada en la sede de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad México para que supuestamente identificara unas grabaciones relacionadas con un secuestro que ella misma había denunciado. Buscaba justicia, lo que encontró fue tortura para que se autoincriminara.

"Me sacó la pistola y la puso en el escritorio amenazándome (...) uno de los agentes me dijo: tu hijo mayor está afuera, ¿vas a querer que lo meta y que le ponga en su madre delante de ti? Vas a ver si no firmas. (...) Me dieron unas hojas y las firmé", denunció Liliana ante el juzgado.

Se pasó por alto. Hoy, además de una larga sentencia, lleva a cuestas probar que fue torturada.

El caso de Liliana es preocupante y no es aislado, hay miles de personas que han sido víctimas de fabricación de culpables. En el caso vemos todos elementos característicos de este fenómeno: el actuar irregular de autoridades judiciales, de autoridades ministeriales, fabricación de pruebas, vemos violencia y tortura, afirma Mariana Domínguez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La regla general frente a esta "práctica extendida del uso de la tortura" en el contexto de proceso penal, "es la impunidad, y la falta de consecuencias procesales" adecuadas a este tipo de denuncia, sostiene Luis Tapia, abogado que durante ocho años en el Centro Prodh...

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