Sobre los presupuestos morales de la interpretación intencional
| Fecha | 01 Diciembre 2024 |
| Autor |
Isonomía • Núm. 61 • 2024 •10.5347/isonomia.61/2024/734• [342]
Resumen: En este artículo se deende la tesis de que la interpretación del derecho legislado
debe orientarse a identicar las intenciones comunicativas de su autor (el cuerpo legislativo
relevante). El fundamento radica en que legislar e interpretar son actividades que so lo tienen
sentido si se reconocen como el ejercicio continuado de una agencia colaborativa, basada en
responsabilidades compartidas y en la necesidad de responder a razones comunes, lo que es
posibilitado por el nexo normativo que proporcionan el rule of law y los propósitos morales que
lo justican. Mientras el orden institucional cumpla con los requisitos mínimos que identica
el punto de vista de la agencia autónoma y las autoridades satisfagan la expectativa de que ac-
tuarán respondiendo a razones, existe una obligación moral para los involucrados en la práctica
jurídica de identicar las modicaciones que producen las leyes en el derecho acudiendo a las
intenciones de sus creadores.
Palabras clave: moral y derecho, interpretación jurídica,normatividad jurídica, estado
de derecho.
Abstract: is paper defends the thesis that the interpretation of legislated law should be
aimed at identifying the communicative intentions of its author (the relevant legislative body).
e foundation lies in the fact that leg islating and interpreting are activities that only make
sense if they are recognized as the continued exercise of a collaborative agency, based on shared
responsibilities and the need to respond to common reasons, which is made p ossible by the
normative nexus provided by the rule of law and the moral purposes that justify it. As long as
the institutional order meets the minimum requirements identied by the standpoint of auto-
nomous agency and authorities satisfy the expectation that they will act in response to reasons,
there is a moral obligation for those involved in legal practice to identify the changes that legal
statutes introduce in law based on the intentions of their creators.
Keywords: morality and law, legal interpretation, legal normativity, rule of law.
Sobre los presupuestos morales de la interpretación intencional
On the Moral Assumptions of Intentional Interpretation
Ricardo Marquisio Aguirre
Universidad de la República, Uruguay
rmarquisio@gmail.com
[343] Isonomía • Núm. 61 • 2024
Sobre los presupuestos morales de la interpretación intencional
I. Introducción
En este trabajo se considera el modo en que la intención debería ser tomada en cuenta a
la hora de determinar el contenido de los enunciados jurídicos de fuente legislativa. En-
tiendo por intención legislativa la expresada por el órgano constituido con la nalidad
de legislar, de acuerdo con los procedimientos institucionales aceptados como válidos
por la comunidad, en cuanto a modicar el derecho (las actuales calicaciones de con-
ducta) en determinado sentido y en función de un propósito especíco. La intención
legislativa comprende, por tanto, no el mero establecimiento de enunciados normativos
sino la introducción efectiva de normas jurídicas1.
Mi tesis es que la interpretación de la leg islación debe orientarse a identicar las
intenciones comunicativas de su autor (el cuerpo legislativo relevante). Se trata de una
obligación originada en la función que cumple el derecho, como sistema normativo ar-
ticial, al servicio de agentes morales autónomos responsables por la estructuración del
mundo social. Esta responsabilidad impone a los intérpretes un rol colaborativo en la
identicación del contenido del derecho, basado en un vínculo de reciprocidad con las
autoridades legislativas, que posibilitan el ideal del rule of l aw y los propósitos morales
que lo justican2.
Teniendo en cuenta que la legislación consiste en enunciados a través de los que se
pretende introducir modicaciones al orden jurídico, la defensa de la interpretación
intencional requiere el respaldo de dos premisas, una conceptual y otra normativa.
La premisa conceptual reere a la forma en que hay que entender al derecho legisla-
do y al objeto especíco de la actividad interpretativa.
En los sistemas jurídicos contemporáneos, la leg islación constituye un caso central
de creación deliberada de derecho, con características distintivas: es el producto de una
intención de cambio jurídico; resulta del obrar de un agente humano individual o co -
lectivo institucional (el parlamento); se comunica a través de palabras escritas (Gardner,
2012, pp. 56-65). La legislación puede ser caracterizada como una actividad producida
por ciertos agentes, con el propósito especíco de modicar el derecho y destinada a
ser comprendida por otros agentes. Esto implica la p osibilidad de concebir al proceso,
que va de la formulación y sanción de un texto normativo por la autoridad legislativa
competente hasta la determinación de su signicado, como una práctica c olaborativa
entre agentes intencionales, cuyos roles se articulan en torno al proceso comunicativo y
sus estándares regulativos (véase Grice, 1992, pp. 24-31).
Isonomía • Núm. 61 • 2024• [344]
DOI:110.5347/isonomia.61/2024/734Ricardo Marquisio Aguirre
El sentido de la tarea legislativa no puede ser comprendido de forma plena sin una
referencia a que se encuentra al servicio del bien común, es decir, a valores morales
compartidos, cuya posibilidad de realización en una comunidad política constituye la
justicación paradigmática del poder de modicar de modo intencional el estatus nor-
mativo de las personas (Perry, 2013, pp. 68-72). El concepto de bien común cobra re-
levancia a partir de la noción de membresía de la comunidad política, que proporciona
un punto de vista deliberativo público para la identicación de los intereses comunes de
los ciudadanos, más allá de sus objetivos y proyectos privados. Las discusiones sobre po-
líticas públicas, que implican decisiones acerca de la provisión de bienes y la relevancia
de los intereses competitivos en una comunidad, remiten a este punto de vista (Hussain,
2018). Desde luego, en una socie dad democrática existen marcados desacuerdos sobre
valores morales sustantivos y, por tanto, numerosas interpretaciones c ompetitivas del
bien común. La decisión legislativa, adoptada por la regla mayoritaria y según procedi-
mientos preestablecidos, c onstituye el método por excelencia de resolver estas discre-
pancias ciudadanas, en circunstancias donde ningún punto de vista puede validarse por
sí mismo (Waldron, 1999, p. 111).
El documento donde se consagra una propuesta aprobada de ley no puede ser visto
como el resultado de una acción colectiva arbitraria o idiosincrásica, desconectada de
la problemática que pretendió resolver, los bienes e intereses que estaban en juego y los
puntos de vista competitivos entre los cuales arbitró. En consecuencia , el texto tiene
relevancia por ser el instrumento idóneo para la comprensión del cambio especíco
en el derecho que pretendió el agente legislativo. De allí surge el objeto especíco de la
actividad interpretativa en la práctica jurídica.
Como hacen notar Anderson y Shute, se suele abusar de la palabra interpretación,
aplicándola a casi todo lo que hacen los juristas, desde la atribución de signicado a los
textos de las fuentes sociales hasta la determinación jurisprudencial del contenido de
los valores constitucionales, pasando por la valoración de las pruebas en el proceso. De
este uso omnicomprensivo del término poco se puede concluir. Es necesaria la concep-
tualización de una actividad como interpretativa pura, lo que puede hacerse en función
de un cierto propósito: “comprender y expresar de modo correcto el sentido de una ex-
presión original” (traducción mía). Así, el punto crucial para establecer la corrección de
una interpretación es el rol (asociado a virtudes como la experiencia, el c onocimiento
especializado, la inteligencia y la razonabilidad) que atribuimos a un agente, al servicio
de determinar aquello que un autor quiso decir a través de un texto escrito o de una
expresión oral (Anderson y Shute, 2018, pp. 13-14).
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