Presentación
| Autor | José Ángel Villalobos Magaña |
| Cargo | Presidente del Consejo de Administración |
| Páginas | 1-1 |
LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 1
Presentación
L
a reciente aprobación en la Cámara de Diputados
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de
2022, tras un “debate” en el que fueron recha-
zadas cerca de dos mil reservas presentadas por
los partidos políticos de oposición, ha dejado claro que
la prioridad para el gobierno federal seguirán siendo
los programas sociales que han apuntalado la imagen
del presidente Andrés Manuel López Obrador —como
evidencia el incremento de recursos para la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de
Bienestar—, así como los proyectos insignia de esta
se asignaron recursos por 45,000 millones de pesos— y
el Tren Maya —que recibirá 62,000 millones de pesos—.
Más allá las particularidades del presupuesto y sus
repercusiones en materia económica, resulta de interés
para el gremio jurídico la reducción de 8,000 millones de
pesos para los órganos autónomos —siendo el Instituto
Nacional Electoral el más afectado, con una disminución
de casi 5,000 millones de pesos— y el recorte al Consejo
de la Judicatura Federal de cerca de 3,000 millones de
pesos, con respecto al año anterior.
Como se ha comentado en otras oportunidades
en este espacio —citando a nuestro consejero Elisur
Arteaga—, los órganos constitucionales autónomos son
depositarios de funciones estatales que buscan descen-
tralizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y
transparentar la marcha de la administración pública,
sin adscribirse a los poderes tradicionales del Estado.
Sin embargo, es de sobra conocido que a últimas fechas
han sido objeto de injerencia e intentos de captura por
parte de diversos actores políticos. Preocupa, en este
escenario, el ánimo de venganza que se advierte en el
recorte, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral,
cuyo titular ha sido objeto de continua denostación,
especialmente desde el proceso electoral de junio pasado.
Ya en su momento, Lorenzo Córdova señalaba en este
espacio: “Somos órganos de control del poder, lo cual
siempre genera tensiones y presiones. El problema no
es que haya presiones, sino que las autoridades cedan y
que la autonomía quede en un mero membrete”. ¿Cuáles
serán los efectos que tendrá esta reducción de más de la
cuarta parte del presupuesto operativo del instituto? El
consejero presidente ya lo ha anticipado: la imposibilidad
de seguir ampliando los derechos políticos de la ciuda-
danía y la puesta en riesgo de ejercicios democráticos
como la revocación de mandato.
Por su parte, el recorte al Consejo de la Judicatura
impartidores de justicia, parece enviar un claro mensaje:
la política seguirá prevaleciendo por encima del Estado
de derecho; los fallos que suspendan las reformas ema-
nadas del Ejecutivo seguirán cuestionándose de forma
implacable y los jueces responsables de emitirlos serán
exhibidos públicamente. Asimismo, el equilibrio de pode-
res que resulta de la labor de los juzgadores continuará
en riesgo frente a la arbitrariedad del gobierno federal.
El cierre del año nos presenta, así, el escenario que
enfrentaremos las y los abogados en 2022. “Nada puede
ni debe estar por encima de las leyes que rigen en una
objetivo: redoblar esfuerzos por consolidar el Estado de
derecho en nuestro país.
Cordialmente,
José Ángel Villalobos Magaña
Presidente del Consejo de Administración
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