Precedentes judiciales en 2005 -Constitución Política y Ley del ISR-

AutorSocios en Ortiz, Sainz y Erreguerena, SC
PáginasA20-A31

Introducción

En materia fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), como parte de su actividad jurisdiccional, vía la publicación de tesis dan a conocer su criterio jurídico al resolver un caso concreto.

Las tesis se clasifican en:

  1. Tesis aisladas: criterios jurídicos que no han cumplido los requisitos legales, tales como la reiteración o la contradicción, para tener el carácter de jurisprudencia; y

  2. Tesis jurisprudenciales: criterios jurídicos que alcanzan el rango de jurisprudencia, por satisfacer los requisitos legales para ello, tales como la reiteración o la contradicción.

De las tesis en materia fiscal aprobadas durante 2005, tanto en la SCJN como en el TFJFA, los socios de la firma Ortiz, Sainz y Erreguerena, SC, seleccionaron las que consideraron sobresalientes y elaboraron diversos comentarios al respecto.

En esta primera parte se incluyen los comentarios referentes a los criterios expresados con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

EQUIDAD TRIBUTARIA. AMBITO ESPECIFICO DE SU APLICACION.

Tesis aislada 1a. CXXXVI/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, aprobada en octubre de 2005.

La garantía de equidad tributaria tiene un ámbito de aplicación específico, referente a que en las disposiciones legales en materia impositiva dicho principio es aplicable al establecimiento de contribuciones, exenciones o delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias. Por ello, en los casos de normas que no tienen repercusión fiscal, cuando se reclame un trato diferenciado, éste debe estudiarse a la luz de la garantía de igualdad.

MEDIDAS DE EXONERACION EN MATERIA FISCAL. SU PROPOSITO DEBE RESPONDER A UN RELEVANTE INTERES SOCIAL O ECONOMICO NACIONAL, Y ATENDER AL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Tesis aislada 1a. CXL/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de 2005, página 41.

La tesis de referencia establece que los instrumentos o medidas que puede emplear el Ejecutivo para otorgar una subvención, exoneración o beneficio fiscal a determinados grupos sociales, no pueden constituir un tratamiento de favor, ni siquiera para socorrer a los exonerados, siendo que su objetivo es responder a un interés social que se considera relevante, y es en ello en donde radica la justificación de su existencia, ya que dichas medidas constituyen una afectación al principio de igualdad que es uno de los grandes límites del poder tributario estatal.

En este sentido, conforme a la tesis en mención, tales medidas de exoneración fiscal se encuentran sujetas al control constitucional, por lo que el trato diferenciado que se otorga a través de las mismas debe estar autorizado al enfocarse en una situación que se estima inapropiada o indeseable, a la solución de una problemática particular, o bien, a impedir la expansión de sus efectos, por lo que si dicho trato diferenciado carece de respaldo constitucional, el juzgador de amparo deberá poner fin a la discriminación que de tal circunstancia se deriva.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACION RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.

Tesis aislada 1a. CXXI/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, página 704.

La tesis en cita hace la distinción entre lo que es la aplicación retroactiva y el análisis de la retroactividad de la ley. El análisis de la retroactividad de la ley conlleva estudiar si una determinada norma tiene o no vigencia respecto de derechos adquiridos o situaciones acaecidas antes de su entrada en vigor. Mientras que el análisis sobre la aplicación retroactiva de la ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de conflicto de normas se aplique la que otorgue mayor beneficio al particular.

FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ORGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACION DE LAS CONTRIBUCIONES.

Jurisprudencia 1a./J. 46/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de 2005, página 157.

Como lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal de Justicia, existen algunos supuestos en los que el Estado establece contribuciones con fines extrafiscales, esto es, como instrumentos eficaces para impulsar la política financiera, económica o social, o bien, para orientar, encauzar, alentar o desalentar ciertas actividades o usos sociales, casos en los cuales el legislador deberá reflejar su voluntad en el proceso legislativo (iniciativa, dictámenes, exposición de motivos o en la propia ley), salvo que la finalidad que se persigue con la imposición del gravamen sea un hecho notorio, como el de ayudar a clases marginales.

Lo anterior se debe a que como bien lo dice nuestro más Alto Tribunal de Justicia en la jurisprudencia en comento, en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley, y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar.

Por tanto, si se toma en cuenta que al legislador le corresponde señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, salvo que se trate de un hecho notorio, serán los órganos jurisdiccionales quienes, tomando en consideración lo expresado por el órgano encargado del proceso legislativo, determinarán la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley reclamada.

JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACION DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA.

Tesis aislada 1a. LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, aprobada en junio de 2005.

Según el criterio señalado, las autoridades legislativas al igual que las encargadas de administrar justicia, tienen obligación de observar la garantía de justicia prontay expedita prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, siendo que en el primero de los casos esta garantía se respeta cuando se establecen en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales debe sujetarse la autoridad que interviene en los procesos legislativos.

Con lo anterior se evita que a través de los actos legislativos existan tratos favorables hacia una de las partes que interviene en los procesos jurisdiccionales, así como el hecho de que éstas puedan extender arbitrariamente los tiempos previstos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones procedimentales, ya que las mismas deberán atender únicamente a los establecidos por los legisladores en las leyes correspondientes.

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACION CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS.

Tesis aislada P. IX/2005, sustentada por el pleno de la SCJN, aprobada en marzo de 2005.

De acuerdo con la postura de la SCJN, para estar en posibilidad de calificar la proporcionalidad en los impuestos indirectos, como es el impuesto al valor agregado, es menester atender a la naturaleza particular del tributo. El impuesto al valor agregado constituye un impuesto indirecto al consumo, que grava el valor que se agrega a los bienes y servicios dentro de las distintas etapas de la cadena de producción y distribución; igualmente, cuenta con la característica de ser un impuesto trasladable, entendiendo por esto que el causante puede repercutir una cantidad equivalente del impuesto que causa a los consumidores, quienes a su vez podrán repercutir el que ellos causen hasta llegar al consumidor final, y estrechamente vinculado con lo anterior, el impuesto al valor agregado constituye un tributo acreditable.

Efectivamente, como lo ha sostenido la SCJN en la tesis referida, en el caso del impuesto al valor agregado la figura jurídica del acreditamiento es la que permite dar cumplimiento al principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que por virtud de ella el causante del impuesto recuperará el monto equivalente al impuesto al valor agregado que le hubiese sido trasladado, o el que haya pagado con motivo de la importación, de tal suerte que sólo contribuya por concepto de dicho gravamen en una cantidad equivalente al valor que éste agrega en la producción o distribución de los bienes o servicios.

NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, NO CASOS EXCEPCIONALES.

Tesis aislada 1a. CCV/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, aprobada en noviembre de 2005.

La armonización entre la justicia tributaria y la eficiencia del sistema impositivo de que se trate, se consigue a través de la formulación legal de los hechos imponibles que se apoyen en supuestos verosímiles y razonables de la realidad social que, como tales, sean demostrativos de la capacidad económica base del principio de proporcionalidad tributaria.

OBLIGACIONES MATERIALMENTE RECAUDATORIAS. SU CONCEPTO.

Tesis aislada 1a. X/2005, sustentada por la Primera Sala de la SCJN, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, página 215.

Por obligaciones materialmente recaudatorias deben entenderse todos aquellos elementos fiscales vinculados directamente con la causación, exención, devolución u otras figuras tributarias necesariamente encaminadas a la determinación de la obligación sustantiva del pago de la contribución; asimismo, se entienden como parte de éstas a algunas obligaciones formales.

En...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR