Precedente num. 422/2024 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-03-2026 (AMPARO EN REVISIÓN)
| Emisor | Pleno |
| Juez | Lenia Batres Guadarrama |
| Fecha de publicación | 20 Marzo 2026 |
| Época | Duodécima Época (SJF) |
| Localizador | Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Marzo de 2026, Tomo III, Volumen 1,158 |
AMPARO EN REVISIÓN 422/2024. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS S.I.H.G., QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, I.E.B., QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, Y.E.M., QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, L.B.G., L.O.A., G.A.F.M., A.R.G.G.Y.H.A.O.. PONENTE: L.B.G.. SECRETARIA: M.N.N.C..
SÍNTESIS
Hechos: Una persona promovió amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del P. de la República y otras autoridades por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular por los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio.
El quejoso señaló en los conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 8o., 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En sentencia la jueza de distrito resolvió sobreseer por ser inexistentes los actos de aplicación del decreto impugnado que fueron adjudicados al S. de Economía, al Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y al Director General de Minas, y conceder el amparo para que no le fuera aplicado a la parte quejosa el decreto impugnado y se le continuaran aplicando las normas anteriores a las reformadas por dicho decreto.
En contra de esta determinación interpuso recurso de revisión el subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados y la directora de Amparos y Controversias Constitucionales y Legales de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República; mientras que la persona quejosa interpuso revisión adhesiva.
El tribunal colegiado asignado, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, determinó entre otras cosas enviar los autos del asunto a esta SCJN para que se asumiera la competencia originaria respecto a la constitucionalidad del decreto impugnado.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 422/2024, interpuesto en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés y terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 1066/2023 del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES
1. Demanda de amparo (1066/2023). M.A.D.A., por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del P. de la República y otras autoridades, por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular por los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio.
2. Del mismo modo, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Secretaría de Economía, por la intervención que tiene o pueda tener en la ejecución del decreto impugnado, así como la omisión de cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales de promover y garantizar los derechos humanos de los quejosos, de libre concurrencia y competencia económica.
3. El quejoso señaló en los conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 8o. 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
4. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, conoció del juicio de amparo indirecto, y mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, desechó parcialmente la demanda, respecto del refrendo y publicación del decreto impugnado, acto que se adjudicó al secretario de Gobernación y al Director del DOF, y admitió la demanda por el resto de los actos y autoridades señaladas.
5. El quejoso hizo valer los siguientes conceptos de violación:
Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua publicados en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, deben ser declarados inconstitucionales ya que vulneran el derecho humano a la igualdad plasmado en el artículo 1o., de la CPEUM, al reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras, pues se disminuye de 50 a 30 años la vigencia de la concesión y de 50 a 25 años su prórroga; además que favorece la figura de la asignación a las dependencias de gobierno por encima de los particulares y empresas privadas; lo que limita la libre competencia, así como el desarrollo de la industria minera.
El decreto impugnado elimina el esquema de primer solicitante en las concesiones, y se sustituye por concursos públicos, las asignaciones de paraestatales tendrían una vigencia de tiempo indefinido; lo que genera un trato discriminatorio respecto de las empresas paraestatales y las privadas.
Se restringe el derecho de petición porque en la resolución que se impugna en los artículos 13 y 13 BIS restringen el derecho de petición establecido en el artículo 8 de la CPEUM, ya que el anterior decreto que se combate bastaba con cumplir con los requisitos establecidos en la ley anterior como primer solicitante, para la obtención de una concesión minera y es el caso que esa limitación al derecho de petición no está comprendida en el artículo 8o., de la CPEUM.
Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la garantía de audiencia, misma que se consagra en el artículo 14 de la CPEUM, al ser la propia autoridad que en el artículo Quinto Transitorio desecha al entrar en vigor, las solicitudes de concesión minera sin más trámite, lo que violenta la garantía de audiencia y todas las formalidades esenciales del procedimiento al no ser oído y vencido en juicio.
Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la debida fundamentación y motivación legislativa. Ya que los actos de autoridad exigen fundamentación y motivación en la medida que actúan bajo un marco jurídico legal.
Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la garantía de audiencia consagrada en el artículo 133 de la CPEUM, al violar los tratados internacionales donde México es parte, como son la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya que se deja a las empresas y contrapartes de México; así como agentes económicos, en total estado de indefensión en cuanto se refiere a las reservas arbitrarias futuras sin determinar la desigualdad de las empresas paraestatales y las privadas. Por otra parte, la creación de un organismo público descentralizado violaría lo establecido en el Capítulo 22 del T-MEC porque establece títulos de asignación del Estado cuyo sustento y origen es ilegal.
6. Sentencia de amparo indirecto. La jueza de distrito resolvió sobreseer por ser inexistentes los actos de aplicación del decreto impugnado, que fueron adjudicados al S. de Economía, al Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y del Director general de Minas, y conceder el amparo para que no le fuera aplicado a la quejosa el decreto impugnado y se le continuaran aplicando las normas anteriores a las reformadas por dicho decreto. Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones:
El S. de Economía, el Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y del Director General de Minas, negaron los actos que les fueron adjudicados, sin que en autos se acreditara su existencia.
Los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, así como a la Presidencia de la República, se tuvieron por ciertos, debido a que al rendir sus respectivos informes aceptaron en el ámbito de su competencia la existencia de los actos que se les atribuye y, a que se trata de una norma, cuya existencia se acredita con su publicación en el medio de difusión oficial.
Calificó como infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, así como de la Presidencia de la República, consistentes en la falta de interés jurídico y actos reclamados futuros e inciertos. Porque consideró que el quejoso acreditó contar con títulos de concesión minera con vigencia del veinticuatro de abril de dos mil nueve al veintitrés de abril de dos mil cincuenta y nueve, a través de copias certificadas por el Notario Público número once, del estado de San Luis Potosí, del título a su nombre, de la concesión minera 233899, del lote “La Bonita”, con una superficie de 298.1769 hectáreas del municipio de Xichu, en el estado de Guanajuato y, de su credencial para votar. Por lo que el quejoso se ubica en los supuestos de las normas reclamadas y, desde el momento en que éstas son vigentes, afectan su esfera jurídica.
Calificó de infundado lo señalado por el P. de la República, esto porque la parte quejosa señaló que sí cuenta con interés para reclamar el proceso legislativo y las normas impugnadas.
Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en la ausencia de conceptos de violación, porque consideró que en la demanda sí se formularon motivos de disenso respecto de las normas impugnadas.
Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en actos consumados, porque consideró que existe la posibilidad de que el amparo tenga efectos restitutorios.
Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en concretización de los efectos del amparo, porque consideró que sí es posible no aplicar la norma impugnada al quejoso.
Finalmente, respecto del análisis de las causas de improcedencia, la jueza de distrito no advirtió de oficio, la actualización de alguna.
Posteriormente, en el estudio de constitucionalidad consideró que el principio de deliberación democrática es el pilar de todo proceso legislativo desarrollado en el marco de la CPEUM, y siempre existirá el riesgo de que las dispensas sean utilizadas por las mayorías parlamentarias para impedir la participación de los grupos minoritarios en las discusiones y aprobación de leyes.
Se actualizó una violación grave al procedimiento legislativo, porque la tramitación de la solicitud de dispensa para que la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, fuera considerada de urgente resolución, tiene una completa omisión por parte de la Cámara de Diputados de cumplir con la obligación constitucional de motivar la condición de urgencia. Lo anterior se acredita en la versión estenográfica de la sesión correspondiente.
Consideró, con base en el principio de deliberación democrática, que la Cámara de Diputados omitió indebidamente publicar y distribuir con anticipación, la iniciativa sometida a discusión por el pleno, en la sesión del veinte de abril de dos mil veintitrés.
Determinó, que se vulneró lo establecido en los artículos 64, numeral 1, 65, numeral 4 y 97, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, porque la iniciativa del decreto impugnado no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria antes de las veintidós horas anteriores a la sesión en la que se presentó.
Se violó el principio de deliberación democrática establecido en el artículo 72 de la CPEUM.
Citó como precedentes los criterios de la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023(1) y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023.
7. Recurso de revisión. El subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados y la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República, interpusieron sendos recursos de revisión en contra de la sentencia de amparo indirecto dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en audiencia constitucional el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, y firmada el veintinueve del mismo mes y año. La parte quejosa, M.A.D.A., presentó revisión adhesiva.
8. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifestó en sus agravios, sustancialmente, lo siguiente:
La CPEUM no prevé que el procedimiento legislativo deba acotarse con rigurosidad a los términos previstos en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
La flexibilidad de las normas únicamente puede ser limitada por las restricciones previstas en el artículo 72 de la CPEUM y de aquellas disposiciones constitucionales y convencionales que protegen los derechos humanos.
El procedimiento legislativo no debe ser calificado como lesivo por una supuesta deficiencia de técnica legislativa.
El juicio de amparo procede en contra de normas, actos u omisiones que causan un perjuicio real y directo a los derechos fundamentales de los quejosos, por lo que, aun suponiendo sin conceder, que exista una “deficiencia legislativa”, no implica un perjuicio susceptible de ser analizado en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 de la CPEUM y 1o. y 5o. de la Ley de Amparo.
El trámite de la iniciativa de mérito no contravino la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones a que hace alusión el artículo 72 de la CPEUM. Debido a que el procedimiento de discusión y votación se desarrolla en una etapa posterior y, por tanto, es ajena a la etapa de presentación de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
El artículo 72 de la CPEUM no prevé ninguno de los requisitos que la jueza de distrito señaló, que fueron omitidos.
Debe reconocerse la constitucionalidad del decreto impugnado, ya que ante los formalismos rigurosos y tradicionalistas instruidos en una norma de menor jerarquía (reglamento) debe prevalecer el mandato constitucional conforme al principio de supremacía de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM.
En cumplimiento del artículo 17 de la CPEUM, las autoridades competentes deben evitar que formalismos y tecnicismos no razonables impidan el ejercicio de un derecho, como lo es, en este caso, el ejercicio de iniciar leyes para ser discutidas y votadas.
Resulta infundado el planteamiento del quejoso, debido a que no existe violación al proceso legislativo, debido a que se acreditó que fue acordado por el Pleno de la Cámara de Diputados que la iniciativa en cuestión pasara para su pronta discusión y votación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1o., numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que, lo no previsto en el reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias y que se aprueben por el Pleno de la Cámara de Diputados.
9. La Presidencia de la República manifestó en sus agravios, sustancialmente, lo siguiente:
Las normas impugnadas son heteroaplicativas, pues el Transitorio Sexto del decreto mantiene la vigencia de las condiciones previas de explotación y el Transitorio Quinto dispone que seguirán aplicándose las reglas anteriores hasta que se reforme el reglamento.
Las disposiciones combatidas no generan afectación a su esfera jurídica del quejoso porque requieren de un primer acto de aplicación por parte de la autoridad minera. Acto que no fue acreditado en autos.
Los particulares no son afectados en sus derechos por iniciativas de urgente u obvia resolución. Quienes pueden reclamar violaciones al proceso legislativo bajo dichas circunstancias son, en todo caso, los grupos parlamentarios, a través de la acción de inconstitucionalidad, pues son quienes intervienen en el proceso legislativo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 de rubro: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO,(2) emitida por la extinta Segunda Sala de la SCJN. Jurisprudencia que no observó el juzgado de distrito.
Las supuestas irregularidades en el proceso legislativo no tienen impacto en los derechos de la parte quejosa, pues no existe un derecho oponible por la vía del juicio de amparo, respecto de la tramitación de la iniciativa como urgente y obvia resolución, de ahí la improcedencia del juicio en contra del decreto impugnado.
El principio de deliberación parlamentaria tutela a los grupos parlamentarios, no a los particulares.
La jueza de distrito no señaló cuáles son los derechos humanos que le son vulnerados a la parte quejosa con las supuestas violaciones al proceso legislativo.
La parte quejosa no acreditó en ningún momento, la afectación a su esfera jurídica.
La parte quejosa no formuló argumentos lógico—jurídicos que evidencien como se contrapone la totalidad del decreto impugnado a los artículos constitucionales que cita. Aunado a que, únicamente impugna los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio, que señala como disposiciones de la Ley Minera, sin que en ningún momento se aclare que se refiere a disposiciones del decreto impugnado. Por ello la jueza de distrito, al resolver, viola el principio de estricto derecho.
La jueza de distrito incumple lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debido a que no puede existir un restablecimiento de los derechos de la parte quejosa, debido a que no existe afectación en su esfera jurídica, ya que debió observar que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultaban insuficientes para combatir en su totalidad el decreto impugnado. Contrario a lo señalado por la parte quejosa, la iniciativa que dio origen al decreto impugnado fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, Número 6257-III-2, Año XXVI. El grupo parlamentario de M. sí justificó el motivo de urgencia y obvia resolución de la iniciativa del decreto impugnado, tal como consta en la versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves veinte de abril de dos mil veintitrés, de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.
10. En la revisión adhesiva, la parte quejosa hizo valer los siguientes argumentos:
Fue correcto que la jueza de distrito reconociera el interés jurídico debido a que, como concesionario minero, está sujeta a la aplicación de las normas mineras y sus reformas, no sólo por el trámite de concesiones futuras, sino porque dichas modificaciones, desde su entrada en vigor, afectan su esfera jurídica, ya que le imponen una nueva carga y condiciones a quienes adquirieron con anterioridad a la nueva norma, una concesión minera.
El decreto impugnado adolece de una redacción contradictoria entre sus transitorios y los mismos artículos que modificó. Es decir, la falta de claridad con que las disposiciones reformadas señalan el cumplimiento de nuevas obligaciones en relación con los transitorios del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica.
El acto reclamado contempla la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la parte quejosa.
Es inconstitucional el Décimo Transitorio del decreto impugnado y el artículo 27 de la Ley Minera reformado y por lo tanto, todas las disposiciones reformadas porque son parte del mismo sistema normativo.
La jueza de distrito realizó un adecuado análisis de la violación al proceso legislativo establecido en el artículo 72, inciso f, de la CPEUM, porque no se respetó el trámite de la iniciativa, discusión y aprobación de la Ley Minera, que se debió sujetar al principio de democracia deliberativa, lo que únicamente se puede alcanzar cumpliendo estrictamente lo señalado en el reglamento de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de lo contrario, las leyes que emanen serán inválidas al ser producto de un estudio escueto y deficiente, lo que va en detrimento de los intereses y derechos humanos de cada integrante de la sociedad.
No se justificó la motivación para que la iniciativa que genera el decreto impugnado prescindiera del dictamen de una de las comisiones de la Cámara de Diputados.
La democracia deliberativa, además de ser una garantía institucional, es una garantía de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, y la forma en que se ve reflejado lo que legisla el Congreso de la Unión, pues no puede existir deliberación si no hay conocimiento de lo que se delibera. Por ello, la Cámara de Diputados transgredió lo establecido en los artículos 71 y 72 de la CPEUM.
11. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció por cuestión de turno, de las revisiones principales y la revisión adhesiva, los registró con el número de expediente A.5., y en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, resolvió:
I.D. improcedente el recurso de revisión interpuesto por la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, porque no fue posible corroborar su legitimidad para representar al Senado de la República.
II.D. procedentes los recursos de revisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Presidencia de la República y, la revisión adhesiva presentada por el quejoso M.A.D.A..
III. Confirmó la sentencia en cuanto a lo que corresponde a su competencia, es decir, del análisis de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables.
IV. Ordenó él envió de los autos a esta SCJN para que asuma su competencia originaria respecto de la constitucionalidad del decreto impugnado.
12. Trámite ante esta SCJN. La entonces Ministra Presidenta de esta SCJN, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, ordenó asumir competencia originaria para conocer de los recursos de revisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República, así como de la revisión adhesiva que hizo valer la parte quejosa, al que correspondió el expediente 422/2024, admitió a trámite los recursos de referencia; asimismo, instruyó su turno a la M.L.B.G. y ordenó su radicación en la extinta Segunda Sala.
13. Avocamiento. El Ministro P. de la entonces Segunda Sala, mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil veinticuatro, se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la ministra ponente una vez que, se encontrara debidamente integrado.
14. Nueva integración de la SCJN. El uno de septiembre de dos mil veinticinco las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual SCJN rindieron protesta ante el Senado de la República.
15.Continuación del conocimiento del asunto. En términos del sexto transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.(3)
16. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el diecinueve de septiembre dos mil veinticinco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.
17. Vista a la parte quejosa. Mediante acuerdos presidenciales de la extinta Segunda Sala y de la actual Presidencia de esta SCJN de diez de febrero y treinta de septiembre, ambos de dos mil veinticinco, respectivamente, se dio vista a la parte quejosa con el proyecto de sentencia al haberse advertido oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia del respectivo juicio de amparo indirecto en términos de los artículos 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
I. COMPETENCIA
18. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para conocer y resolver el presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la CPEUM; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción VIII, inciso a) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el DOF el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, por tratarse de un amparo en revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad normas federales.
II. OPORTUNIDAD
19. Resulta innecesario el pronunciamiento de este Tribunal Pleno de la SCJN en cuanto a la oportunidad de los recursos, toda vez que esto fue analizado por el tribunal colegiado del conocimiento, quien mediante sentencia de nueve de mayo de dos mil veinticuatro determinó oportuna la presentación de los recursos de revisión principal y adhesivo.
III. LEGITIMACIÓN
20. Resulta innecesario el pronunciamiento de esta SCJN en cuanto a la legitimación, toda vez que ya fue resuelto por el tribunal colegiado del conocimiento, en resolución de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, en la que determinó que:
21. Los recursos de revisión interpuestos por la Subdirección de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República, fueron interpuestos por parte legítima.
22. M.A.D., parte quejosa en el juicio de amparo indirecto, se encuentra legitimado para interponer revisión adhesiva, ya que obtuvo sentencia a su favor.
23. Así, ante la improcedencia del recurso de revisión interpuesto por la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el tribunal colegiado de circuito determinó, que dicha autoridad no cuenta con legitimación.
IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
24. La parte quejosa reclamó en forma destacada los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio de la Ley de Minería modificada mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.
25. La juez de Distrito al examinar las causas de improcedencia relacionadas con los preceptos indicados estableció que la Secretaría de Economía expidió a nombre de la parte quejosa el título sobre el lote “La Bonita”, con vigencia del veinticuatro de abril de dos mil nueve al veintitrés de abril del dos mil cincuenta y nueve. Asimismo, consideró que ese medio de prueba era eficaz para demostrar que el quejoso contaba con un título de concesión minera, lo que ponía de manifiesto la calidad de concesionario que tenía el demandante.
26. Puntualizó que, el quejoso es sujeto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de concesiones para minería y agua desde la fecha en que entró en vigor porque se encuentra obligado a atender su contenido, pues cuenta con un título de concesión minera.
27. Por su parte, el tribunal colegiado de circuito, al resolver el recurso de revisión desestimó los agravios de las autoridades que versaron sobre la actualización de las causas de improcedencia del juicio de amparo, que contrariamente a lo señalado por las autoridades responsables, al quejoso le asiste interés jurídico para acudir al juicio de amparo debido a que las normas que combate las impugnó con motivo de su entrada en vigor, declarando infundados los agravios planteados.
28. Pues bien, tal interpretación efectuada por el tribunal que previno en el conocimiento del asunto no puede convalidarse por este Tribunal Pleno.
29. Ciertamente, el Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las S. y a los tribunales colegiados de circuito, establecía que el tribunal colegiado de circuito debe abordar el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio al conocer del recurso de revisión y, en caso, de resultar procedente el juicio, dejará a salvo la jurisdicción de la SCJN cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada, supuesto que aconteció en el caso.
30. Sin embargo, atendiendo a los principios que rigen en el artículo 17 de la CPEUM, específicamente la recta administración de justicia, esta SCJN considera que no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio, en particular, los razonamientos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.
31. Aunado a que este Tribunal Pleno no puede ser vinculado indefectiblemente por las decisiones de los Tribunales Colegiados. Sirva de fundamento a lo anterior, en la razón esencial de sus consideraciones, el criterio jurisprudencial 2a./J. 98/2017 (10a.) de rubro: REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, ESA DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.(4)
32. Es menester precisar que si bien se tuvo por demostrado que el peticionario del amparo es una persona que cuenta con una concesión en ese sector, lo que en su momento se estimó suficiente para tener por acreditado su interés jurídico para combatir, en términos generales, el decreto de mérito, lo cierto es que una de las disposiciones que en forma específica impugnó fue consentida, puesto que fue publicada en un decreto anterior.
33. El análisis de la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa se hizo exclusivamente a partir de la perspectiva de que ésta se desempeña en el sector minero. En la sentencia recurrida y en la resolución del Tribunal Colegiado, que previno en el asunto, se consideró acreditado el interés jurídico por el simple hecho de que las normas reclamadas se relacionaban con las concesiones para minería y que la parte quejosa tenía la calidad de concesionaria. Ante dicho análisis genérico, en la presente resolución, es viable examinar desde otra perspectiva si las normas deparan perjuicio, atendiendo a los supuestos que contemplan en forma específica.
34. Por tanto, procede sobreseer en el juicio en virtud de que el artículo 13 BIS, fracción II, inciso c), de la Ley Minera fue reformado mediante decreto de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, anterior al Decreto reclamado, por lo que su impugnación resulta notoriamente extemporánea.
35. El contenido de dicha porción normativa, así como la fecha del decreto en la que se publicó, se muestra a continuación:
Ver porción normativa
36. Como se pone de manifiesto, procede sobreseer en el juicio por extemporaneidad respecto del artículo 13 BIS, fracción II, inciso c), ello con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente, esto es, por no haberse promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
37. Lo anterior es así, pues la parte quejosa se erigió como sujeto de la norma a partir de d4os mil diecinueve, derivado a que se le otorgó su concesión, de manera que estaba obligada a impugnarla si consideró que tenía una afectación a su esfera jurídica; sin embargo, al no impugnar, resulta evidente que consintió la aplicación de la norma, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia mencionada.
38. También desde una distinta perspectiva, atendiendo en forma concreta al contenido de las disposiciones impugnadas, se advierte que en el caso debe sobreseerse de oficio respecto de las normas reclamadas que no causan un perjuicio, pues en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra normas generales que no afecten el interés jurídico, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5o., de la Ley de Amparo.
39. Así pues, esta SCJN, de oficio, con base en una causa de improcedencia ya desvirtuada en instancias previas, pero por un motivo diferente al analizado, estima que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los artículos 13, 13 BIS (con excepción del inciso c) de la fracción II), 14 BIS, 15 BIS, 19 BIS y Quinto Transitorio vinculados con el otorgamiento de concesiones mineras.
40. El contenido de dichos artículos es el siguiente:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
ARTICULO 13.- La Secretaría sólo otorgará concesiones mineras mediante concurso de licitación pública que garantice al Estado las mejores condiciones económicas y de beneficio para la población, así como la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, de conformidad con las disposiciones aplicables.
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Cuando en un terreno sujeto a concurso se encuentre un área habitada u ocupada por un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o por cualquier otro tipo de asentamiento, la persona ganadora del concurso está obligada a suscribir un convenio con la comunidad o pueblo correspondiente para obtener el permiso de uso del terreno, así como a cubrir una contraprestación de al menos el cinco por ciento de la cantidad que resulte de disminuir al resultado fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sumas cubiertas por la persona titular de la concesión por concepto de contribuciones no deducibles para los efectos de dicho impuesto.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Para los efectos anteriores, una vez obtenida la concesión, la persona titular de la misma tendrá la obligación de entregar a la comunidad de que se trate copia de las declaraciones correspondientes. Los recursos de la contraprestación se depositarán en una cuenta que administrará la comunidad conforme a las reglas de operación que emita la Secretaría.
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Se podrán declarar zonas de reservas mineras aquéllas determinadas por el Servicio Geológico Mexicano, cuando se justifique con base en el potencial minero de la zona, mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
En el caso de las zonas de reservas mineras determinadas con base en la exploración efectuada por el Servicio Geológico Mexicano o en apoyo de la Secretaría, cuya supresión se decrete, se podrán otorgar concesiones mineras mediante concurso, siempre que no se acredite alguna causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
ARTICULO 13 BIS. En los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría debe:
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
I.- Publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual debe contener:
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
a) La descripción de los terrenos o zonas objeto del concurso;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
b) La fecha, hora y lugar, en su caso, de celebración de la junta de aclaración a la convocatoria y bases;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
c) La fecha, hora y lugar del acto de presentación y apertura de propuestas de contraprestación económica y de prima por descubrimiento;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
d) La fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el fallo y el señalamiento de la forma en la que se deben presentar las
propuestas;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
e) El idioma o lengua, además del español, en que se deben presentar las propuestas;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
f) Los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en participar en el concurso, los cuales no deben limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023) g) La forma en que las personas concursantes deben acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las propuestas. Asimismo, la indicación de que la persona concursante debe proporcionar una dirección de correo electrónico para realizar notificaciones, incluso las personales; (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
h) El domicilio de las oficinas de la Secretaría de Economía o, en su caso, el medio electrónico en que podrán presentarse las propuestas, así como la fecha y hora límite para su presentación, e
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
i) La forma en la que se podrán adquirir las bases del concurso;
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
II.- Emitir las bases del concurso, que deben incluir:
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
a) La descripción de los terrenos o zonas objeto del concurso, los estudios realizados sobre éstos, así como los planos de su localización, geológicos y de muestreo;
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
b) Los requisitos con los que los concursantes deben acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y económica;
...
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
d) El clausulado del contrato que, en su caso, debe otorgarse para garantizar el cumplimiento de la contraprestación económica y la prima por descubrimiento que se ofrezca;
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
III.- Realizar una Junta de Aclaraciones, para precisar los requisitos de las bases del concurso, así como el clausulado del contrato que se estipula, en términos del Reglamento;
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
IV.- Realizar un acto de presentación y apertura de propuestas de contraprestación económica y de prima por descubrimiento;
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
V.- Evaluar las propuestas de contraprestaciones económicas, y
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
VI.- Emitir el fallo correspondiente, que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Se procederá a declarar desierto un concurso cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
La Secretaría podrá modificar la convocatoria o las bases, siempre que no se limite el número de concursantes, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. Dichas modificaciones deberán ser difundidas en el Diario Oficial de la Federación.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos, en los términos que establezca el Reglamento de la ley.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Los concursos a que se refiere el presente artículo deben sujetarse a los lineamientos técnicos que emita la Secretaría con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas y, en su caso, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
La Secretaría debe garantizar que las personas interesadas cuenten con la información relacionada con el procedimiento del concurso a que se refiere este artículo.
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Cada concursante puede presentar una sola propuesta de contraprestación económica y de prima por descubrimiento en cada concurso, excepto cuando se trate de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana que habite en el terreno objeto de la concesión, en cuyo caso, podrá igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, y si es así, tendrá preferencia en el otorgamiento de la concesión.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Cuando se someta a concurso un lote contiguo a una concesión minera, la persona titular de ésta tendrá derecho a obtenerla si iguala la propuesta más alta y cumple con los requisitos correspondientes.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Si existen dos o más personas concesionarias de lotes contiguos a aquél que se licita, el fallo se otorgará al primero que haya presentado su propuesta e iguale la más alta.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
En ningún caso se otorgará la concesión a quien cuente con dos o más concesiones contiguas al lote que se licite o colindantes con estas últimas, con el fin de evitar el acaparamiento.
ARTICULO 14 BIS. -El título de concesión debe ser entregado a quien obtenga el fallo del concurso correspondiente, previa tramitación de las autorizaciones y permisos ambientales, laborales, energéticos, sociales y cualquier otro que en materia federal se deba tramitar, además de la concesión de agua para uso industrial en la minería correspondiente, conforme a la normativa aplicable.
ARTICULO 15 BIS.- La persona titular de la Secretaría otorgará directamente títulos de asignación a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, para la exploración, explotación, beneficio, uso y aprovechamiento de los minerales o sustancias estratégicas o reservadas al Estado que amparan el título de asignación en los términos de esta Ley.
La vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido, y sólo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar, o las razones de seguridad nacional que la justifiquen.
La entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que tengan las personas concesionarias de acuerdo con esta Ley y su Reglamento, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a personas físicas o morales privadas.
ARTICULO 19 BIS.- Cuando el o los terrenos sujetos a concurso de licitación para el otorgamiento de concesión minera sean propiedad social o privada, la ocupación temporal o constitución de servidumbre se debe declarar una vez que la persona que ganó el concurso haya obtenido el derecho de uso, goce o afectación de los terrenos necesarios para realizar las actividades materia de la concesión. No se entregará el título de concesión hasta que se proporcione copia notariada del contrato privado respectivo.
La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de explotación de minerales o sustancias amparadas en el título de concesión deben ser acordados entre las personas propietarias o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y las concesionarias.
Entregado el contrato privado señalado en el presente artículo, la Secretaría debe emitir la ocupación temporal que ampare el lote minero durante el término que tenga vigencia el contrato privado correspondiente.
(...)
Quinto. En tanto se emite la normativa señalada en el artículo anterior, se seguirán aplicando las disposiciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que no se opongan a éste.
Las menciones a la Ley Minera contenidas en otras leyes, reglamentos y en cualquier disposición de carácter general se entienden referidas a la Ley de Minería.
Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto.
41. Estos numerales establecen la forma en que la Secretaría otorgará concesiones mineras mediante concurso de licitación pública, que se otorgará directamente títulos de asignación a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, la duración de las concesiones, que cuando el o los terrenos sujetos a concurso de licitación para el otorgamiento de concesión minera sean propiedad social o privada, la ocupación temporal o constitución de servidumbre se debe declarar una vez que la persona que ganó el concurso haya obtenido el derecho de uso, goce o afectación de los terrenos necesarios para realizar las actividades materia de la concesión y que las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto.
42. Sin embargo, esos numerales además de que no fueron aplicados a la parte quejosa porque se refieren al procedimiento para la asignación de concesiones, de las pruebas de autos se desprende que no presentó solicitud de nueva concesión de las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación, sino que acudió al juicio de amparo merced a una concesión que ya tiene asignada.
43. En efecto, la parte quejosa exhibió lo siguiente:
Ver imágenes
44. Luego, el conjunto de normas implementado en la ley reclamada para el procesamiento de las solicitudes de nuevas concesiones de exploración y explotación no se refieren a una situación en la que la parte quejosa se ubique porque ya cuenta con una concesión. Es decir, dichos numerales norman la forma en que se solicitan y se otorgarán nuevas concesiones, sin que se refieran a una concesión previa a la reforma
45. Así, no pueden ser materia del juicio de amparo los artículos 13, 13 BIS (con excepción de inciso c) de la fracción II), 14 BIS, 15 BIS, 19 BIS, y Quinto Transitorio de la Ley de Minería, sobre todo, porque esa concesión del quejoso se rige por el artículo Sexto Transitorio que establece que:
Sexto. Las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto tendrán la duración prevista en el título respectivo.
46. Así, queda de manifiesto que los artículos materia de este apartado, no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,(5) debe sobreseerse respecto de los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15 BIS, 19 BIS y Quinto Transitorio del decreto impugnado, toda vez que las normas precisadas no han sido aplicadas en perjuicio del quejoso.
V. ESTUDIO DE FONDO
a) Análisis de los agravios hechos valer en los recursos de revisión
47. En este apartado se analizarán los agravios formulados por las partes recurrentes, mediante los cuales controvierten la resolución de la jueza de distrito que concede el amparo a la parte quejosa.
48. En ese sentido, la juez de distrito en la sentencia consideró que se actualizó una violación grave al procedimiento legislativo, pues para que la tramitación de la solicitud de dispensa de la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, fuera considerada de urgente resolución debía motivarse del por qué esa circunstancia, lo que adujo, no sucedió.
49. Por ello, concedió el amparo para el efecto de que no se aplicara a la parte quejosa el Decreto publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, y se le continuaran aplicando las anteriores normas, sin las reformas contenidas en el aludido Decreto.
50. Las recurrentes aducen, entre otras cosas, que los particulares no son afectados en sus derechos por iniciativas de urgente u obvia resolución, ya que quienes pueden reclamar violaciones al proceso legislativo bajo dichas circunstancias son, en todo caso, los grupos parlamentarios a través de la acción de inconstitucionalidad, pues son quienes intervienen en el proceso legislativo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.) de rubro: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO(6) emitida por la extinta Segunda Sala de la SCJN. Jurisprudencia que no observó el juzgado de distrito.
51. Son fundados los agravios de las autoridades por las siguientes razones. La extinta Segunda Sala de esta SCJN, en su anterior integración analizó el tema a debate estableciendo la siguiente jurisprudencia obligatoria:
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que, al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.(7)
52. En términos de la citada tesis, efectivamente, la parte quejosa no se encontraba legitimada para cuestionar la existencia de esos vicios formales en el proceso legislativo.
53. En efecto, esta SCJN estableció que el principio de deliberación parlamentaria tutela a los grupos parlamentarios, pero no a los particulares; y por ello, la quejosa no estaba legitimada para impugnar las posibles irregularidades en el procedimiento legislativo al no tener un impacto que pueda afectar en sus derechos de debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
54. Por esa razón, son fundados y suficientes los agravios de las autoridades recurrentes relativos a que, la afectación por una posible violación al procedimiento por no motivarse la urgencia de la discusión de la iniciativa solamente puede plantearse por los legisladores, sin que esa atribución sea transmisible a la parte quejosa, toda vez que no está legitimada para impugnar determinadas irregularidades en el procedimiento legislativo.
55. Similares consideraciones sostuvo la extinta Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 466/2024, en sesión de cinco de marzo de dos mil veinticinco.(8)
b) Revisión Adhesiva
56. Por las razones expuestas se desestiman los argumentos planteados por el quejoso en el recurso de revisión adhesiva, en virtud de que trata de reforzar las razones por las que la jueza de distrito le concedió el amparo por considerar que del Decreto reclamado viola el procedimiento legislativo; sin embargo, existe jurisprudencia obligatoria en el sentido de que los particulares no pueden alegar en su favor tal vicio. Es aplicable por identidad de razón la tesis 1a./J. 14/97 de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.(9)
57. Por lo demás, en los agravios en donde se aduce que el acto reclamado adolece de una redacción contradictoria entre sus transitorios y los mismos artículos que modificó y que el acto reclamado contempla la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la parte quejosa, son inoperantes.
58. Lo anterior, porque se hacen valer aspectos que no pueden ser materia de la litis en una revisión adhesiva.
59. En efecto, la subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que obtuvo resolución favorable la oportunidad de defensa ante su eventual impugnación, de modo que el órgano revisor pueda valorar otros elementos de juicio que, en su caso, le permitan confirmar el punto decisorio que le beneficia.(10)
60. En el caso, los agravios identificados se refieren al fondo de las normas controvertidas, pero que no fueron analizadas por la jueza; por tanto, en lo único en que pudiera abonar la parte quejosa es en la violación al procedimiento legislativo.
61. Por tanto, en virtud de que el recurrente adhesivo hace valer aspectos ajenos a la naturaleza de ese recurso, los agravios son inoperantes.
62. Ante esta conclusión y dado lo fundado del recurso de revisión de las autoridades y lo infundado de la revisión adhesiva, se impone, de acuerdo con lo previsto por el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, examinar los conceptos de violación que la Jueza dejó de estudiar.
c) Estudio de los conceptos de violación
63. La parte quejosa aduce que los artículos reclamados son inconstitucionales, pues a su juicio, vulneran el derecho humano a la igualdad plasmado en el artículo 1o., de la CPEUM, al reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras, pues se disminuye de 50 a 30 años la vigencia de la concesión y de 50 a 25 años su prórroga; aunado a que favorece la figura de la asignación a las dependencias de gobierno por encima de los particulares y empresas privadas; lo que limita la libre competencia, así como el desarrollo de la industria minera.
64. Agrega que el decreto impugnado elimina el esquema de primer solicitante en las concesiones, y se sustituye por concursos públicos, las asignaciones de paraestatales tendrían una vigencia de tiempo indefinido; lo que genera un trato discriminatorio respecto de las empresas paraestatales y las privadas.
65. Refiere que los artículos reclamados vulneran la garantía de audiencia consagrada en el artículo 133 de la CPEUM, al violar los tratados internacionales donde México es parte; como son la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del el TLCAN ya que se deja a las empresas y contrapartes de México; así como agentes económicos en total estado de indefensión en cuanto se refiere a las reservas arbitrarias futuras sin determinar la desigualdad de las empresas paraestatales y las privadas. Por otra parte, la creación de un organismo público descentralizado violaría lo establecido en el Capítulo 22 del antes TLCAN ahora T-MEC porque establece títulos de asignación del Estado cuyo sustento y origen es ilegal.
66. Ahora bien, los artículos 15 y Décimo transitorio establecen:
ARTICULO 15.- Las concesiones mineras se encuentran sujetas al régimen de dominio público de la Federación. Confieren el derecho a realizar la explotación, beneficio y aprovechamiento sobre los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley. El título
de concesión debe especificar cada mineral o sustancia susceptible de explotación.
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Las concesiones mineras tendrán una duración de treinta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, de los cuales, los primeros cinco se destinarán a actividades pre operativas.
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Las concesiones se podrán prorrogar, por una sola ocasión, por un término de veinticinco años, cuando sus titulares no hubieren incurrido en cualquiera de las causales de cancelación previstas en la presente Ley, lo soliciten dentro de los dos años y hasta un año antes del término de su vigencia, y cuenten con las autorizaciones y permisos necesarios para su operación, así como con la concesión de agua para uso industrial en la minería. (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023) Concluida la prórroga, la persona titular de la concesión podrá participar en la licitación del mismo lote minero, en cuyo caso tendrá preferencia para la determinación del fallo si iguala la propuesta más alta; esta concesión se otorgará por un término improrrogable de veinticinco años.
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2023)
Para el inicio de las obras y trabajos mineros, la persona titular de la concesión debe obtener las autorizaciones, permisos y concesiones necesarias ante las instancias federales, locales y municipales correspondientes, distintas a las señaladas en el artículo 14 BIS de esta Ley, lo cual debe hacer del conocimiento de la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a su obtención.
Décimo. Las personas titulares de concesiones mineras, dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán presentar el vehículo financiero a que se refiere la Ley de Minería, que garantice los posibles daños que se generen durante la ejecución de las actividades mineras, así como presentar para autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre de Minas.
67. Dichos numerales prevén reglas específicas para la duración de las concesiones mineras y su prórroga, así como las específicas obligaciones para presentar el vehículo financiero a que se refiere la propia ley. Es decir, atendiendo al texto del artículo sexto transitorio del Decreto impugnado, se puede concluir que las prórrogas de las concesiones quedaron sujetas al texto de la nueva ley, además de que se implementó la presentación del aludido vehículo financiero.
68. No obstante, son ineficaces los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa.
69. En efecto, con relación a la vigencia de la prórroga referida, esta SCJN ha explicado que no existe una privación a un derecho adquirido para obtener prórroga de las concesiones mineras de que es titular, es decir, 50 años, para reducirlo a 25 años. Para ello, señaló dos estudios distintos, a saber:
a) La teoría de los derechos adquiridos, en la cual se distinguen dos conceptos: I. el de derecho adquirido, es decir, aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico y, II. el de expectativa de derecho, el cual es la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. Por consiguiente, sostiene que, si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.
b) La teoría de los componentes de la norma, la cual parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, la segunda debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo.
70. Para abordar las dos teorías referidas, es conveniente previamente referirse a la diferencia entre retroactividad de la ley y la aplicación retroactiva de la ley. La primera implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor (es decir, implica el estudio de la ley en sí misma); mientras que la segunda entraña verificar que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular (esto es, implica verificar el acto de aplicación de la norma para constatar si la aplicada en un caso fue la que debía materializarse).(11).
71. Sentado lo anterior, como se ha indicado, el derecho adquirido introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; en cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta.(12)
72. Bajo ese supuesto, a efecto de determinar cuándo se está ante la presencia de un derecho adquirido, o bien frente a una simple expectativa de derecho, es necesario realizar un estudio de cada caso concreto, por lo que, a fin de dar contestación a los planteamientos del recurrente, se analiza lo siguiente.
73. La parte quejosa cuestiona, por un lado, la reducción del plazo de prórroga de concesiones de 50 a 25 vulnera el derecho humano a la igualdad plasmado en el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
74. Sin embargo, los cambios establecidos por la reforma impugnada no generan una afectación al principio de irretroactividad pues se tratan de meras expectativas de derechos y, por consiguiente, no puede existir una vulneración al derecho humano de igualdad sobre la base que para ello era necesario una afectación directa en perjuicio de la quejosa respecto a dignidad, origen étnico, género, edad, religión, opinión política o cualquier otra condición, lo cual en la especie no acontece.
75. Ello, sumado a que en la especie no es válido sostener que existe una violación al derecho de igualdad porque la parte quejosa no se ubica en un mismo nivel frente al Estado con relación a recursos estratégicos como sucede con la minería; pues el artículo 27 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el dominio directo de la Nación sobre todos los minerales y yacimientos en territorio mexicano, lo que significa que el Estado tiene la propiedad y el control sobre estos recursos.
76. Es decir, aun cuando es cierto que el Estado se encuentra a un nivel distinto al de un individuo privado en tratándose de la minería; sin embargo, no puede considerarse que existe una afectación directa al derecho fundamental apuntado, es decir, que tiene un efecto discriminatorio sobre la parte quejosa, toda vez que tal circunstancia obedece a que el Estado se encuentra obligado a salvaguardar los bienes estratégicos del País, encontrando justificación en el interés público superior y la soberanía de la nación sobre sus recursos estratégicos.
77. De ahí que, la relación entre el Estado y un particular no puede ser de igualdad absoluta, sino que debe estar sujeto a restricciones razonables cuando el Estado debe proteger un bien público o estratégico, como la propiedad original de la nación, con lo que quebranta el derecho a la igualdad.
78. Ciertamente, el artículo 15 de la Ley Minera anterior, permitía prorrogar la concesión hasta por un periodo igual al inicialmente otorgado, siempre que no se incurriera en causales de cancelación y se solicitara dentro de los cinco años previos al término de su vigencia:
Artículo 15.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley.
Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia. (...)
79. Con motivo de la reforma impugnada, se establece en el artículo 15 una nueva configuración para la prórroga de concesiones, para quedar como sigue:
“Artículo 15.- Las concesiones mineras se encuentran sujetas al régimen de dominio público de la Federación. Confieren el derecho a realizar la explotación, beneficio y aprovechamiento sobre los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley. El título de concesión debe especificar cada mineral o sustancia susceptible de explotación.
Las concesiones mineras tendrán una duración de treinta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, de los cuales, los primeros cinco se destinarán a actividades pre operativas.
Las concesiones se podrán prorrogar, por una sola ocasión, por un término de veinticinco años, cuando sus titulares no hubieren incurrido en cualquiera de las causales de cancelación previstas en la presente Ley, lo soliciten dentro de los dos años y hasta un año antes del término de su vigencia, y cuenten con las autorizaciones y permisos necesarios para su operación, así como con la concesión de agua para uso industrial en la minería. (...)
80. Ahora bien, sobre el tema de la exploración minera, el anterior artículo 19 de la Ley Minera permitía la expedición de títulos de concesión para esta actividad. Sin embargo, los artículos 10, 10 bis y 19, del decreto impugnado eliminan la exploración como una actividad que puede ser sujeta de concesión minera:
Ver artículos
81. Al estar relacionado con el tema, es pertinente nuevamente referirnos al artículo sexto transitorio de la reforma impugnada:
Sexto. Las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto tendrán la duración prevista en el título respectivo.
82. Asimismo, debe señalarse que el artículo séptimo transitorio del Decreto de la reforma:
Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no se otorgarán prórrogas a las concesiones en Áreas Naturales Protegidas, así como a las ya emitidas para la exploración, explotación y beneficio del mercurio dentro del territorio nacional.
83. Ahora, el otorgamiento de las concesiones mineras, le da al quejoso el derecho para explorar y explotar minerales de acuerdo a las condiciones autorizadas, e incluso por virtud del sexto transitorio la duración se mantendrá de conformidad a lo que señale el título de concesión, esto es no tomando en cuenta la reforma; sin embargo, ello no implica que en forma simultánea haya ingresado en su esfera jurídica el derecho a la prórroga, pues en realidad se trata de una posibilidad o expectativa que no se había materializado, pues no es obligatorio para la concesionaria solicitar la prórroga, ni para la autoridad el resolverla en sentido favorable, sin que ello implique una vulneración al principio de igualdad establecido en el artículo 1 constitucional a partir de que la reforma no atentada en contra de la dignidad, origen étnico, género, edad, religión, opinión política o cualquier otra condición.
84. Ello es así, pues la extensión de su vigencia no es propiamente un derecho adquirido a través del otorgamiento de la concesión correspondiente, sino que se trata simplemente de una posibilidad de extender o prorrogar el derecho por un periodo adicional. Esto es, se trata sólo de una posibilidad ya que, por una parte, el concesionario podrá libremente valorar si solicita o no la prórroga y, por su parte, en caso de ejercer esa posibilidad, la autoridad podrá analizar si resulta o no conveniente el prorrogar el derecho. Lo anterior permite advertir que la prórroga de una concesión en realidad es una simple expectativa de derecho, la cual una vez que surge, debe atender a las normas aplicables en ese momento.
85. Los artículos impugnados no afectan los actos jurídicos emitidos bajo la vigencia de la derogada norma, sino que está referido únicamente a las nuevas situaciones surgidas con posterioridad al inicio de la vigencia del Decreto controvertido; es decir, aquellos que no se hubieran ejecutado ni se tiene la certidumbre de que se realizarán, dado que para su existencia deberá entrar en juego la actividad encomendada a las autoridades correspondientes, motivo por el cual no puede considerarse que sean retroactivos.
86. Es importante señalar que las prórrogas de concesión ya han sido analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en materia de aguas nacionales, al resolver el amparo en revisión 705/2005,(13) como en telecomunicaciones, al resolver el amparo en revisión 93/2021.(14) En ambos casos, se ha establecido claramente que no basta con la voluntad del concesionario para prorrogar la concesión, ya que su otorgamiento constituye una facultad discrecional de la autoridad, sujeta a la verificación de que subsiste la necesidad de otorgarla, que se cumplen las normas en el momento y que no se ha incurrido en algún supuesto que dé lugar a la terminación de la concesión.
87. En este sentido, es claro que las modificaciones cuestionadas no vulneran el principio de irretroactividad, pues el anterior precepto no incorporaba en la esfera jurídica del concesionario, ningún derecho a la obtención de la prórroga, pues quedaba a la discrecionalidad de la autoridad respectiva previo el cumplimiento de los requisitos, por lo cual no se trata de derechos adquiridos, sino de una expectativa de derecho.
88. Los títulos de concesión de exploración y explotación continuarán rigiéndose conforme a su contenido original, incluyendo su duración y demás aspectos esenciales, de manera que no puede considerarse que se haya configurado interés jurídico o legítimo para impugnar disposiciones que no inciden directamente en su esfera de derechos vigentes.
89. Por lo anterior, son infundadas las afirmaciones realizadas por la quejosa, referentes a que la reforma limita su libre competencia, su desarrollo de la industria minera, así como que elimina el esquema de primer solicitante en las concesiones, y se sustituye por concursos públicos y las asignaciones de paraestatales tendrían una vigencia de tiempo indefinido, además de que existe una violación a OMC y del T-MEC; pues su concesión seguirá rigiéndose bajo la modalidad y condiciones otorgadas, es decir, el derecho concedido a través del título respectivo genera la posibilidad de que ejerza su actividad sin cambio alguno, ya que la reforma impugnada no cambia su prerrogativa para desarrollar la actividad que le fue conferida por el Estado al no encontrarse en los supuestos previstos que reclama de los que se duele.
90. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al haber resultado fundados los recursos de revisión de las autoridades, lo infundado de la revisión adhesiva e ineficaz el concepto de violación que la quejosa expuso en su demanda de amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio y negar el amparo a la parte quejosa
VI. DECISIÓN
Por todo lo expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve:
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio del Decreto reclamado.
TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra los artículos 15 y Décimo transitorio del decreto reclamado.
CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva.
N., con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al tribunal colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, E.B., R.G., E.M., B.G. (ponente), O.A., F.M., G.G. y P.A.O.; las personas Ministras Herrerías Guerra, E.B. y E.M. formularán voto concurrente.
El señor M.P.A.O. declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Firman el M.P. y la Ministra Ponente, con el S. General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. Fallada en sesión de ocho de mayo del dos mil veintitrés, por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y los señores M.G.O.M., G.A.C., A.M., P.R., Z.L. de L., R.F., L.P., P.D. y P.P.H.. Votaron en contra del agregado de esos párrafos las señoras Ministras E.M. y O.A..
2. Jurisprudencia. 2a./J. 133/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1062. Registro digital: 2015322. De rubro y texto: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que, al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.
3. SEXTO. Por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las Ministras L.B.G., Y.E.M. y L.O.A., en la anterior integración, se determina que continúen con el conocimiento de dichos asuntos, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de returno.
Asimsimo, a las personas M.M.E.R.G. y G.A.F.M., les corresponderán los asuntos turnados a las ponencias de los Ministros J.M.P.R. y J.L.G.A.C., respectivamente, previo acuerdo de returno.
4. Texto: Como consecuencia de los diversos acuerdos generales para delegar en los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras, la facultad para analizar las causas de improcedencia de los juicios de amparo indirecto en revisión de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos órganos jurisdiccionales deben limitarse a depurar las cuestiones de improcedencia y, en su caso, remitir el asunto al Alto Tribunal para la resolución de fondo procedente; supuesto en el cual, en principio, debe respetarse lo resuelto por aquéllos, porque en los aspectos de procedencia se erigen como órganos terminales de decisión. No obstante, cuando las razones ofrecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito para desestimar las cuestiones de improcedencia involucren pronunciamientos sobre el fondo del asunto, no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio, particularmente, los razonamientos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues dichos órganos no deben fijar criterios que rebasen la competencia delegada que les fue conferida, ni vincular al Máximo Tribunal a estudiar los conceptos de violación, con base en una sentencia previa que implícita o explícitamente dispuso respecto de la concesión del amparo o los efectos que a ésta deben darse. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2014804, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 98/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, agosto de 2017, Tomo II, página 817, T.: Jurisprudencia).
5. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
...
XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones.
6. Jurisprudencia. 2a./J. 133/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1062. Registro digital: 2015322. De rubro y texto: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.
7. La jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1062, Registro digital: 2015322.
8. Por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Y.E.M., A.P.D.(., L.B.G. y P.J.L.P.
9. Texto: Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado. Registro digital: 198920, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 14/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, página 21, T.: Jurisprudencia.
10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2005101; Instancia: Pleno; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: P./J. 28/2013 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 7, T.: Jurisprudencia.REVISIÓN ADHESIVA. LOS AGRAVIOS RELATIVOS DEBEN CONSTREÑIRSE A LA PARTE CONSIDERATIVA DEL FALLO RECURRIDO QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PUNTO RESOLUTIVO QUE FAVORECE AL RECURRENTE. La subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que obtuvo resolución favorable la oportunidad de defensa ante su eventual impugnación, de modo que el órgano revisor pueda valorar otros elementos de juicio que, en su caso, le permitan confirmar el punto decisorio que le beneficia. En ese sentido, los agravios formulados por la parte que se adhirió al recurso de revisión, deben constreñirse a impugnar las consideraciones del fallo recurrido que, en principio, no le afectaban por haber conseguido lo que pretendía, pero que, de prosperar los agravios formulados contra el resolutivo que le beneficia, podrían subsistir, perjudicándole de modo definitivo; de ahí que deben declararse inoperantes los agravios enderezados a impugnar las consideraciones que rigen un resolutivo que le perjudica, en tanto debió impugnarlas a través del recurso de revisión, que es el medio de defensa específico previsto en la Ley de Amparo para obtener la revocación de los puntos decisorios de una resolución que causa perjuicio a cualquiera de las partes.
11. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.” [Novena Época, Registro: 181024, Instancia: Segunda Sala, T. de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 87/2004, página: 415].
12. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro “DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE” [Época: Séptima Época, Registro: 232511, Instancia: Pleno, T. de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 53].
13. Resuelto en sesión de tres de junio de dos mil cinco, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros M.B.J.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y P. y Ponente el Ministro J.D.R.. Ausente el Señor Ministro G.D.G.P. por atender comisión oficial.
14. Resuelto en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno por unanimidad de cinco votos de las Señoras y los Señores Ministros: N.L.P.H., J.L.G.A.C., J.M.P.R.(., A.G.O.M. y P.A.M.R.F..
Esta sentencia se publicó el viernes 20 de marzo de 2026 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 6 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Amparo, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de marzo de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.