Política nacional de prevención de la violencia y la delincuencia en México a la luz de la seguridad ciudadana
| Autor | Alan Jair García Flores |
| Páginas | 101-179 |
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLÍTICA CRIMINAL
¿Cambio paradigmático o discurso simbólico?
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CAPÍTULO III.
POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO A LA LUZ
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
3.1. Preludio de las políticas públicas.
La sociedad enfrenta una serie de problemas en el devenir de su vida
cotidiana que atentan contra la armonía al interior de un Estado, sin
embargo, éste debe buscar estrategias para sortearlos en pos de
continuar con la tranquilidad de los gobernados, es entonces que
surge la idea de las políticas públicas, término que se introdujo con
el texto de Harold D. Laswell, intitulado La orientación hacia las
políticas públicas, que fuera publicado en 1951.
El marco contextual de la obra resulta de cardinal
importancia para avistar el trasfondo de tan importante
investigación, toda vez que habiendo culminado la Segunda Guerra
Mundial, ante la consolidación del bloque socialista en la mitad de
Europa y bajo los albores del primer conflicto bélico que originó la
Guerra Fría, es decir, la Guerra de Corea; se propicia una discusión
acerca de los retos del capitalismo democrático estadounidense sobre
la conveniencia de mantener un modelo estatal centralizado que rige
la producción y la distribución de los bienes a la población
(OACNUDH, 2010; Vázquez y Delaplace, 2011).
De tal guisa, Laswell ofreció un planteamiento sobre la
manera en que se debía afrontar la difícil situación por la que
atravesaba Estados Unidos, circunstancia que se advierte a través de
lo que éste señaló como Las ciencias políticas de la democracia, dentro
del cual sentencia:
La tradición norteamericana dominante defiende la
dignidad del hombre, no la superioridad de una clase
sobre otra. Es por ello que puede vislumbrarse que todo
el énfasis se pondrá en el desarrollo del conocimiento
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que permita la realización más completa de la dignidad
humana. Llamémosle a esto, por conveniencia, el
desarrollo de las ciencias políticas de la democracia
(Policy sciences of democracy) (1992: 93).
La postura de Laswell, se encaminó bajo una directriz
política, ideológica y cultural al referir la preocupación sobre la
permanencia de un régimen de gobierno que se ocupara de afrontar
los problemas que existían en ese entonces, así pues, se formuló una
pregunta que marcó el inicio de la discusión acerca de las políticas
públicas, es decir, ¿Cuál es el mejor y más eficiente régimen
gubernamental? Fue necesario estructurar un enfoque de políticas
públicas sustentado en el desarrollo científico-causal y, la creación
de novedosas y eficientes versiones de éstas que permitieran pugnar
por la legitimidad de las políticas democráticas capitalistas sobre las
socialistas; bajo la salvedad que advierte la experiencia acerca del
riesgo que ofrece el instaurar una política pública poco acertada
(OACNUDH, 2010; Vázquez y Delaplace, 2011).
No obstante, la interesante discusión ideológica que significó
el origen de las políticas públicas, la atención se focalizó en el
objetivo ulterior que contemplan las mismas, es decir, el por qué y
para qué se desarrollan. Ante ello, sólo se puede argumentar: brindar
racionalidad a las acciones gubernamentales, toda vez que la
consecución del bienestar público simboliza el eje rector de la
actividad estatal, ya que, al ser una labor realizada con recursos
públicos, los objetivos de aquélla deben versar sobre la obtención del
mayor bienestar posible de la forma más eficiente, a través de los
diversos objetivos, mecanismos y procedimientos que para tal efecto
se generen (Pérez, 2008).
Existen dos importantes elementos que no se deben de
perder de vista dentro de las políticas públicas: primeramente, se
abocan a revisar los procesos de toma de decisiones por parte de las
autoridades estatales y, en segundo lugar, tienden a analizar, valorar
y perfeccionar la racionalidad con la que gestan dichos procesos.
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Así pues, si por racionalidad en la toma de decisiones
gubernamentales se considera una serie de características esperadas,
tales como eficiencia, eficacia, economía, productividad y
oportunidad, entonces cabe sentenciar que una política pública
racional debe ser aquélla que contemple los anteriores atributos
(Vázquez y Delaplace, 2011).
La racionalidad de las decisiones gubernamentales debe a su
vez, contar con tres importantes elementos para su estructuración,
a saber:
“La pertinencia de la investigación en función de la toma de
decisiones.
La conveniencia de la formación de recursos humanos en la
investigación para la correcta toma de decisiones.
La profesionalización de las personas que laboran en el sector
gubernamental” (Del Castillo y Méndez, 2010: 10).
A los precitados elementos de políticas públicas –el proceso
de toma de decisiones y la racionalidad- se debe añadir que éstas
tienen por objeto resolver un problema que se considera público, es
decir un conflicto para toda la comunidad. En tal virtud, la política
pública tiene por objeto afrontar y resolver un problema público de
forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales
(Pérez, 2008; OACNUDH, 2010; Vázquez y Delaplace, 2011).
Las políticas públicas para Laswell, se refirieron al estudio
que se ocupa de explicar “los procesos de elaboración y ejecución de
las políticas públicas y de la recopilación de datos y de la producción
de interpretaciones relevantes en los problemas de políticas” (1992:
110) bajo este enfoque Laswell, se interesó en el proceso de toma de
decisiones gubernamentales basadas en la perspectiva en que se
erigía.
En su caso, el Estado mexicano inició el fomento de las
políticas públicas a finales de los años 80´s y principios de los 90´s,
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