Política anticorrupción
| Autor | Carlos Vital Román Sánchez |
| Páginas | 45-63 |
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En el latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo “con-“, que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y final-mente el sufijo “-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”.
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar).
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como la política o el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura.
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en prácticas ilegales para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. En este caso se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo16
La corrupción es el abuso del poder público para el beneficio privado17
Según la Secretaría de la Función Pública de nuestro país18, corrupción es el abuso del poder público para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
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Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.
Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.
De hecho, este tema es relativamente nuevo en México. No me refiero a las prácticas de corrupción, que son tan antiguas como nuestra propia historia, sino a su regulación y sanción.
Aunque los temas de corrupción han estado desde hace muchos años tipificados como delitos y como causas de inhabilitación de funcionarios públicos, no fue sino hasta hace muy poco tiempo que se legisló de una manera más integral al respecto, como lo señalaremos más adelante.
En mayo de 2015, 14 artículos de la Constitución Mexicana fueron reformados para crear el llamado “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA).
Adicionalmente, también se legislaron leyes secundarias, consistentes en diversas leyes y reglamentos que fueron promulgadas también y que tienen como propósito el establecimiento de la coordinación de diferentes autoridades mexicanas administrativas con autoridades penales para luchar contra la corrupción en nuestro país.
La mayoría de esa legislación está dirigida a armar la estructura administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Anti-corrupción, y otorgarles las facultades necesarias para supervisar y sancionar los actos de corrupción.
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A primera vista, pareciera ser un sistema enfocado principalmente en las entidades públicas y sus funcionarios, sin embargo, hay tres leyes del SNA que regula y sanciona a las conductas de los particulares, como son, la Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y algunas modificaciones al Código Penal Federal. Por lo tanto, es imperativo que las empresas privadas conozcan, entiendan y obedezcan el SNA, sus leyes secundarias y las obligaciones legales que emanan de las mismas.
Como ya se dijo anteriormente, el SNA prevé un cambio importante en la Justicia Federal Administrativa. Hay una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que prevé la creación de nuevos tribunales y facultades para sus juzgadores. Las nuevas Cortes tienen la facultad de investigar y sancionar actos de corrupción, incluyendo el poder para sancionar no sólo a funcionarios de gobierno, sino también a empresas privadas y a personas físicas. La reforma también crea una Fiscalía Especializada en materia de Anticorrupción con la facultad de llevar a cabo investigaciones criminales sobre corrupción e imputar cargos criminales.
En resumen, el SNA comprende las siguientes leyes:
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
• Ley General de Responsabilidades Administrativas;
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Las leyes que fueron modificadas son las siguientes:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
• Ley General de Contabilidad Gubernamental; y
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Las leyes arriba mencionadas y sus reglamentos incluyen varias disposiciones importantes de las cuales las empresas y los individuos que hacen negocios en nuestro país deben estar alertas, particularmente de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, debido a las razones que se exponen más adelante.
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El propósito de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción es fijar los principios de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para combatir este fenómeno. El objetivo de dicha coordinación es prevenir, detectar y combatir actos de corrupción, así como también permitir la supervisión y control de gastos gubernamentales. Esta ley entró en vigor el 19 de julio de 2016.
Para facilitar esta coordinación entre diferentes entes gubernamentales, se creará una Plataforma Digital Nacional que centralizará la información del SNA. Esa plataforma central incluirá una lista de funcionarios gubernamentales sancionados, así como de compañías e individuos.
Una vez que la plataforma esté funcionando, será obligatorio que los Oficiales de Cumplimiento monitoreen a cualquier tercero, actual o potencial, con los que la compañía o el individuo hagan negocios, así como a sus proveedores, distribuidores o empleados, utilizando dicha plataforma, para identificar a aquellos que hayan sido sancionados en el pasado.
Para cuando el Autor escribe estas líneas, no hay noticias acerca de la implementación en México de la base de datos arriba mencionada.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor el 19 de julio de 2017 y abrogó dos leyes: La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Adicionalmente, un gran número de disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos fueron parcialmente reformadas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas expone las obligaciones administrativas de los funcionarios públicos y las sanciones aplicables a sus actos u omisiones, las cuales pueden ser consideradas como negligentes o dolosas. La ley también define los mecanismos de sanción y los procedimientos a seguir para prevenir, investigar y sancionar violaciones administrativas.
En términos de prevención, la...
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