La política del aborto: los defensores provida en el poder
| Autor | Laurence H. Tribe |
| Páginas | 342-393 |
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VIII. LA POLÍTICA DEL ABORTO:
LOS DEFENSORES PROVIDA EN EL PODER
COMO HEMOS visto, Roe tuvo un efecto electrizante sobre el
movimiento pro derecho a la vida. El objetivo que estipula-
ba era amplio y saltaba a la vista. Aquellos políticos que no
se comprometían claramente a proteger a los no nacidos en
la medida en que Roe vs. Wade aún lo permitía y, en última
instancia, a desestimar la propia resolución Roe, podían com-
batirse como enemigos de la vida, sin que importaran las pos-
turas que tuvieran respecto de otros asuntos. Sin embargo, no
fue sino hasta 1980 que este compromiso implacable daría
fruto en forma de un cambio decisivo en el poder político en
el ámbito nacional.
LAS ELECCIONES DE 1980: LA ERA REAGAN
Las elecciones de 1980 y, de manera más general, el predo-
minio de la Nueva Derecha, fueron avances importantes en
la campaña por una acción federal para desestimar Roe vs.
Wade. El movimiento provida no sólo tenía un partidario de-
clarado en la Casa Blanca, sino que la derrota de varios sena-
dores demócratas, incluyendo a Birch Bayh de Iowa, Frank
Church de Idaho y George McGovern de Dakota del Sur, ha-
bía llevado al control republicano del Senado. Por primera vez
desde que se había resuelto el caso Roe, quienes se oponían al
derecho al aborto podían esperar una Comisión de Asuntos
Judiciales del Senado que simpatizara con su causa y estuvie-
ra dispuesta a verlos como pro- algo y no anti- algo. Quienes se
oponían a la postura proelección vieron su oportunidad y, sin
esperar a que los demócratas recuperaran el Senado en 1982 o
1984, trataron de actuar de inmediato. Con la cámara senato-
rial controlada por los republicanos, los activistas provida no
esperaban que Henry Hyde defendiera su causa en la Cámara
LA POLÍTICA DEL ABORTO: LOS DEFENSORES PROVIDA 343
de Representantes, sino que Orrin Hatch y Jesse Helms lo hi-
cieran en el Senado.
Las dos propuestas provida que dominarían el debate en-
tre los senadores por los siguientes dos años serían la Ley so-
bre la Vida Humana de Helms (la ley Helms) y la Enmienda
sobre la Vida Humana en Pro del Federalismo de Hatch (la en-
mienda Hatch). Tal como la era Reagan dejaría en claro con
cierta frecuencia, la envoltura verbal y visual podía ser vital;
por ello, no era de extrañar que estas disposiciones portaran
las etiquetas de la “vida humana” y no las de “antiaborto” o
“antielección”.
Puesto que el senador Helms reconoció las pocas proba-
bilidades de ganar la mayoría de dos terceras partes en ambas
cámaras del Congreso, necesaria para presentar una enmien-
da constitucional de prohibición del aborto a los estados para
su ratificación, trató de conseguir la eliminación del derecho
a interrumpir el embarazo de manera indirecta, por medio de
una ley que requiriera sólo un voto de mayoría en el Congreso.
El vehículo mediante el cual la ley Helms trataba de eludir el
proceso de enmienda constitucional era una legislación que
habría definido a la “persona” de modo que comprendiera al
embrión desde el momento de la concepción. De nuevo, se fa-
bricaban posturas políticas para girar en torno a las etiquetas.
Quien tenía el poder de asignar un nombre podía ejercer el
control. Y calificar a cada feto como persona, sostenían, ten-
dría el mismo impacto que una enmienda que ampliara la pro-
tección constitucional a los fetos.
Aun un oponente a Roe tan fuerte como John Hart Ely, el
connotado experto constitucional y después decano de la Fa-
cultad de Derecho de Stanford, consideró esta idea fatalmen-
te defectuosa.1 En un ensayo que escribimos él y yo para el
New York Times, argumentó que la Ley sobre la Vida Humana
entraba en conflicto fundamental con la estructura misma de
nuestro gobierno. La idea subyacente a la ley era que cual-
quier doctrina constitucional podría ser anulada no mediante
una enmienda constitucional, tal como lo estipula la propia
1 John Hart Ely y Laurence Tribe, “Let There Be Life”, New York Times (17
de marzo de 1981), p. A17.
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Constitución y como fue el evidente propósito de sus autores,
sino por medio de un simple voto mayoritario en el Congre-
so para cambiar el significado de términos constitucionales
como “expresión”, “religión” y “propiedad”. De hecho, si tal
ley se ratificara, señalaba el ensayo, podríamos “omitir todas
las molestias y simplemente dejar que el Congreso redefina el
‘debido proceso legal’ para incluir ‘cualquier ley que apruebe
el Congreso o una legislatura estatal’ ”.2
Incluso el conservador senador republicano Orrin Hatch
de Utah parecía inclinarse en favor. El temor de que los pro-
bables obstáculos constitucionales limitaran el apoyo a la ley
Helms, aunado a la preocupación de que una mayoría en el
Congreso pudiera no apoyar una prohibición total del aborto,
llevó a muchos partidarios del movimiento provida a buscar
una opción con mayor posibilidad de éxito. El senador Hatch
proporcionó esa alternativa.
Su propuesta de enmienda constitucional, al igual que el
proyecto de ley Helms, trataba de desestimar la resolución
Roe. La diferencia era que mientras Helms intentaba quitarle
la protección constitucional al derecho de la mujer a elegir,
imponiendo sobre todo aborto una prohibición federal es-
tablecida por la ley, la iniciativa de Hatch prefería pasar por
encima de Roe mediante una enmienda constitucional que
permitiera a los estados o al Congreso decidir si un aborto de-
bería ser declarado ilegal o no.
La enmienda del senador Hatch tenía varias ventajas po-
líticas sobre el proyecto de ley Helms. Primero, y gracias a
la alternativa de Helms, Hatch intentó —aunque al final no
tuvo éxito— presentar su intento por desestimar Roe como
moderado. Segundo, la enmienda de Hatch estaba a tono con
el tema popular de los derechos de los estados en contra del
Gran Gobierno; conllevaba un “giro” atractivo de autonomía
local. ¿Acaso no debía el pueblo en sí, y no los nuevos jueces
“nombrados de por vida” en el ámbito federal, decidir sobre
asuntos tan importantes? Tercero, a diferencia del proyecto de
ley Helms, la enmienda de Hatch no requería que los miem-
bros del Congreso declararan afirmativamente que proscribi-
2 Idem.
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