PLAZA PÃBLICA / El general incómodo
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
El general Sergio Aponte Polito dejó la comandancia de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, que comprende los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. La noticia podría ser simplemente parte de la normalidad militar, y así la presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su comunicado de prensa número 151, fechado el viernes 8, incluye el cambio de destino del general mencionado dentro del "movimiento de 7 generales, 48 jefes y 15 oficiales" que obedece "a la rotación de mandos superiores, mandos de corporación y subalternos" que la Sedena "realiza en forma constante".
Aponte Polito, general de división diplomado de Estado Mayor, será a partir de ahora presidente del Supremo Tribunal Militar con sede en la Ciudad de México, la más importante autoridad judicial del fuero de guerra. Como no se requiere tener formación jurídica para desempeñar esa función jurisdiccional (digamos de paso que ése es uno de los defectos de que los delitos contra la disciplina militar sean juzgados dentro de la estructura castrense) y Aponte Polito no la tiene, su designación por el alto mando puede ser en efecto simplemente consecuencia de la rotación burocrática. Pero es imposible no tener en cuenta el paso por Baja California del ahora juez supremo y, por lo tanto, preguntarnos por los motivos de su traslado. La respuesta que nos demos dirá si su salida de la entidad peninsular es una victoria de la formalidad, que había sido infringida por el militar, o es un triunfo de la delincuencia organizada en beneficio de autoridades locales corruptas, no sólo minadas por el hampa sino enteramente puestas a su servicio.
A su llegada a Tijuana hace 2 años, Aponte Polito se percató pronto de que las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales en Baja California incumplían sus deberes de garantizar la seguridad de las personas. Más allá del auxilio que, previa petición, la autoridad militar ha de prestar a las civiles, se atribuyó facultades que, además, implicaban una permanente crítica al poder estatal. Estableció un sistema de denuncia ciudadana a través de Internet, cuya contraseña electrónica era una oferta y un reproche: Llame, nosotros sí vamos. Instalado en enero, en abril el servicio había sumado más de dos mil llamadas, muchas de las cuales proporcionaron al comandante de la región militar información sobre el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia del estado. (Hay que...
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