Plaza Pública / Ley del libro vetada
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Junto con seis leyes o reformas aprobadas por el Congreso en sus sesiones de primavera, el presidente Fox vetó (o formuló observaciones, como dice la Constitución), es decir impidió que entrara en vigor la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Amén de contradecir su propósito, al menos su propaganda de "hacer de México un país de lectores", el freno a esa disposición mantiene (y de ese modo acrecienta) las dificultades de los mexicanos para tener acceso a la lectura.
Varios perjuicios de demorar la vigencia de la ley, o de impedirla, se pueden advertir de inmediato. Por ejemplo: uno de sus objetivos consiste en convertir el programa sexenal de bibliotecas de aula en una política de Estado. Eso quiere decir que, en acatamiento a la norma ahora vetada, el presupuesto de egresos de la Federación debe contener las previsiones del caso, independientemente de la idea que tenga al respecto el nuevo gobierno. Si las Cámaras no insisten y devuelven al Presidente la ley vetada, podría no haber recursos para dichas bibliotecas en 2007.
Al devolver la ley al Congreso el Presidente no reparó en consecuencias como ésa, sino que se atuvo simplemente a la argumentación de la Comisión federal de fomento económico sobre el precio único, la más sobresaliente innovación de la ley vetada. Dicha Comisión se dirigió en octubre de 2005 al Senado con el alegato que los legisladores desestimaron y acogió el Presidente, de que el precio único es contrario a la libertad económica. En un recordatorio reciente sobre su actitud, la Comisión ha mentido, lo que habla mal de la transparencia de su posición. Dijo que al igual que al Senado se dirigió a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, una de las impulsoras de la nueva legislación. "Nunca recibimos respuesta", dijo campanudamente la Comisión. El presidente de la Caniem, José Ángel Quintanilla, desmintió de modo fehaciente al órgano gubernamental: No sólo respondió el 25 de octubre sino que en la comunicación respectiva pidió una cita, ¡que tuvo lugar!, si bien un mes más tarde. En ella, el presidente de la Comisión, Eduardo Pérez Mota, rehusó "recibir y revisar" información que le fue ofrecida, alegando que "su marco normativo no se lo permitía".
Arguye la Comisión que se opone al precio único porque su mandato legal es hacer cumplir el artículo 28 constitucional, en la parte que prohíbe "todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que...
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