PLAZA PÚBLICA / Inolvidable junio
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Hoy se cumplen dos años del asesinato de 49 niños en una guardería del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Técnicamente no se trata de un homicidio colectivo. Pero el infortunio de esos pequeños y sus familias, y el del centenar de otros chiquitos que quedaron dañados en su cuerpo y su mente, y el de los suyos, no resultó del azar, como en apariencia ocurrió. Se reunieron para generar ese infame resultado lacras de la vida pública que no son vistas como anómalas, sino como naturales: el influyentismo, la abdicación de los deberes del Estado, la obtención de ganancias privadas a partir de recursos públicos, la dejadez en el cumplimiento de las normas.
Esa combinación de factores nocivos causó violencia criminal, que no ha sido castigada. En consecuencia, el caso de la guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares que tenían "vara alta" en los gobiernos federal y el de Sonora, debe inscribirse en el cúmulo gigantesco de acontecimientos delincuenciales que privan de la vida a personas y cuyos autores quedan impunes. Los niños asesinados en un almacén habilitado como guardería, que se incendió por el combustible de la negligencia y de la corrupción, son parte de la enorme lista de vidas segadas en una sociedad que ya veía la muerte como algo natural pero que ahora se empavorece por los efectos de la guerra de y contra el crimen organizado. La violencia de esa guerra, que no consigue la disminución del consumo, es provocada entre otros factores por la impunidad, la incapacidad y la carencia de voluntad del Estado para castigar a los asesinos en serie de cuya acción han derivado 40 mil muertes.
La impunidad en el caso ABC ha sido rota parcialmente porque se procesa a tres personas, sólo una de las cuales tiene responsabilidad relevante. Por eso los padres de familia agrupados en la asociación que lleva por nombre la fecha de su desgracia, Cinco de junio, han promovido juicios ciudadanos que en algo suplan las deficiencias de la impartición de ese valor tan distante a la vida cotidiana de las personas. Hace una semana se efectuó la tercera de esas iniciativas, el juicio ciudadano al Estado mexicano. Los organizadores escogieron como juez a Emilio Álvarez Icaza, ex Ombudsman capitalino y permanente defensor y promotor de derechos humanos. El activista, que hoy forma parte de la Caravana del Consuelo que en este domingo viaja de Morelia a San Luis Potosí, produjo una sentencia que pudo haber sido el veredicto que la Suprema Corte de Justicia...
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