Plaza Pública / Contra la guerra sucia
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Un abrazo para Lázaro Ríos por la pérdida de su señora madre.
Es inminente (por lo menos es necesaria, urgentísima) la resolución de la Suprema Corte sobre el carácter jurídico del delito de privación ilegal de la libertad. Su primera sala debe decidir, de un momento a otro, si ese ilícito es de ejecución instantánea o es continuo. De esa definición depende, en amplia medida y en gran número de casos, el futuro del esclarecimiento del pasado que es imprescindible realizar en México.
El caso a que se refiere esa resolución judicial, pendiente desde hace 100 días (pues el ministro ponente lo recibió el 11 de junio) es singularísimo de varios modos. Es el primero en que fue posible documentar, mediante el trabajo de la Fiscalía especial que se ocupa de los delitos cometidos por servidores públicos en la guerra sucia de las décadas anteriores, que una persona aprehendida sin orden de juez alguno fue formalmente recibida por la policía política y no se supo más de ella, debiendo haber sido entregada al Ministerio Público o puesta en libertad. Es también el primer caso en que altos responsables de esa policía, de la Dirección Federal de Seguridad, han sido llevados ante un juez, el 4o. de distrito con residencia en Monterrey.
Sin embargo ese juez, Guillermo Vázquez Martínez, negó la orden de aprehensión solicitada, sobre el argumento de que el delito de privar de la libertad a Jesús Piedra Ibarra se consumó en el instante mismo de su ilegal captura y que por lo tanto ha prescrito, pues ocurrió en el remoto 18 de abril de 1975. Sostiene en cambio la Fiscalía especial que el delito es continuo, pues una desaparición sólo concluye con su contrario y por lo tanto es susceptible de castigo mientras la víctima no aparezca o se conozca su suerte. Si la Corte ordena al juez modificar su fallo, podrán ser aprehendidos dos ex directores federales de seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, y el agente judicial regiomontano Juventino Romero Cisneros, que detuvo a Piedra Ibarra y lo remitió a la DFS.
Es también singular el caso porque la madre del desaparecido, doña Rosario Ibarra, a raíz de la detención de su hijo sin que fuera consignado a la autoridad respectiva, emprendió su búsqueda movida primero por el dolor personal, al que se añadiría después una poderosa convicción política. Hace más de un cuarto de siglo que reclama la presentación de los desaparecidos de entonces y de otros muchos que en los años recientes han padecido esa infame...
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