PGR-INE: ilegal convenio para fiscalizar a los mexicano

AutorPatricia Davila

Ante su fracaso en la localización de las 30 mil personas desaparecidas en el país y las dificultades para conocer la identidad de las que tiene como no identificadas, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a firmar un convenio carente de sustento legal. Ahora, esta última instancia deberá "compartir" las bases de datos personales de los 83.5 millones de ciudadanos de su padrón a las procuradurías.

No obstante, entre el personal de la dependencia electoral existe la preocupación de que a través del Convenio de colaboración que establece mecanismos para compartir información de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, firmado el pasado 6 de septiembre por la PGR, las procuradurías, fiscalías y servicios médicos forenses estatales y el INE, la PGR también solicite datos sobre personas que está persiguiendo.

Peor aún, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), una organización civil, también firmó el documento, lo que le permitirá tener acceso a información de ciudadanos que sólo puede ser consultada con autorización judicial.

Según las estadísticas oficiales, la violencia ha cobrado 30 mil víctimas de desaparición durante los últimos años en el país y también es la responsable de que sólo en la Ciudad de México sean encontrados 700 cadáveres al año que, como no son identificados, terminan en fosas comunes.

El propósito del convenio es que el INE comparta las bases de datos contenidas en el Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (Automated Fin-gerprint Identification System, AFIS) y el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (Automated Biometric Identification System, ABIS); es decir, huellas de los 10 dedos de las manos, fotografía del rostro, firma, domicilio, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes.

Se busca que con este conjunto de métodos se facilite la identificación de los cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas o desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricas susceptibles de ser analizadas.

La PGR, dijo su titular Arely Gómez González, actuará con "absoluto respeto" al derecho a la protección de los datos personales, y sostuvo que se trata sólo de compartir la información contenida en las bases de datos tanto de identificación biométrica como de huellas dactilares.

Para justificar la carencia de fundamento legal para la celebración del convenio, la procuradora sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado debe cumplir su deber de investigar con los recursos que tenga "a su alcance".

En el caso del convenio citado, a los firmantes los reunió su compromiso con las víctimas de las transgresiones a los derechos humanos, comentó Gómez González, e insistió en que el propósito es regresar a los hogares la tranquilidad y la paz que brinda el hecho de dar por concluida la búsqueda de sus seres queridos y asegurar el derecho a la verdad. En el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada -publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2015- se definen los procesos de búsqueda, investigación y atención a víctimas que obligatoriamente deben seguir, en cada etapa del procedimiento penal los agentes del Ministerio Público, peritos y...

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