Con Peña Nieto, el mayor número de desapariciones de menores

AutorGloria Leticia Díaz

El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido durante cinco días, es ilustrativo de la violencia y discriminación que viven millones de adolescentes en México, víctimas del modelo de seguridad adoptado en los últimos 12 años.

Este es el diagnóstico en el que coinciden defensores de organismos públicos y de la sociedad civil consultados por Proceso, y quienes, basados en reportes oficiales, revelan que menores de edad y jóvenes son víctimas recurrentes de casos graves de violaciones a los derechos humanos, de manera particular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos de las autoridades, en el actual gobierno se registran 72.3% de los seis mil expedientes de desapariciones de menores de 17 años. También la información da cuenta que cada día se cometen tres homicidios de menores de edad, desde niños hasta adolescentes.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien recuerda que asumió su cargo dos meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, advierte que en los últimos tres años en que ha estado al frente del organismo los jóvenes se han convertido en víctimas de casos atroces.

"Es triste y lamentable. No sabemos qué haya pasado con este joven que fue detenido en la Ciudad de México, pero lo que pareciera presuntivamente obvio es la detención arbitraria y no sabemos qué más se acredite", dice el ómbudsman, entrevistado el pasado 30 de enero en sus oficinas.

Comenta que la CNDH ha intervenido en casos de desaparición forzada ocurridos en Iguala, en Tierra Blanca, en Pa-pantla y en Chilpancingo, donde el factor común es que las víctimas son jóvenes y los presuntos responsables de las desapariciones son policías, y añade que "estas circunstancias nos muestran un deterioro en la seguridad pública".

Expone: "Estamos en un clima de corrupción e impunidad, y eso propicia lo que estamos viendo, porque mientras no haya sanciones, el máximo rigor de la ley, es campo fértil para que las conductas se sucedan. Desde luego que estamos en favor de que a las víctimas del delito se les respete el derecho humano de acceso a la justicia, pero lo que no podemos hacer es incurrir en la persecución del delito cometiendo ilícitos: no a la tortura, no a la privación de la vida y no a la ejecución arbitraria".

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CD-HDF), Nashieli Ramírez Hernández, responsable de la investigación del caso de Marco Antonio, integrada por desaparición forzada, advierte que tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional prevalece "una creciente visión de criminalización de los chavos". Puntualiza: "Y no...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR