Peligrosa, la liberación de imputados por uso ilegal de armas

AutorPatricia Dávila

Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), advierte: "Los delitos cometidos con arma de fuego se incrementan. Creemos que involuntariamente se transitó en el país de una política restrictiva a una política permisiva en lo que se refiere a (la portación de) las armas de fuego".

A raíz de la polémica suscitada el pasado miércoles 5, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de que un portador de armas pueda llevar su proceso en libertad mientras espera sentencia, el comisionado considera que liberar a los detenidos por este delito resulta "profundamente perverso" para la sociedad y los miembros de las corporaciones policiales, que arriesgan su vida para detenerlos y al día siguiente los ven empoderados y en la calle.

En entrevista a través de un cuestionario escrito, Sales Heredia aborda la conveniencia de que los juzgadores consideren la prisión oficiosa al momento de dictaminar si dejan o no en libertad a un portador de armas de fuego.

También considera necesario legislar para reformar el artículo 19 constitucional a fin de ampliar el catálogo de delitos que lleven a prisión preventiva, lo mismo que el 123, inciso B, fracción XIII, para que los policías despedidos sin justificación puedan reintegrarse a su corporación.

De por sí, ilustra, las personas que siguen su proceso en libertad por delitos vinculados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) equivalen a casi 80% de los que han sido puestos a disposición del Ministerio Público federal.

Para dar una idea de la dimensión del problema, acota que a nivel federal los delitos relacionados con la LFAFE representan 53.7% de las causas penales judicializadas.

Además, enfatiza, la Procuraduría General de la República (PGR) ha ejercido acción penal contra 6 mil 900 personas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De ellos, más de 5 mil se encuentran libres debido a que el delito ya no amerita prisión preventiva oficiosa.

En el periodo de enero a mayo de 2015 se registraron en el país 6 mil 708 homicidios dolosos, en 3 mil 777 de los cuales se utilizaron armas de fuego, mientras que en el mismo periodo de 2016 se cometieron 7 mil 658, de los cuales 4 mil 517 implicaron ese tipo de instrumentos; en tanto que de enero a mayo de este año se registraron 9 mil 916 homicidios dolosos y se usaron armas de fuego en 6 mil 519.

Sin embargo, explica, "el periodo que debe analizarse es el de noviembre de 2014 a la fecha, pues en aquel mes se inició gradualmente la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Algunos analistas cometen el error de considerar como fecha de arranque junio de 2016, que era la fecha tope que señalaba la Constitución (para que entrara en vigor en todo el país). Lo cierto es que los delitos cometidos con arma...

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