Iniciativa Legislativa de la Dip. Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12; reforma la fracción IV del artículo 66; reforma el inciso h) y el penúltimo párrafo del artículo 70 y reforma el segundo párrafo del artículo 71, todos de la Ley General de Educación., de 14 de Agosto de 2013
La que suscribe, diputada MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 12; REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 66; REFORMA EL INCISO H) Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70 Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71; TODOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Masacres en las escuelas: un riesgo que se actualiza.
Con frecuencia lamentable somos testigos en las noticias de homicidios colectivos al interior de escuelas en países desarrollados principalmente en los Estados Unidos de América. La última tragedia tuvo lugar en el poblado de Newtown, Connecticut. Un joven de veinte años que sufría trastornos mentales mató a veinte niños y seis maestros. Este tipo de homicidios se caracterizan por ser perpetrados en la mayoría de las ocasiones por alumnos del mismo plantel, muchas veces a su vez víctimas de acoso o abuso escolar mejor conocido como bullying y por el empleo de armas de alto poder. El común denominador de los sujetos activos es que padecen algún trastorno o enfermedad mental.
En México creemos que somos ajenos a las masacres en las escuelas y consideramos que dichos eventos acontecen únicamente en países del llamado primer mundo como si fuera propio o exclusivo de naciones industrializadas. Sin embargo, olvidamos las circunstancias particulares en materia de seguridad pública por las que atraviesa nuestro país. La violencia extrema que se ha desatado en numerosas regiones del territorio nacional donde tienen fuerte presencia grupos diversos de la delincuencia ha cambiado el panorama. Un estudio realizado por la organización “Todos Por Juárez” no deja dudas sobre la conformación en México del principal factor para la consumación de una masacre: el surgimiento de adolescentes y jóvenes con algún tipo de trastorno mental. En nombre de dicha organización de la sociedad civil, la activista social Lourdes Almada presentó el informe y destacó como una de sus principales conclusiones, la siguiente:
“En las terapias de duelo que hemos aplicado en escuelas, descubrimos que los niños viven con una sed de venganza y, en unos meses, algunos de ellos puedan ser quienes ejerzan la violencia.”
El otro factor que es la disponibilidad de armas, también ha madurado en nuestro país. Los indicadores de armas de fuego aseguradas por los cuerpos de seguridad así lo confirman y nos dan una idea de la magnitud del volumen de armas de todo tipo desde pistolas hasta granadas y explosivos que se pueden conseguir en el mercado negro con mayor facilidad que antes de que detonara la oleada de enfrentamientos entre los grupos criminales. En los últimos seis años el gobierno federal aseguró más de 142 mil armas, de las cuales 70% son rifles de asalto AR-15 y AK-47: el 80% proveniente de manera ilegal de los Estados Unidos de América, según declaraciones del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa del 12 de abril del 2012 durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. Es bien sabido entre los expertos que cuando se observa un incremento en el volumen de armas en una sociedad, la violencia reflejará un incremento similar durante varios años. De ahí que debemos tomar medidas para estar preparados y en condiciones de prevenir la comisión de un delito contra la vida o la integridad corporal en una escuela.
El análisis de la situación de vulnerabilidad de las escuelas arroja la conclusión de que ni el Estado ni los padres de familia, los dos sujetos obligados del bienestar de niñas y niños en el ámbito de la educación, están preparados para evitar un ataque y prevenir una masacre escolar. En gran medida, la falta de una respuesta institucional para este tipo de ilícitos de víctimas múltiples se debe a que los preceptos relativos a la seguridad y prevención de delitos contenidos en la Ley General de Educación entraron en vigor muchos años antes de que surgiera esta amenaza que, en consecuencia, no previeron. La laguna jurídica de que adolece la Ley General de Educación se traduce en una auténtica omisión legislativa que amerita ser colmada lo antes posible en vista de la fuerza normativa de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano y a la luz de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2011, como veremos a continuación.
El deber de protección integral a niñas, niños y adolescentes.
La niñez ha de disfrutar del más elevado nivel de seguridad. Las fuentes de dicho derecho las encontramos en la Ley Fundamental, los tratados internacionales y la ley secundaria. La reforma antes mencionada estableció nuevas obligaciones para todas las autoridades y consisten en respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los legisladores también debemos observar estas obligaciones aprobadas por las respectivas cámaras a las que...
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