PLAZA PÃBLICA / Monsanto 2, México cero
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
La Presidencia de la República anunció el viernes pasado que la Secretaría de Agricultura y la del Medio Ambiente autorizaron "la expedición de los primeros dos permisos, de un total de 35 solicitudes, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado". De inmediato, agrupaciones que estaban en alerta ante la inminencia de tales autorizaciones se manifestaron en contra, pidieron su revocación y una moratoria que impida tales siembras.
El comunicado 210 calla las circunstancias precisas de tales permisos. Omite decir que se otorgaron a Monsanto, la poderosa empresa trasnacional que con esos experimentos busca crear artificialmente un mercado de semillas que le genere regalías y haga depender a la agricultura maicera mexicana de esa trasnacional, que ha presentado la mayor parte de las peticiones que se ventilan ante las autoridades. También es omiso el boletín respecto de la ubicación de los predios correspondientes. Dice ese documento que "las siembras se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos. En los estados donde se autorizaron las siembras experimentales no hay presencia de maíces criollos". Al parecer, no hay tales "estados". Se trata sólo de Tamaulipas, donde, a diferencia del dicho gubernamental, sí hay maíz criollo: es zona de colecta del grano tuxpeño y vandeño.
El comunicado asegura que para "establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública... que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley (de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados) con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados".
Los opositores a estas autorizaciones solicitarán la revisión de los permisos, recurso previsto en la propia ley. Lo juzgan necesario porque ese ordenamiento ha sido violado por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente. La vulneración es de fondo y forma: por un lado, las autorizaciones se acordaron sin que se haya establecido el régimen especial de protección al maíz, ordenado en el artículo dos; y por otra parte, las autorizaciones no se notificaron al Registro Nacional de Organismos Genéticamente Modificados, como debieron hacerlo las autoridades según lo dispone la propia ley.
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