Nuevo sistema penal y la enseñanza de la Victimología

AutorMaría de la Luz Lima Malvido
CargoDoctora en Derecho por la UNAM. Investigadora del INACIPE.
Páginas176-196

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Resumen. La implementación del sistema penal acusatorio significó un cambio trascendental en la procuración y administración de justicia que no ha estado exento de retos. Probablemente una de las tareas más difíciles es precisamente la capacitación tanto en la materia como en la enseñanza de la Victimología. Esto, porque el sistema constituye un cambio de foco en torno a cómo se había estado observando el sistema punitivo mexicano y la posición que la víctima había ocupado hasta hace poco. Es por ello que el presente artículo incide en los procesos de enseñanza de la Victimología en el macro del nuevo sistema.

Abstract. The implementation of the accusatory criminal system meant a transcendental change in the implementation and administration of justice that has not been happening without challenges. Probably one of the most difficult tasks is precisely training both: the field and the teaching of Victimology. This is, because the system constitutes a change of focus around how the Mexican punitive system had been observed and the position that the victim had occupied until recently. That is why this article affects the processes of teaching Victimology in the macro spectrum of the new system.

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SUMARIO: I. Introducción. II. Repercusiones de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). III. Profesionalización en Victimología. IV. Conclusión. V. Fuentes de Consulta.

Introducción

El presente artículo da una visión panorámica de cómo ha evolucionado el eje de capacitación a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia (SETEC) y después el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), fijando nuestra atención en ¿cómo las enseñanzas victimológicas van permeando? Y explicamos el papel marginal que por años ha tenido el tema de la atención a las víctimas en este campo, haciéndose consciente ahora que sin ellas no va a tener éxito el nuevo sistema penal.

Desde la emisión del decreto de reformas constitucionales al sistema de justicia penal en junio de 2008, se iniciaron diversas acciones con el objeto de implementarlas plenamente en junio de 2016. Coincidimos con las opiniones expresadas entre otros por el (Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. CIDAC) (2017), de que el sistema de justicia penal acusatorio no terminó el 18 de junio del 2016; por el contrario, los esfuerzos deben persistir e, incluso, maximizarse para el proceso de consolidación. Y esto se comprueba con la agitada agenda que ha desplegado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien asumió la encomienda de dar seguimiento a las actividades que darán pleno desarrollo al nuevo sistema penal (SEGOB, 2017).

En el nuevo sistema de justicia penal existen diversos actores que interactúan en la resolución de los casos por lo que es fundamental la capacitación de los operadores para su desarrollarlo en condiciones óptimas, lo cual exige que se desplieguen múltiples tareas. Se hace necesario especializar al personal en todas las áreas para lograr darle una mejor operatividad al sistema (mediador, conciliador, juez de juicio oral, asesor jurídico, administrador del juzgado, facilitadores, autoridad de evaluación y supervisión de medidas cautelares, perito, consultor jurídico, administrador de causa, policías ministeriales y preventivos y peritos, Ministerio Público, juez de control, archivista, notificador, etc.).

Somos conscientes que el nuevo sistema penal implicó una nueva infraestructura física y tecnológica, reorganización institucional,

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seguimiento y consolidación, difusión, entre otras áreas esenciales que fueron necesarias para su implementación, pero consideramos que la selección y la capacitación de los operadores es la más relevante. Hace falta contar muchos jueces, agentes del Ministerio Público, abogados, defensores, facilitadores, asesores jurídicos de víctimas, policías ministeriales y preventivos y peritos capacitados en el nuevo sistema penal preparados para asumir un cambio de paradigma. Sobre todo, porque la resistencia al cambio, sumado a la falta de competencias puede poner en riesgo el éxito de la tarea programada. La resistencia al cambio puede ser una fuente de conflicto funcional y tiene una grave desventaja que obstaculiza la adaptación e influye en su entorno y evita el progreso. Y cuando no se dominan las competencias el personal puede sentirse inseguro y amenazado porque tiene incertidumbre de su futuro. Este es un gran reto para el sistema ya que requiere una organización consolidada que debe cambiar radicalmente y retener al talento humano que esté preparado para ello y que pueda motivar a los demás para alcanzar la renovación.

Han sido desplazados muchos recursos para tareas que nunca se habían realizado, solo por mencionar alguna habría que ver la dignidad de las instalaciones que el poder judicial construyó en todo el país, que dan otra imagen, ahora se perciben como lugares dignos donde se imparte justicia.

Los operadores son el activo más importante del sistema penal, potenciarlos a nivel individual implica también hacerlo a todo el sistema. Al empoderarlos con conocimientos y competencias estamos construyendo un compromiso de participación hacia la calidad total. El éxito en la gestión de recursos humanos y la dirección dentro de las instituciones promueve el compromiso de la persona, su motivación, desarrollo y retención (Ministerio de Hacienda de Administraciones, 2013). En el contexto de la gestión de calidad total, es importante tomar conciencia de que solo personas satisfechas pueden llevar al sistema hacia usuarios satisfechos. Por ello, es importante asegurar que las capacidades de las personas (selección, asignación y desarrollo) son las adecuadas para desarrollar la misión, así como que las tareas y responsabilidades estén bien distribuidas.

Así mismo hay que puntualizar que el sistema penal acusatorio exige habilidades diferentes a las que requiere un procedimiento penal inquisitivo, por lo que en el proceso de selección se debe identificar si poseen las habilidades que demanda este nuevo sistema: facilidad para la expresión oral, pensamiento

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estratégico, toma de decisiones, entre otras, información que será de utilidad para ubicar a cada participante en una especialidad u otra (SEGOB, 2017).

A través de la SETEC se han elaborado diversos programas de capacitación y difusión que han estado en constante actualización desde el primer intento en 2009 (SETEC, 2012, p. 214), se elaboraron varias versiones en distintos periodos. Esta secretaría se creó para dar seguimiento al tema del Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal al que se instruyó, debía enfocarse al desarrollo de habilidades y competencias para todos los intervinientes en el nuevo sistema de justicia penal.

El Lic. Felipe Borrego Estrada, primer secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, decidió aplicar una encuesta sobre el sistema de justicia penal que fuera un primer referente para conocer el impacto que estaba generando en la sociedad la reforma penal, y que esta base de datos fuera un parámetro de comparación obligado, tanto a nivel estatal como nacional de futuros levantamientos en el mediano plazo, para saber si se habían presentado avances o retrocesos con respecto al año 2012 . Para elaborar el estudio, se focalizaron los indicadores en medir tres de los principales objetivos de la reforma penal de 2008:

  1. Favorecer el acceso a la justicia,

  2. Contar con una justicia eficiente, pronta y expedita, y

  3. Tener un procedimiento transparente.

La idea de este primer esfuerzo fue obtener información sobre el estatus que guardan los avances en la implementación de la reforma a nivel nacional: ¿Si estaba teniendo los efectos esperados para que la sociedad tuviera un sistema de justicia penal, más eficiente, transparente y accesible, y por tanto de mejor calidad y capaz de recuperar la confianza perdida en las instituciones que lo conforman?

Los resultados no fueron muy halagadores, en el tema que nos ocupa de atención a las víctimas, en el reconocimiento de sus derechos, en la no revictimización, en el trato recibido y en la capacitación de los operadores de justicia con quienes trataron.

Veamos algunas opiniones vertidas para volverlas nichos de oportunidad de capacitación. Las víctimas mencionaron en entrevistas que los funcionarios no tienen vocación de servicio; les faltaba sensibilidad ante el dolor que ellas sufrían; que eran apáticos y déspotas; que les

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otorgaban información contradictoria y que les provocaban pérdida de tiempo. Asimismo que fueron revictimizadas en el proceso de denuncia por las instituciones; específicamente mencionaron que fueron ofendidos al ser tratados como delincuentes o inculpándolos del delito. Además, que les hicieron solicitudes de dinero para darles la atención oportuna. Comentaron que en diversas ocasiones no se les permitió el acceso de familiares de la víctima a las instalaciones. Destacaron, según resultados de la encuesta, que los psicólogos fueron los únicos profesionales que dieron un buen trato. Se encontró un desconocimiento de los derechos de las víctimas y del acusado por parte de los ciudadanos y una carencia de cultura informativa. Este ejercicio resultó vital para tomar en cuenta los resultados en el nuevo diseño de los programas de capacitación.

En 2013, se instruye al Comité de Capacitación para que revise los programas de capacitación aprobados por este Consejo en noviembre de 2012 y se ordena sean adecuados a la nueva...

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