Sobre Peña Nieto, la sombra de los feminicidios en Edomex

AutorGloria Leticia Díaz

Inmerso en los cuestionamientos por las múltiples irregularidades registradas durante el proceso electoral y sin confirmarse aún su triunfo como presidente electo en los comicios del domingo 1, Enrique Peña Nieto es objeto también de un escrutinio internacional por la violación a los derechos humanos de las mujeres durante su gestión como gobernador del Estado de México.

El martes 17, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sesionará en la sede de la ONU, en Nueva York, en torno a la situación de los feminicidios y levantamientos que conculcan el tratado internacional sobre el tema ratificado por México en 1981.

Los señalamientos que ahí se harán no sólo van dirigidos a Peña Nieto; también implican al presidente Felipe Calderón, cuya decisión de declarar la guerra al narcotráfico agravó la violencia contra las mujeres, de acuerdo con "informes sombra" enviados por organizaciones civiles nacionales e internacionales al CEDAW.

En el caso del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se hace énfasis en los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 atribuidos a policías mexiquenses, así como en la negativa del entonces mandatario estatal a instrumentar una alerta por violencia de género ante los feminicidios registrados en 2010.

José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asegura que con esos antecedentes resulta difícil "darle el beneficio de la duda" a Peña Nieto, pues, dice, "ya sabemos cómo va a actuar". Su colega María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), comenta que la vida de las mujeres corre serios riesgos. Y se pregunta: "¿qué se puede pensar de una persona que no quiso entrar a fondo en el tema de los feminicidios?".

De acuerdo con el documento de la CE-DAW, los países firmantes están obligados a garantizar las medidas necesarias para eliminar la discriminación de género. Sin embargo, en 2010 México no dio cuenta del cumplimiento de 36 recomendaciones formuladas por el órgano de la ONU, 16 de ellas relativas a la violencia y los feminicidios en Ciudad Juárez.

Para el encuentro del martes 17, la administración calderonista intentará presentar dos informes -el séptimo y el octavo-, que serán cotejados con al menos medio centenar de informes alternativos elaborados por organismos civiles.

Entre los citados reportes se incluye uno del Centro Prodh y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Éste resalta el incumplimiento por parte del Estado mexicano de una recomendación del órgano de la ONU emitida hace dos años para "mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección".

Dicho documento, del que Proceso tiene copia, propone también que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia...

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