La naturaleza de la función judicial: democracia e independencia

AutorImer B. Flores
Cargo del AutorInvestigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Páginas267-287
267
LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL:
DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA
Imer B. FLORES*
Los jueces jamás deben olvidar que su oficio
es jus dicere y no jus dare; es decir, que su ofi-
cio es interpretar y aplicar la ley, y no hacer-
la o imponerla como comúnmente se dice.
Francis BACON,
Sobre los deberes de los jueces.
SUMARIO: I. A manera de introducción: naturaleza de la función judicial.
II. Discurso del ministro presidente en el caso de la interrupción anticipada
del embarazo. III. Análisis del discurso. IV. A modo de conclusión: demo-
cracia e independencia.
I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN: NATURALEZA
DE LA FUNCIÓN JUDIC IAL
Responder cuál ha sido la función que cumple —o ha cumplido— el Poder
Judicial en Iberoamérica, en general, y en México, en particular, es la pre-
gunta que se nos ha planteado y que intentamos responder en esta ocasión.
Cabe aclarar que sin ningún afán excepcionalista ni mucho menos reduc-
cionista —y además sin caer en una falacia generalista— nos enfocamos
en el caso mexicano (como jurisprudencia particular), pero estimamos que
nuestras consideraciones son mutatis mutandis aplicables a los demás países
*
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, adscrito a las áreas
de “Derecho constitucional” y “filosofía y teoría del derecho”, y profesor por oposición de
las materias de “Argumentación jurídica” y “Filosofía del derecho”, Facultad de Derecho,
UNAM. Correo electrónico: imer@unam.mx
www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2013, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
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iberoamericanos (como jurisprudencia general).1 Así, estudiamos la natu-
raleza de la función judicial, en general, y especulamos que para entender
dicha función es necesario remitirnos a su relación con la democracia y la
independencia, en particular.
Al respecto, es conveniente adelantar que los dos principales retos que
tiene ante sí la función judicial es la de ser a la vez un órgano o poder pú-
blico democrático e independiente de los demás órganos o poderes públicos
a los que tiene el deber de controlar. Por un lado, ‘democrático’ califica la
situación de una colectividad o grupo cuyo estructura radica en el gobierno
del, por y para el pueblo, i. e. todos;2 y, por el otro lado, ‘independiente’ ca-
racteriza la situación de una colectividad o grupo, en este caso un órgano o
poder público que no está sometido ni subordinado a la autoridad de otro y
que como tal, no depende del mismo.3
En este orden de ideas, no sería posible entender la función judicial,
en el caso de México sin aludir a la reforma constitucional, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, conocida como
la reforma judicial de 1994-1995.4 Esta reforma puede ser considerada a la
vez como efecto y como causa del mismo proceso democratizador al consti-
tuir uno de sus productos y al contribuir a profundizar dicho proceso, al re-
conocer que la función judicial debe ser democrática e independiente para
poder defender las garantías constitucionales, incluidas la protección de los
derechos y la división de poderes, así como para poder resolver los conflictos
entre los demás órganos o poderes públicos.
Por supuesto que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero, en mi
opinión, el balance de estos primeros quince años ha sido muy favorable.
Baste pensar en los claroscuros en torno al ejercicio de la facultad de inves-
tigación, prevista en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual a pesar de algunos
avances, como en los casos de Aguas Blancas, también ha habido algunos re-
trocesos, como en los casos de Atenco, Lydia Cacho y Oaxaca, con lo cual
estamos a la expectativa de lo que sucederá en el caso de la Guardería ABC
de Sonora. De igual forma, hay decisiones muy cuestionables, como el caso
1
Flores, Imer B., “La cama o el lecho de Procrustes: hacia una jurisprudencia compa-
rada e integrada”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número conmemorativo sexagésimo
aniversario, 2008, pp. 273-312.
2
Flores, Imer B., “Actores, procesos e instituciones democráticas: hacia una verdadera
democracia en México”, en Molina Piñeiro, Luis J. et al. (coords.), Instituciones, actores y procesos
democráticos en México 2007, México, Porrúa y FD-UNAM, 2008, pp. 311-340.
3
Flores, Imer B., “Conceptualismo vis-à-vis funcionalismo: autonomía, soberanía e in-
dependencia hoy (en la era de la globalización)” (en prensa).
4
Melgar Adalid, Mario (coord.), Reformas al Poder Judicial, México, UNAM, 1995.
www.juridicas.unam.mx
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