Minería salvaje

AutorArturo Rodríguez García

En 2013 se identificaron 26 conflictos sociales en el país, provocados por la contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades, despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos humanos en 18 entidades, de acuerdo con datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un conflicto de esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos conflictos cada uno; San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos cuatro, relacionados con actividades extractivas.

La situación es llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, igual que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33.

En su Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, la CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la rela-toría especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta instancia menciona la violación de derechos territoriales y la falta de consulta pública como origen de esos conflictos, además de la presión de las industrias extractivas, que complica la realización de modelos de go-bernanza (Proceso 1937).

Para la CDIPM, el problema de fondo radica en la corrupción que prevalece entre las empresas y las instancias gubernamentales del sector.

Poder trasnacional

Antiguo enclave minero en el Bolsón de Ma-pimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno de los tres municipios con mayor extensión territorial del país. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión poblacional.

Su potencial minero recobró importancia hace algunos años y desde 2006 la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. compró La Encantada, una mina de plata y plomo en presunta decadencia que ocupa 4 mil 76 hectáreas.

El estudio de la CDPIM refiere que las operaciones de First Majestic ahí "no sólo se caracterizan por la corrupción y el desenten-dimiento de las autoridades a la problemática social, sino también por ser una de las minas que más gana y que menos retribuye" a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda.

La minera desarrolló sus actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó que entregara las tierras al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que hicieron imposible a los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR