El menor infractor y el orden jurídico como repercusión política y social
| Autor | Miriam Aidé García González |
| Páginas | 247-272 |
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Revista del Instituto de la Judicatura Federal
Número 44, julio-diciembre de 2017
EL MENOR INFRACTOR Y EL ORDEN JURÍDICO
COMO REPERCUSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
THE MINOR OFFENDER AND THE LEGAL ORDER AS A
POLITICAL AND SOCIAL REPERCUSSION
Miriam Aidé García González*
RESUMEN: -
no suelen determinarse de manera genérica y sin consideracio-
a lo largo de los años, sin que se logren establecer parámetros
generado y seguirá generando cuestionamientos e imprecisiones.
El punto central versa sobre las posibilidades que los menores
posibilidades, a la reinserción, a la reformulación de identidades
del presente trabajo es crear amplitud en esas temáticas para que
puedan considerarse de manera óptima en futuras reestructura-
ciones normativas.
PALABRAS CLAvE:
ABSTRACT:
-
-
* Secretaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
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Miriam Aidé García González
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-
tive restructurings.
KEyWORDS:
SUMARIO: -
infractores. III. Referencias.
I. Introducción
¿C
fundamental que los niños deben alcanzar un crecimiento
de mendicidad, analfabetismo, farmacodependencia, violencia, delincuencia,
-
-
-
dadas sus circunstancias se conviertan en infractores de la ley, y un esfuerzo
Desde esa perspectiva, puede visualizarse la necesidad de contar con insti-
-
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de actuar, sino de pensar, de sentir, de respetarse, de fortalecerse y de vivir.
-
culo 18 de la Constitución Federal, que ordenó la creación de un Sistema In-
en nuestro sistema judicial, que transformó la manera de juzgar a los menores
-
ceso y la posibilidad de las autoridades especializadas de efectuar una real y
plena reinserción y reintegración familiar y social.
-
-
una respuesta a problemas sociales e ilegales procedimientos judiciales que
1
-
nización de las Naciones Unidas y el auge de una globalización, los poderes
-
-
de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
2 en cumplimiento a la sentencia de la Corte
-
1 Carrillo Prieto, Ignacio,
UNAM, México, 1992, p. 61.
2
Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Criterios vinculantes de
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co contra el Estado mexicano, fallado el 14 de julio de 2011, determinó la
de convencionalidad de las normas que fueran contrarias a la Constitución
-
su inaplicación dentro del caso concreto, y con la única reserva para el Poder
Judicial de la Federación en la declaración de inconstitucionalidad o incon-
vencionalidad de las normas.
-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXVI-
Control de ConvenCionalidad ex oFFiCio en un modelo
de Control diFuso de ConstituCionalidad,3 y la jurisprudencia de la Corte
se encuentran obligadas a efectuar, , el control de convencionalidad, res-
3 , Noven Época, t.
I, diciembre de 2011, p. 535, que dice: Control de ConvenCionalidad ex oFFiCio en un mo-
delo de Control diFuso de ConstituCionalidad.-
-
tenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando
doctrina como principio -
nal, reformado mediante Decreto publicado en el de diez de junio
de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el
marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad en materia de
-
tución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se
las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
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-
cándola o expulsándola del ordenamiento legal según sea la competencia del
órgano de justicia.
a reducir las penas tratándose de autores de delitos con edad inferior a los die-
en las mismas instituciones penitenciarias. Las deplorables condiciones de
encerramiento, y la promiscuidad entre menores y adultos, generaron con
mayor o menor intensidad en todo el continente, una fuerte indignación mo-
ral que se tradujo en un vasto movimiento de reformas.4
La falta de oportunidad derivada de las situaciones de exclusión, pobreza
carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana
edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas
o adquieran conductas violentas. Los adolescentes mexicanos que entran en
marginales, trabajan en actividades informales, suelen vivir en entornos vio-
lentos, que lo único que aprenden es a sobrevivir.
-
a la sociedad, sino a obtener la dignidad que una vez perdieron como seres
desde mi perspectiva, una especialidad como medio idóneo para aplicar, de-
sarrollar y resolver, como en el caso, lo relativo a los menores que son presa de
la tipicidad de delitos para lograr una verdadera reinserción de los menores
a una vida casi normal.
4
2001, p.18.
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II. Los antecedentes del orden jurídico como
repercusión política y social para la
protección de los menores infractores
Como primer antecedente nos referiremos al México de la época de la Colo-
de Alfonso X, que señalaban la responsabilidad para los menores de diez años
y medio, y una semiimputabilidad a mayores de esa edad, pero menores de
diecisiete.
No se aplicaba la pena de muerte para menores de diecisiete años. No
-
educativas, que se encargaba de los niños abandonados y de la calle. En el
Junta de Caridad para la Niñez Desvalida, donde mujeres voluntarias reu-
la casa de Tecpan de Santiago, llamada también Colegio Correccional de
San Antonio, casa que recibió a menores delincuentes de 16 años, sentencia-
dos o procesados. En 1871 se publicó el primer Código Penal Federal que es-
de menores, el cual fue abandonado años después, dado que no interesaba
de esa ley, se estableció:
Circunstancias que excluyen la responsabilidad criminal. La materia
-
253
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-
ocuparse de todas las afecciones mentales que perturban la razón.
-
nores, considerándolos exentos de responsabilidad criminal, en los ca-
34, siguiendo en esto las doctrinas de los mejores criminalistas.
-
catorce años era sujeto a dictamen pericial condicionado al discernimiento.
-
tablecimientos de educación correccional-reclusión preventiva en escuela de
-
cimientos de Tecpan de Santiago y el Hospicio de los Pobres que proporcio-
naba educación para que los niños fueran productivos para la sociedad. Eran
palpables las ventajas de no mezclar a los jóvenes delincuentes menores de
la promiscuidad.
Se estableció el concepto de individualización de la pena, dejando a los
para decidir la sanción, por lo que era necesaria la especialización para eva-
su sanción.
-
-
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El 25 de octubre de 1908 se tienen noticias del traslado de La Escuela
Millón de muertos cobró la Revolución mexicana de 1910. Se afectó la
-
lles o el trabajo en fábricas y talleres. Una alternativa para los niños era su re-
Sin embargo, los maltratos y las vejaciones sufridas por los menores dentro de
las correccionales eran conocidos por la sociedad.
De tal suerte que el Estado frente a los jóvenes delincuentes actualizaba
su conducta a tipos penales merecedores de una sanción adecuada a su edad
y a su capacidad de discernimiento, pues, aunque los centros de reclusión
-
ocasionadas por el movimiento armado y el fenómeno de la inmigración, lo
que provocó que adulos y jóvenes vivieran como mendigos, vendedores am-
principalmente, al número de niños que se encontraban en situación de calle,
para conocer de los delitos de menores -derivado del juez paternal instituido
-
establecidas constitucionalmente y que se respetaban por el Código Penal de
1871 y el Código de Procedimientos Penales de 1880. En 1927 se consolidó
la asistencia social en México, pues no obstante que existieron desde la presi-
dencia de Venustiano Carranza, se inauguró el dormitorio público especial-
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Menores en la actual Ciudad de México.
Una buena parte de los menores que llegaron al Tribunal para Menores
Infractores entre 1927 y 1937 llegó a pisar las diversas instituciones de asis-
-
glamento que solo facultaba al Tribunal para actuar cuando los menores de
16 años cometieran algún delito sancionado en el Código Penal, además de
estudiar las solicitudes de los menores de edad sentenciados por los tribunales
del orden común que deseaban obtener reducción o conmutación de su pena,
de 16 años denominados .5
-
digo Penal de 1928 declararon al menor socialmente responsable para que
el Estado pudiera intervenir, por lo tanto, los niños y jóvenes fueron sujetos
a un tratamiento educativo que estuvo a cargo del Tribunal. Las sanciones
impuestas se consideraron especiales y consistieron en arrestos escolares, li-
bertad vigilada o reclusión en algún establecimiento correccional.6
forma de sobrevivir, de trabajar, de tener amigos, de comer, de dormir en
cierta forma tranquilos, lejos de sus agresores que, siendo su núcleo central,
De tal forma que los niños y jóvenes en condición de desintegración fami-
5
, 8 de octubre de 1926, pp. 14-16.
6 Ceniceros, José Ángel y Garrido, Luis, -
xico, 1936.
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que, dada su circunstancia de vida y entono social, los convirtió en infractores
y delincuentes de las normas legales.
-
ba su cambió para que fueran útiles a la sociedad, siendo que el tribunal se
integraba por un profesor normalista, un médico, y un experto en estudios
psicológicos, por lo que era una institución distinta a los tribunales integrados
por abogados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo penal en revi-
tal, sino que se trataba de una acción educativa o cultural, cuyo objetivo era el
estudio y la observación de los menores de quince años y no la instrucción de
-
dico, de amonestaciones, guarda, vigilancia, educación, corrección, etcétera.
los padres en la acción educativa y correctiva de los menores.
En 1941 se emitió la Ley Orgánica y Normas de Procedimientos de los
Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territo-
rios Federales que reunió los distintos ordenamientos legales. Sin embargo,
las condiciones sustanciales del sistema permanecieron intactas, pues la ley
partió de la idea legitimada por la jurisprudencia de la Suprema Corte Justi-
-
dades judiciales, sino de organismos esencialmente educativos, sin funciones
sancionadoras.7
Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de
y posteriormente la Asamblea General de la ONU aprueba en 1959 una
-
necesitan protección y cuidado especial. La referida declaración estableció
diez principios:
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México, julio de 2009, p. 51.
257
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-
lidad.
mental y social del niño.
-
da.
-
circunstancia.
crueldad y explotación.
el concepto de menor infractor. El sistema permaneció sin variación alguna
enderezaban en contra del sistema de justicia como el caso de la falta de de-
que
algunos recursos que no se encontraban en la legislación anterior, pero además
el
-
lia o a la sociedad, y ameritaran, por tanto, la actuación del Consejo. Estado
8
8 , p. 53.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Consejo Tu-
Ejecutivo que se encargaba del conocimiento de los casos de los menores que
de la personalidad, la aplicación de medidas correctivas, de protección y de
vigilancia de tratamiento.
Es importante mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la resolución que dio origen al criterio jurisprudencial de rubro
menores inFraCtores, Consejo tutelar para el distrito Federal. Compete
a un juez en materia penal ConoCer de sus aCtos Cuando aFeCten la liber-
tad personal del quejoso, sostuvo que entre las medidas que los Consejos
de estos
-
ban la libertad personal del menor, por lo que en todo caso, eran los jueces de
-
dad que afectara la libertad del menor.
En ese contexto, a partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del
-
-
to con la ley penal. Es importante mencionar que antes de la Convención so-
para los Estados para la administración de la justicia de los menores (1955),
de la delincuencia juvenil —Directrices de Riad— y las Reglas de Naciones
Unidas para la protección de menores privados de libertad —Reglas MPl—
son los tres instrumentos directrices para tratar y juzgar a los menores.
-
ye una lista completa de las obligaciones que los Estados están dispuestos a
asumir para con ellos, los diversos tratados internacionales y leyes nacionales
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reconoce los principios rectores de esa protección, entre los que destacan: a)
corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad.
la emisión de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Dis-
trito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal
que abrogó la Ley que creó el Consejo Tutelar para Menores Infractores del
Distrito Federal y culminó con la creación del Sistema Integral de Justicia
de 2005.
reconocida una condición especial, al surgir la doctrina de la protección in-
-
ciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
en verdad se implante un sistema de justicia especializado para adolescentes.
-
familia y comunidad.
Esto es, contempló, entre otros, los principios de legalidad, tipicidad, de-
fensa, presunción de inocencia, audiencia, y recursos, sin embargo, conservó
un apartado de justicia llamado Consejo de Menores dentro del ámbito del
-
particularidades fueron objeto de cuestionamientos por la Primera Sala de la
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260
el Consejo de Menores era una autoridad administrativa con funciones juris-
e individualizada.9
de forma presentada, la primera lectura del proyecto y el texto aprobado
y publicado el 12 de diciembre de 2005, existieron variantes que genera-
un plazo de tres meses para su entrada en vigor, luego de la publicación en
el , y seis meses más para que los estados de la
-
Humanos del propio estado, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
trataba de un modelo de responsabilidad garantista de naturaleza penal y no
-
prudencia se establecieron, entre otros, los puntos de especialización del fun-
-
tunidad para acreditar la especialización y los obligados a ella, la orientación
al marco normativo del sistema, el carácter sistémico, las salidas alternas del
procedimiento, la adscripción de tribunales especializados en el Poder Judi-
cial, la facultad de legislar, los alcances de los principios de tipicidad, debido
e independencia.10
La senadora Angélica de la Peña Gómez, en la exposición de motivos de
la reforma a la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes que en
separación entre los problemas sociales de la infancia que deben ser
9 Novena Época, t. XXII, julio de 2005, p.196.
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, . cit., pp. 74 y 75.
261
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-
lucran la comisión de un del delito, que entran dentro del ámbito de
algún adolescente se encuentran amenazados o violados, no debe ser el
sistema de justicia el que intervenga sino un sistema de protección in-
-
Distrito Federal —actualmente Ciudad de México—, para el establecimiento
de los respectivos sistemas para adolescentes. En efecto, se consideró que:
1. Los sujetos del sistema eran las personas que tienen entre doce años
-
-
respecto a la edad máxima para la aplicación del sistema, que iban
-
sido reconocidos a los niños y adolescentes.
-
ridades especializados en procuración y repartición de justicia para
adolescentes.
4. En la imposición de las medidas de orientación, protección y trata-
del adolescente. Principios rectores que señala la Convención de los
-
-
des, los órganos e instancias que intervengan en las distintas fases del
sistema, a actuar en todo momento de conformidad con aquello que
sea más conveniente para la reinserción social y familiar del adolescen-
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-
sistema de justicia para adolescentes no debe ser meramente represivo,
sino que debe procurar la reintegración del niño para que este asuma
una función constructiva en la sociedad.
6. En el sistema se deben contemplar formas alternativas de justicia, las
cuales deben aplicarse siempre que resulten procedentes. Este manda-
to constitucional responde directamente a uno de los principios de la
sede judicial, para evitar la estigmatización de los adolescentes someti-
dos a procesos sociales.
-
ceso legal.
8. Debe existir independencia entre las autoridades que efectúan la
revisión y las que impongan las medidas. El sistema existente con an-
terioridad a la reforma constitucional es criticó, en virtud de que se
trataba de un sistema inquisitivo. La reforma, aunque no señale expre-
-
investigadora para remitir el caso al juez.
9. El internamiento de los adolescentes solo podrá aplicarse como me-
dida interna, en caso de delitos graves por el tiempo más breve que
de catorce años de edad. La aplicación de este mandato y las leyes
secundarias deben contemplar un amplio catálogo de medidas que
permitan al juzgador optar por ellas, para que efectivamente el inter-
namiento sea una medida de último recurso.
18 años que estén inmersas en actos que impliquen la probable comisión de
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fundamentales y en el que el internamiento es la última medida para lograr
su reinserción.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis
-
cia internacional generada alrededor de la materia de menores infractores,
base de un sistema de responsabilidad penal, donde el adolescente no solo es
deberes y responsabilidades.
-
-
ma aplicable, y se inspiró en instrumentos internacionales como las Direc-
trices de Riad, en las que se sostuvo, como aspecto de prevención del delito,
menudo contribuye a que desarrolle pautas permanentes de comportamiento
indeseable.
-
-
-
-
centes, es una consecuencia del principio de interés superior y de protección
-
nal para adolescentes y el de adultos radicaba en una cuestión de intensidad,
donde se privilegiaba el aspecto educativo y de reinserción familiar respecto
del punitivo de las acciones que, por cierto, eran de proporciones distintas a
las de los adultos.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la jurispru-
18 constitucional, los menores que cometen delitos deben ser juzgados por
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pues al efecto consideró que eran los juzgados del fuero común especializados
en justicia integral de menores, y no los jueces de distrito mixtos o penales, los
competentes para conocer de los delitos federales cometidos por adolescentes
transición derivado de la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005
el orden federal.
De tal suerte que la citada Sala del Máximo Tribunal sostuvo en la ju-
2005, en materia de justicia de menores, estableció a favor de los adolescentes
-
impuesto por el Poder Reformador de adecuar en determinado lapso las ins-
tituciones burocráticas correspondientes para ello, sin embargo, señaló que se
burocráticas correspondientes, con la correspondiente remisión de los asun-
En ese contexto podemos señalar que no obstante la reforma constitucio-
nal de 2005, no estaba completa la estructura para garantizar a los menores
a la sociedad y a su propia vida, pues si bien se implementó un nuevo sistema
-
como se planteaba once años después con la iniciativa a la nueva Ley Nacio-
nal del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. De modo que la crisis
reforma.
-
neral e integral para la justicia encargada de los adolescentes, por lo que se
propone la iniciativa del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes
en cuya exposición de motivos, diversos senadores del Partido Acción Nacio-
265
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nal, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrá-
tica y de la LXIII, Legislatura, en lo que interesa señalaron:
A partir de la reforma constitucional de diciembre de 2005 y de su con-
es el marco general que debe ser utilizado para enfrentar el tema de los
-
neos aplicables por todas las autoridades de la República mexicana, el
sistema experimentará un punto de quiebre para lograr la implementa-
ción completa del sistema. --- Esta iniciativa del Código Nacional de
Justicia Penal para Adolescentes fue elaborada y promovida por organi-
-
ción Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C., el Instituto de
-
-
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal y UNICEF México. ---- Estas organizaciones, en conjunto
-
sejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, organizaron el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes,
de la República. En este Foro se discutieron los puntos fundamentales
que deben ser tomados en cuenta para la elaboración de la legislación
proyecto de iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Ado-
lescentes elaborado por sociedad civil.--- Las organizaciones de la socie-
dad civil antes mencionadas buscaron el apoyo de las y los senadores
que subscriben la presente iniciativa, quienes se comprometieron a pre-
sentar ante este Honorable Órgano Legislativo, para su discusión, dic-
Primero regula todo lo relativo a las reglas generales y principios que
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-
tades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para
adolescentes y que, en su esencia, conforman el sistema integral de jus-
de que el ordenamiento es de observancia general en toda la República
Mexicana y, en razón de los sujetos, se aplicará a quienes se les investi-
-
realización entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. ---
Esta norma, detalla los contenidos previstos en la Convención sobre los
edad, los supuestos de aplicación de la ley.
esta
La competencia del sistema integral de justicia para adolescentes
-
supuesto a las normas sobre la prescripción. Este Código otorga la com-
petencia a las entidades federativas para la persecución de delitos fede-
rales cometidos por adolescentes, sin perder de vista que la Federación
-
competencia de las entidades federativas.
esta
solo
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adolescentes. Es claro entonces que,
el Estado Mexicano tiene la obligación de contar con una estructura
——-
tos propios de este rubro.
— esta
teria——— tanto en sus ins
de la controversia. Considerar que se trata de una especialización total, en
términos de un racional uso de los recursos públicos (sobre todo consi-
que únicamente ese entramado se establezca en el marco de la compe-
-
derse con las necesidades globales del servicio, y aun en los sectores
sensibles —como lo es el de la impartición de justicia—
una distribución armónica de estos privilegiando la dignidad de la per-
-
entidades, la carga de trabajo por delitos del fuero federal en materia de
justicia para adolescentes es menor a diez asuntos por mes. Realidad
que se acentúa de cara al nuevo sistema de justicia penal para adoles-
centes, pues es parte misma de esta materia el procurar —como una de
las manifestaciones del principio de alternatividad en esta rama de la
justicia— que la menor cantidad de asuntos se judicialice (particular-
mente en los casos en que el delito se deba a las circunstancias propias
-
do que el juzgador impusiera una sanción gravosa, si la persona adoles-
además de que esta vertiente tiene la pretensión de que la normativa
cuales deberán basarse en principios educativos.
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-
secuencias indeseables que puede sufrir un menor al aplicar un modelo que
no cuente con la estructura necesaria que garantice la atención y cuidado
-
cesidad de contar con instituciones exclusivas —sólo para conocer de esta
materia— y excluyentes —no conocer de ninguna otra asignatura— tanto
en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas, y comprende
desde la primera intervención de la autoridad y los sitios de detención de los
de la persona menor de edad.
-
mente disponen lo relativo a la especialización de todos los operadores encar-
gados del sistema. De tal suerte, que la reforma consolida expresamente la
concepción del tratamiento de los menores en el que expresamente se adule
a la especialización de todos los entes que intervienen en la justicia para ado-
lescentes.
Especialización que implica la existencia de tribunales especializados en el
Poder Judicial Federal, como de las Entidades Federales, en el que deben exis-
Federal de Justicia para Adolescentes.
En ese contexto, la reforma constitucional en relación a los menores sur-
-
competentes se realicen de conformidad con las obligaciones internacionales,
autoridad e impunidad que vive el Estado mexicano, sin embargo, las múl-
determinante para evitar que existan menores violentados, que se consuman
en una vida de delincuencia.
Para que dentro del funcionamiento ordinario de cualquier Estado cons-
titucional surja la necesidad de reformar la Constitución debe existir como
solo cabe reformar una Constitución que efectivamente se aplica y tiene un
estatus normativo, ya que no se reforma más que aquello que se necesita
269
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cambiar, porque existe la necesidad que se aplique en un sentido distinto del
actual.11
partidistas, solamente para redistribuir poder o mejorar la imagen de un go-
bierno ante la opinión pública. A veces se introducen o proponen reformas
a la Constitución vigente con el propósito de obtener una ventaja electoral o
-
-
-
protecciones contra la discriminación por razones de raza, género o religión.
Se expandieron también las acciones judiciales tendientes a prevenir la vio-
para adolescentes.
Entonces, la reforma constitucional es necesaria para responder y atender
las demandas de la sociedad, aunque no cabe duda de que las innumerables
-
-
existencia de un cambio social -avance o retroceso-. Una Constitución repeti-
-
-
-
11 Carbonell, Miguel,
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dispone que:
la Constitución pueda ser reformada, no quiere decir que las decisiones
puedan ser suprimidas y sustituidas por otras cualquiera mediante el
-
tan del bien entendido concepto de reforma constitucional. Una facul-
tad de reformar la Constitución atribuida por una norma legal-consti-
pero solo bajo el supuesto de que queden garantizadas la identidad
y la continuidad de la Constitución, considerada como un todo. La
facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan solo la facul-
tad de practicar, en las prescripciones legal-constitucionales, reformas,
adiciones, refundiciones, supresiones, etc., pero manteniendo la Cons-
competencia de revisión constitucional.13
fundamentales reconocidos en la Constitución. Tal es el caso de la reforma
-
-
miento o proceso judicial, de una crisis de violencia e impunidad que vive el
-
nacionales, que no dio el resultado esperado, pues incluso, la especialización
En ese contexto, las múltiples reformas en relación a la construcción del Siste-
ma de Justicia para Adolescentes son solo una parte de la solución para nues-
tros niños en México. Actualmente, ¿cuántos niños son capturados al año por
12 Cfr. Álvarez, José Alonso, , Universidad Veracruzana, México, 1999,
pp. 69 y 70.
13 Cfr., , pp. 70 y71.
271
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cometer algún delito, y cuántos de ellos pueden reintegrarse o reinsertarse a
seguimiento a los casos que verdaderamente se encuentren comprometidas
profesor normalista, un médico, y un experto en estudios psicológicos. Poste-
integral y la especialización de todos sus operados pretende lograrlo, es decir,
que los adolescentes infractores se reinserten a la sociedad, y se conviertan en
adultos con una sana vida.
De tal suerte que el intento legislativo es bueno, pero su aplicación es cues-
tionada, pues si bien la reforma de 2005 abrió la posibilidad de implementar
un sistema integral de justicia penal para adolescentes —entre 12 y 18 años—
-
tación estructural necesaria para lograrlo como se propuso: atender y cuidar
III. Referencias
Bibliográficas
Álvarez, José Alonso, , Universidad Veracruzana, México,
1999.
Arnaiz Amigo, Aurora, , 3ª ed., Porrúa, México, 1984.
, Fondo
de Cultura Económica, México, 2000.
Carbonell, Miguel, Porrúa, México, 2005.
et al., , Porrúa-Co-
Carrillo Prieto, Ignacio, -
dicas UNAM, México, 1992.
El menor infractor y el orden jurídico como repercusión política y social
Miriam Aidé García González
272
Ceniceros, José Ángel y Garrido, Luis, -
tas, México, 1936.
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Fundap,
México, 2002.
, Porrúa, México, 2003.
Fix-Zamudio, Héctor (coord.), , Instituto
, Unicef, México. 1999.
Olano V., Carlos Alberto, , Temis, México,
1987.
estado, Trillas, México, 2009.
Serie de Grandes temas del Constitucionalismo Mexicano,
nal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005.
Serra Rojas, Andrés, , Porrúa, México, 1996.
Walss Aureoles, Rodolfo,
, Porrúa, México, 2001.
Electrónicas
Carbonell, Miguel, . Disponible en
Medina Quiroga, Cecilia,
Montemayor, Carlos, La violencia de
Legislacion.aspx.
