Estado, medios de comunicación y monopolios
| Autor | Gonzalo Carrasco González |
| Cargo | Maestro y Profesor Investigador del Departamento de Derecho, UAM-A |
| Páginas | 441-468 |
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S ección A rtículos de I nvestigación
Estado, medios de comunicación y monopolios pp. 441-468
Estado, medios de comunicación y monopolios
Gonzalo Carrasco González*
El objetivo del presente artículo está orientado a presentar algunas relexiones sobre las reformas a las Leyes Federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión, Ley Televisa. El estudio está centrado en el análisis del proceso de desarrollo de los monopolios en las telecomunicaciones y su relación con el
Estado de derecho. Se señalan algunas de las controversias constitucionales que han suscitado estas reformas desde la perspectiva que contravienen varios artículos constitucionales, y su impugnación desde la perspectiva que fomentan prácticas monopólicas. Asimismo, se analizan las concesiones estatales en el sector de los medios de comunicación y la relación de conlicto y negociación entre el Estado y los concesionarios tradicionales y los nuevos empresarios que desean participar en las telecomunicaciones. Finalmente, se estudia la relación entre la democracia, los derechos humanos y los medios de comunicación.
* Maestro y Profesor Investigador del Departamento de Derecho, UAM-A.
The aim of this paper is intended to present some thoughts on reforms to the federal law of Telecommunications (LFT) and Radio and Television, Televisa Law. The study focuses on the analysis of the development process
of monopolies in telecommunications and its relation to the rule of law. It
identiies some of the constitutional
controversies that have raised
these reforms from the perspective that violate several constitutional articles and their challenge from
the perspective that encourage monopolistic practices.We also analyze the state concessions in the
ield of media and the relationship of conlict and negotiation between the
State and traditional dealers and new entrepreneurs who wish to participate in telecommunications. Finally,
we study the relationship between
democracy, human rights and media.
SUMARIO: I. Planteamiento inicial / II. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Televisa / III. Constitucionalidad de las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión / IV. Las concesiones en los medios de comunicación / V. Monopolios en los medios de comunicación /
VI. Democracia, derechos humanos y medios de comunicación / A manera de conclusiones / Bibliografía
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Sección Artículos de Investigación
I. Planteamiento inicial
Las políticas neoliberales iniciadas en México desde 1982 en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se han materializado en una política privatizadora en los sectores estratégicos (petróleo, electricidad, minería y telecomunicaciones). Estas políticas se han profundizado en los dos últimos gobiernos (Vicente Fox y Felipe Calderón), los cuales han tenido como aliados a los empresarios, nacionales y ex-tranjeros, a quienes paulatinamente se les ha ido construyendo un régimen jurídico apropiado para la expansión de su actividad monopólica.
Históricamente, las políticas de regulación jurídica en México para las teleco-municaciones permitieron que se fueran formando corporativos en la radio y en la televisión, que inalmente se convirtieron en grandes monopolios mediáticos. En materia de telecomunicaciones, como en otras áreas estratégicas, se ha dado marcha atrás a la participación del Estado en las actividades mediáticas y se inicia un desmantelamiento de las empresas y organismos gubernamentales de medios electró-nicos. Este repliegue estatal ha generado la ausencia de una clara y irme intención de someter a los monopolios de la comunicación, y no optar por una vía estatal que cuente con un sólido sector mediático que le dé sentido social y público a los medios.
La política de telecomunicaciones entró en crisis en la última década por la bús-queda de expansión de las empresas monopólicas de televisión (Televisa y TV Azte-ca) por incursionar en áreas que se han ido desarrollando en las telecomunicaciones (telefonía móvil, cable e Internet) y por la búsqueda de control de los elementos tecnológicos que permiten el desarrollo de estas áreas, como es el caso de la ibra óptica oscura. Sin embargo, la presencia de nuevos actores nacionales y extranjeros (Telmex y General Electric, entre otros), que por su parte quieren expandir su campo de acción hacia la televisión abierta y de cable, ha provocado un conlicto (el triple play y cuádruple play) entre estas empresas y el gobierno actual, conlicto que de no resolverse se profundizará en los próximos años.
Una de las medidas que se adoptaron para solucionar este conlicto fue la reforma a las leyes de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), las cuales son conocidas como Ley Televisa. Sin embargo, esta ley fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, porque en los hechos fortalecía la posición casi monopólica de la empresa Televisa.
Las reformas de las leyes de telecomunicaciones suscitaron una serie de controversias constitucionales, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que declaraba inconstitucionales los aspectos de interés principal para Televisa.
El problema principal es el del refrendo de las concesiones, el cambio, y el otorgamiento de nuevas concesiones que abriría las posibilidades a las diferentes empresas de participar en las nuevas áreas del triple play y cuádruple play. La cuestión principal es que las autoridades regulatorias han frenado el ingreso de Telmex al
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mercado del triple play, al tiempo que han permitido que Televisa participe en el mercado de las telecomunicaciones dominado por Telmex. A pesar del Acuerdo de Convergencia, dado a conocer en octubre de 2006, que permitiría a Telmex partici-par en el triple play, hasta el momento no se ha autorizado el cambio de su título de concesión para permitirle entrar a este mercado en México.
La elaboración de leyes, iniciativas y decretos presidenciales, hechos a la medida de los intereses de una empresa debilita la credibilidad de los legisladores y de las autoridades regulatorias, así como la del poder Ejecutivo. El Estado debe ser una fuerza incontrastable, es decir, no debe haber un actor social, económico o político que se oponga a sus decisiones o que le imponga sus intereses. Pero, además, la idea del Estado árbitro implica que éste no debe orientar las acciones estatales en beneicio de un sector o una empresa. La utilización de los medios de comunicación como grupo de presión, plantea el riesgo de que el Estado sea sustituido por el poder mediático y sus intereses monopólicos, esto es, que el poder mediático llegue a conformar un poder que sea capaz de imponer sus intereses a los de la Nación. El problema de los monopolios en las telecomunicaciones, además de un problema económico (sobre todo si consideramos las consecuencias de la concentración del capital), es un problema político, el de la relación del Estado con los empresarios de las telecomunicaciones, pero además, es un problema jurídico desde el punto de vista del Estado como regulador de la economía.
Es necesaria una reforma integral a la ley de telecomunicaciones, no sólo medidas administrativas, que atienda el interés público y no el de los monopolios. Ello sería atender el criterio establecido por la (SCJN) en su sentencia contra la Ley Televisa: “[…] el criterio económico no debe ser preponderante para determinar el otorgamiento de una concesión”, el otro criterio debe ser el social.
La apertura a nuevos actores permitiría la competencia entre empresas que hoy acaparan los canales, las audiencias y el mercado publicitario televisivo, pero el fru-to de esta competencia debe estar orientado en beneicio de la sociedad. La sociedad mexicana requiere que se democratice la generación masiva de contenidos a in de materializar los derechos a la información y a la comunicación para que haya nuevas opciones de opinión pública, no controladas por un solo medio.
II. La Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Televisa
El 11 de abril del 2006 fueron publicadas en el Diario Oicial de la Federación (DOF), cuya entrada en vigor sería el 1º de enero de 2007, una serie de modiica-ciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), las cuales son conocidas como Ley Televisa. Ha sido llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa,
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Sección Artículos de Investigación
aun cuando se debería incluir la participación del otro monopolio de los medios de comunicación, Televisión Azteca.
La controvertida ley fue aprobada en el 2005 en la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos y el 30 de marzo del 2006 en la de Senadores con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros. La ley fue conirmada por el Senado, “sin cambiarle una coma”, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales del 2006.
Después de casi cuatro horas de discusión, se aprobaron por 62 votos a favor y 24 en contra las reformas con las que se adicionó la Ley federal de Radio y Televisión (LFRT) y al igual que el pasado 30 de marzo, cuando se votó la ley Televisa la confrontación entre los que estaban en contra y los que estaban a favor de la legislación rebasó los colores partidistas.1En su momento, Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra esa ley, pero decidió...
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