Los medios de comunicación y los límites de la rendición de cuentas en democracias no consolidadas: El caso de México/The Media and the Limits of Accountability in Unconsolidated Democracies: The Case of Mexico.
| Autor | Guerrero, Manuel Alejandro |
INTRODUCCIÓN
Una característica importante en regímenes que en algún punto iniciaron procesos de liberalización política tiene que ver con el incremento en la diversidad y la libertad de expresión en los medios. Sin embargo, en aquellos regímenes que luego de iniciar tales procesos no han logrado transitar exitosamente hacia formas de democracia consolidadas, la diversidad y la libertad de expresión mediáticas no se traducen en funciones más efectivas de vigilancia (watchdog role) contra los abusos de poder, no sólo debido a que el compromiso de los gobiernos con la rendición de cuentas es más discursiva que real, sino también porque se carece de un interés común en la cobertura de estos temas entre los propios medios, que en general privilegian el ángulo del escándalo sobre el del análisis y la información, incumpliendo así una de las funciones clave que tienen en las democracias. Esta condición se agudiza en contextos en donde, además, el Estado no garantiza las condiciones básicas para un ejercicio profesional del periodismo investigativo en donde los periodistas puedan exponer los temas sin temor a la censura o incluso poner en riesgo su integridad física.
En México, si bien desde finales del siglo xx se ha logrado establecer procesos electorales relativamente abiertos y competitivos, todavía persisten serios desafíos en relación con el estado de derecho, la transparencia, la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. En el campo de la información, el régimen posrevolucionario había gestado un sistema complejo de intercambios de beneficios por apoyos políticos con los medios de comunicación con base en diferentes mecanismos--desde las compensaciones salariales otorgadas por dependencias gubernamentales y el peso de la publicidad oficial no regulada y discrecional, hasta las relaciones de cercanía de editores y dueños de medios con grupos políticos (Guerrero, 2011)--.Una relación de intercambio que, en caso de no hacerse efectiva por parte de los medios, resultaba en la aplicación de duros mecanismos de censura. El resultado se reflejaba en una labor informativa con escasos incentivos para la investigación.
Todo esto significaba una seria distorsión del papel de vigilancia que debía cumplir la información. En este sentido, una fuerte expectativa que despertaron las alternancias en el poder a nivel federal desde 2000 era la de transformar eventualmente las formas del quehacer periodístico que había marcado el régimen anterior. No obstante, si bien hoy se tiene un panorama mediático más plural y diverso, no necesariamente se tienen mejores prácticas informativas de vigilancia y de profesionalismo periodístico.
Este trabajo compara la cobertura de dos escándalos de supuesta corrupción: la Casa Blanca del presidente Peña Nieto y las Casas del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett. A pesar de tratarse de dos gobiernos distintos, la impunidad resultante, si bien obedece a la falta de compromiso institucional de la agencia responsable (la misma Secretaría de la Función Pública), por lo que corresponde a la cobertura informativa, salvo excepciones, esta se centra en su conjunto en aspectos que privilegian los dichos de actores políticos--favorables y críticos--más que el análisis de los hechos, por lo que se termina por favorecer el escándalo mediático. Escándalos a partir de los cuales es difícil suponer que favorezcan una opinión pública mejor informada, pero probablemente sí más desencantada del sistema político en su conjunto. Por lo tanto, cabe preguntarse sobre el papel de los medios en la forma en que se publicitan y se informan los temas relacionados con la corrupción y la rendición de cuentas.
MEDIOS EN DEMOCRACIAS NO CONSOLIDADAS: EL CASO DE MÉXICO
La democracia, como cualquier otro tipo de régimen, supone formas específicas de acceder al poder y de ejercerlo. En buena medida, los atributos con los que Robert Dahl (1971) definía a las poliarquías comprenden las formas de acceso al poder: libres, competitivas, equitativas y participativas. Se puede sintetizar entonces que en un régimen democrático las formas de acceso deben ser abiertas. Por su parte, las formas de ejercicio del poder en una democracia se definen por ser limitadas y equilibradas. Limitadas en el sentido de las formas en que el poder del régimen se extiende en la sociedad (Dunn, 1999). Aquí se habla, por ejemplo, de criterios relativos a la existencia efectiva de un estado liberal de derecho que limita el poder público frente a los derechos y libertades de individuos y grupos, pero también de criterios de responsividad y de cierto tipo de rendición de cuentas y de transparencia. El equilibrio, en cambio, tiene que ver con las formas en que el poder se distribuye y se comparte entre diferentes órdenes e instituciones (O'Donnell, 1998). Se trata de criterios relativos a pesos y contrapesos y, nuevamente, a ciertas formas de rendición de cuentas y de transparencia. Se puede sintetizar entonces que, en un régimen democrático, las formas de ejercer el poder deben ser responsables.
Así, en una democracia se esperaría que los medios de comunicación, cuya agenda constituye un espacio donde los distintos actores expresan sus opiniones y posicionamientos en relación con un conjunto de decisiones gubernamentales de interés público (Del Castillo Alemán y Flores Ivich, 2019), operaran en condiciones de aceptable diversidad e independencia frente al poder con el fin de cumplir relativamente bien con sus funciones esenciales de informar, vigilar (watchdog) y servir como arena de debates en asuntos de interés público. Muchos países que iniciaron procesos de transición han sido capaces de construir reglas más o menos abiertas de acceso al poder, pero no necesariamente reglas para un ejercicio del poder más responsable. En estos regímenes de democracias no consolidadas, esto significa que, si bien es posible encontrarse con un panorama mediático relativamente diverso y plural, la independencia mediática queda condicionada por la aplicación de reglas que terminan por distorsionar alguna o varias de sus funciones informativas, sobre todo la de vigilancia contra los abusos de poder.
En el caso de México, el país iniciaba el siglo xxi como parte de los países que habían logrado resolver, aparentemente, los conflictos derivados de la competencia por el poder mediante mecanismos electorales abiertos a la participación y cuyos resultados, en general, terminaban acatándose en los hechos por todas las partes en contienda. Esto no significa que, a pesar de las reformas y los mecanismos legales, no siguiese habiendo problemas de fiscalización de campañas y partidos, ni que se hubieran logrado erradicar las prácticas clientelares y el desvío de recursos. Lo que significa es que se crearon vías institucionales a las cuales recurrir en tales casos. Así, es posible afirmar que, con todo, en México se han ido consolidando las formas abiertas de acceso al poder fundamentadas en la actuación de organismos relativamente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, pero sobre todo en la participación ciudadana y en el voto.
Algunos de los aspectos más socorridos de las teorías de la democracia indican que este tipo de regímenes generan incentivos para reducir la corrupción y favorecen una mayor vigilancia mediante mecanismos de rendición de cuentas verticales, horizontales y "societales" (Dahl, 1971; O'Donnell, 1998). En principio, la oposición tendría todos los incentivos para vigilar y exponer los abusos de poder, las malas prácticas y la corrupción de los gobiernos en turno con miras a lograr triunfos electorales y, al mismo tiempo, los electores tendrían todo el interés de castigar a los malos gobiernos (Myerson, 1993; Ades y Di Tella, 1999; Kunicová, 2006). Sin embargo, en México los actores políticos llegados mediante el voto popular durante las alternancias (2000-2018) han carecido de los incentivos adecuados para avanzar hacia formas plenas de responsabilidad política y rendición de cuentas. Estos actores, si bien han propiciado la creación de instituciones y han impulsado reformas muy importantes tendientes hacia un ejercicio más responsable del poder--desde las leyes de transparencia hasta el Sistema Nacional Anticorrupción--, en realidad han carecido de la voluntad política suficiente para volverlas realmente eficaces o, simplemente, ponerlas en marcha. Las élites políticas han preferido acomodarse a la práctica de las viejas reglas de un ejercicio de poder poco responsable y sustituir la vigilancia mutua por acuerdos y arreglos políticos en detrimento de la rendición de cuentas.
Por su parte, al menos hasta el gobierno del presidente Peña Nieto (2012-2018), esta falta de voluntad de los actores políticos para impulsar cambios de fondo en las formas del ejercicio del poder fue aprovechada por la mayoría de los medios de comunicación convencionales para negociar también viejas formas de intercambio de beneficios por apoyo con la clase política y mantener negocios redituables en lugar de haber impulsado nuevas formas más profesionales y vigilantes de periodismo. En este sentido, las viejas prácticas de intercambio vigentes durante el régimen priista, no se terminaron, sino que se diversificaron. Ahora, la competencia política abría más oportunidades de negocio para los medios en 32 entidades federativas, más varios municipios con los recursos suficientes como para pagarse una "buena prensa". Los medios--y algunos periodistas en sus espacios--no sólo se beneficiaron de la publicidad gubernamental, sino de la venta de entrevistas a modo y de la inserción de gacetillas e infomerciales propagandísticos que se insertaban como información. Así, en términos generales, el quehacer periodístico...
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