Luchan por su vida
| Autor | Francisco Morales V. |
El 2020 ha sido un año de incertidumbre para los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt, tras varios embates a su presupuesto y la necesidad apremiante de echar mano de todas sus capacidades para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
Se trata de 26 centros de investigación, con su propia red de posgrados de excelencia, que fueron creados para generar conocimiento de frontera, tanto básico como aplicable, en sus distintas especialidades científicas y así poder dar solución a los problemas del País.
Ya sea para evitar la inminente desaparición de un manglar, para entender los movimientos migratorios a través de las fronteras del País, para crear soluciones de movilidad a través de tecnologías de la información en zonas de alta densidad urbana, para plantear modelos de economía agrícola sustentable o para trazar la historia de alguna corriente política en México, por poner tan sólo unos ejemplos, los CPI responden cotidianamente a necesidades reales de la ciudadanía.
No obstante, en un año estrujante para el mundo entero, donde los científicos de todos los países afrontan el reto de buscar soluciones que prevengan más muertes ante la pandemia de Covid-19, el Gobierno federal ha tenido que ser convencido en reiteradas ocasiones de no recortar recursos de los CPI que, en aras de la austeridad, los dejarían inmóviles.
Desde mayo del año pasado, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció medidas estrictas de austeridad, los 26 centros tuvieron que comenzar a operar de formas que han llegado a ser descritas por
autoridades de estas instancias como de "economía de guerra", con restricciones hasta en los suministros de luz y agua, y con investigaciones suspendidas.
Conacyt, además, como entidad rectora de estos 26 centros, vio reducida su participación este año en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, con un presupuesto que privilegia a la Secretaría de Educación Pública, y otorga a la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla apenas el 29.5 por ciento de este gasto.
En abril de este año, asimismo, el Presidente López Obrador decretó la extinción de fideicomisos de la administración pública federal, incluyendo aquellos creados específicamente para dotar de recursos a los CPI; esto, según se dijo, para juntar recursos para hacer frente al Covid-19.
Tras una carta firmada por más 3 mil científicos y cabildeo con las autoridades federales, se anunció que el decreto no tendría efecto para estos fondos, en un respiro que duró muy poco a los CPI, pues una iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados volvió a plantear derogar los fideicomisos.
Un nuevo foco rojo se encendió cuando, por esas mismas fechas, Hacienda anunció también un recorte del 75 por ciento a dos partidas de gasto operativo de todas las dependencias de Gobierno, mismo que hubiera sido letal para los CPI y que, de nuevo, tras una protesta generalizada, fue echado para atrás.
Al respecto, durante su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador cuestionó la calidad moral de los miembros de la comunidad científica que se oponen públicamente a los recortes y los tildó de porfiristas, por su presunta búsqueda de mantener privilegios y prácticas como el influyentismo y la corrupción.
Ante el asedio constante del Gobierno federal y la tentación de echar mano de los recursos de los CPI, ¿qué se perdería si estas instituciones desaparecen?
EL SISTEMA
A principios de los años 70, el recién creado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) decidió atender, como una de sus políticas centrales, una demanda de la comunidad científica de las universidades del País: la creación de centros de investigación especializados en todas las disciplinas científicas, con equipo y tecnología de punta para sus propósitos, y la posibilidad de ofrecer posgrados de excelencia académica.
Esta petición, que tenía como núcleo una apuesta por la descentralización de la práctica científica en México, recibió la aprobación del entonces Presidente Luis Echeverría, y comenzó a ser instrumentada por el economista Gerardo Bueno Zirión, quien fue director general del Conacyt de 1973 a 1976.
Con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) como decano de los 26 centros actuales (1971), y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) como el más reciente (2000), el Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt fue instituido formalmente en 1992.
La forma actual de este sistema, con las reglas y objetivos que le dan sustento, deriva de la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002.
En el 2017, los 26 centros fueron divididos de acuerdo a sus líneas de investigación en las cinco coordinaciones que hoy integran: Materiales, Manufactura Avanzada y Procesos Industriales; Física y Matemáticas Aplicadas y Ciencia de Datos; Medio Ambiente, Salud y Alimentación; Política Pública y Desarrollo Regional, y Procesos de la Sociedad y la Cultura.
Aunque desde el 2015, año del máximo histórico de inversión en ciencia y tecnología, el presupuesto para esta área ha tenido un decrecimiento constante, el Gobierno reconoce que el sistema de CPI es actualmente la "segunda fuerza de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico en el País", tan sólo después de la UNAM.
"Por eso es importante: por el número de científicos que están trabajando dentro de los centros, el número de estudiantes de posgrado que salen de ahí, el número de publicaciones y el número de patentes", explica en entrevista el Dr. Leopoldo...
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