El liberalismo en México: motor del constitucionalismo
| Autor | Luis Alfredo Valles Mendoza |
| Cargo del Autor | Coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza |
| Páginas | 153-170 |
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Es innegable que como ciudadanos presenciamos un momento trascendental de la historia, donde tanto el Estado como el país se despojan paulatinamente de los ropajes heredados por una tradición de más de setenta años de nacionalismo revolucionario, misma que ha estancado a la nación y la ha sumido en un retraso generalizado. Por suerte, México ya se encuentra reconfigurando una nueva identidad que le permitirá hallar las soluciones para superar los diversos retos a los que hoy nos enfrentamos. Viejos enemigos como la pobreza, la desigualdad social y la corrupción son parte de los problemas que retan a nuestras instituciones; sin embargo, también nos encontramos con obstáculos resultantes de la modernidad: tanto el paradigma del desarrollo basado en la sustentabilidad, como la promoción de una educación de calidad con equidad de acuerdo con los desafíos actuales; otros, derivados de las nuevas tendencias demográficas, el narcotráfico, la instauración de un gobierno abierto y transparente que cierre la brecha existente entre éste y la sociedad, la resignificación de la soberanía en un mundo globalizado, son algunos de los retos que se siguen arrastrando.
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Con esto en mente, la celebración del Centenario de nuestra Constitución de 1917 debe ir acompañada de un ejercicio de reflexión en perspectiva a través de diferentes vertientes y disciplinas que lo enriquezcan, con la finalidad de encontrar una ruta para la participación de las distintas instituciones que conforman el Estado mexicano del siglo xxi, así como de los diferentes actores sociales y de cada ciudadano. Toda conmemoración es una expresión manifiesta de honor, solemnidad y reconocimiento que la sociedad concede a un acontecimiento o persona cuya relevancia en la historia se ve manifestada en la dinámica social y en la vida de los individuos.
De acuerdo con Gurutz Jáuregui, las nuevas realidades en el plano internacional y nacional están poniendo en jaque los cimientos sobre los cuales se ha levantado el Estado, así como su organización y funcionamiento:
Así, en el ámbito interno, su actividad reguladora se ve sometida a restricciones cada vez más importantes y frecuentes. Bien por la complejidad intrínseca de la maquinaria estatal, o bien por la progresiva tendencia a estructurar el sistema de representación de intereses a través de organizaciones especializadas o corporaciones estructuradas en torno a criterios sectoriales o transectoriales, lo cierto es que el Estado se ve obligado cada vez con más frecuencia a asumir complejas pautas de negociación. Ello implica un importante retroceso de su poder y control jerárquico.1Esta aseveración no implica que la figura de Estado se encuentre en crisis o, en términos más graves, desaparezca, ya que como estableció Hermann Heller en 1934 en su Teoría del Estado, su permanencia es justificable desde el momento en que existe una estructura jurídico-política y su consagración se hace posible “relacionando la función estatal con la función jurídica”, esto a través de la Constitución. Este orden jurí-
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dico fundamental otorga identidad al Estado como sujeto de derechos y obligaciones, y mediante el cual, los habitantes de un territorio realizan sus actividades y funciones sociales, culturales, económicas y políticas. De momento, no existe otra figura jurídica bajo la cual se pueda llevar a buen puerto la vida interna y las distintas relaciones de los habitantes de un país. No obstante, si bien no coincido en adjudicar el término crisis a la situación actual del Estado, en particular del Estado mexicano, sí existe una urgente necesidad de revitalizarlo a través de sus instituciones. De igual forma, no coincido con la expresión “Reformar al Estado”. Ya muchos constitucionalistas han aclarado esta situación y han establecido que la llamada “Reforma del Estado” debe referirse, más bien, a la reforma de la Constitución que conforma, como se mencionó anteriormente, la estructura jurídica básica del Estado y que regula su actividad y relación con los ciudadanos.
Reformar la Constitución puede ser considerado una proclama moderada, sobre todo cuando existen personas en distintos círculos políticos que denuncian como urgente que nuestra Ley de 1917 ha caído en la obsolescencia, pues “ya no responde a las transformaciones sociales que ha experimentado el pueblo en nuestro País […] que debe sustituirse por un nuevo ordenamiento que esté en consonancia con las tendencias y proyecciones evolutivas de México”.2
Mi aportación en el marco de esta publicación es cuestionar si este espíritu reformador representa una forma sencilla de expiar culpas a través de nuestra Constitución, para no reconocer el hecho de que las diferentes instituciones que conforman el Estado mexicano muestran deficiencias en la instrumentación de las leyes y en la acción política que ejercen mediante las mismas. Basta el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, la cual data del año de 1787 y que sólo ha sido enmendada en
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treinta ocasiones, mientras que la Constitución mexicana de 1917 ha sufrido poco más de trescientas modificaciones.
El mejor homenaje que podemos rendir a nuestro máximo ordenamiento jurídico, a cien años de su promulgación, es realizar una autoevaluación honesta, aceptando el hecho de que si bien se requiere una revisión de muchos preceptos de sus artículos, mismos que ya no se adaptan a las circunstancias del país y a las características de la sociedad actual, también es cierto que todas las instituciones que forman parte de la estructura del Estado mexicano tienen que renovarse y desempeñar las funciones correspondientes a sus obligaciones bajo nuevos paradigmas políticos, económicos, sociales y culturales.
Para ello, como una aportación adicional al debate en torno a lo que considero como una urgente necesidad de una “revitalización del Estado” a través de sus instituciones, describo la gran importancia que ha tenido la ideología liberal en los procesos de renovación del Estado mexicano a lo largo de nuestra historia, comenzando con el movimiento político que dio pie a la Constitución de 1857 y el movimiento maderista de principios del siglo xx, que fue el inicio del fin de la dictadura porfirista y parteaguas de la Constitución de 1917.
El Estado siempre debe estar bajo la lupa de la observación y el análisis; por lo tanto, siempre tiene que ser cuestionado, al igual que todos los elementos que de él derivan. No obstante, tenemos que reconocer que tiene una razón de ser ética: su simple ausencia no hace a la sociedad más responsable. Los principios liberales que han modelado gran parte de los Estados modernos como la distinción entre poder y opinión, la sociedad y Estado, además del establecimiento de un nexo entre ambos a través de la representación política, se conservan hasta la fecha, pero también han evolucionado para revitalizar a los Estados que se han quedado rezagados en crear las condiciones para que el individuo pueda desarrollar al máximo sus potencialidades en el marco de la solidaridad y la participación.
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El liberalismo ha reaparecido cuando el país más lo ha necesitado para cumplir su labor reformadora y abstraerse de nueva cuenta, enriqueciéndose y evolucionando, haciendo una autocrítica respecto a la validez de sus preceptos conforme al tiempo en curso, esperando de nueva cuenta aparecer en el horizonte y brindar un poco de luz, pues “cómo no contrastar aquella fugaz aurora del espíritu liberal, republicano, democrático, con los tiempos oscuros que vivimos, […] el proyecto que abandonamos hace más de un siglo y que ahora, cuando más lejos está de nuestro horizonte, representa casi nuestra única posibilidad de reconstrucción nacional”.3
El liberalismo en México obtuvo sus primeras victorias a mediados del siglo xix, tras arduos intentos por unificar los diferentes estados del país y una sucesión de guerras intestinas por el control del poder, causa del debilitamiento de las nacientes instituciones mexicanas, así como de la autonomía y soberanía de nuestro territorio, vulneradas en varias ocasiones por naciones extranjeras. En medio del caos del nuevo proyecto de nación independiente, los esfuerzos por dotar al país de una constitución se vieron frustrados en distintas ocasiones, debido a la falta de acuerdos entre los diferentes actores políticos de la época, quienes buscaban el beneficio de sus propios intereses antes que la consolidación de una Carta Magna capaz de ordenar y dotar de sentido al gobierno.
No obstante, un grupo de civiles y militares que se identificaban a sí mismos como “liberales”, decidió llevar a cabo, de una vez por todas, el proyecto constitucionalista, con la finalidad de asegurar la independencia del país. De esta manera, el 1o. de marzo de 1854 se...
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