Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

1. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un do cumento vía digital, fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará al Tribunal que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.

2. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

3. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar dicho Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la Firma E lectrónica Avanzada en un Procedimiento.

4. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

5. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el Procedimiento.

6. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.

7. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.

8. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.

9. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en Línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa dentro del Procedimiento. La firma electrónica permite actuar en el Juicio en Línea.

10. Juicio en la vía tradicional: El Procedimiento que se sustancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.

11. Juicio en Línea: Forma opcional de substanciación y resolución del Procedimiento en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea.

12. Procedimiento: Procedimiento Contencioso Administrativo.

13. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el Procedimiento que se sustancie ante el Tribunal, con la finalidad de resolver controversias que se susciten.

14. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.

1. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de los Organismos Descentralizados y otras personas, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares;

2. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o Municipales, y de sus organismos fiscales autónomos, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause agravio en materia fiscal;

   III- De los juicios en contra de las resoluciones favorables a un particular, cuando las autoridades estatales y municipales promuevan el juicio para que sean anuladas;

4. De los juicios promovidos en contra del procedimiento administrativo de ejecución cuando el afectado afirme:

   a).- Que el crédito que se le exige se ha extinguido legalmente;

   b).- Que el monto del crédito es inferior al exigible;

   c).- Que es poseedor, a título de propietario de los bienes embargados o acreedor preferente al fisco; y

   d).- Que el procedimiento coactivo no se ajustó a la ley. En este último caso, la oposición no podrá hacerse valer, sino contra la resolución que se apruebe el remate; salvo que se trate de resoluciones cuya ejecución material sea de imposible reparación;

5. De los juicios en los que se impugne la negativa de una autoridad para ordenar la devolución de cantidades pagadas indebidamente;

6. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas por responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de los Ayuntamientos y sus Organismos Descentralizados;

7. De los juicios en contra de las resoluciones dictadas conforme a una ley especial, que le otorgue competencia al Tribunal;

8. De las controversias suscitadas entre la Administración Pública y los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado y sus Municipios;

9. De los recursos que concedan las leyes en contra de los acuerdos que se dicten en la tramitación de los juicios; y

10. De los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado en términos de la ley respectiva.

    Para los efectos de las dos primeras Fracciones de este Artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando, previéndolo, el afectado opte por no agotarlo y acuda directamente al Tribunal.

    El Procedimiento Contencioso Administrativo, no procederá en el caso de controversias que se susciten en materia electoral y laboral, así como las derivadas de universidades o instituciones educativas constituidas como organismos descentralizados, que gocen de personalidad jurídica y patrimonio propios y que no hubieren actuado como autoridades.

    En materia expropiatoria el Tribunal, solo podrá conocer del procedimiento establecido en la Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes.

1. El actor.- Tendrá ese carácter el particular o la autoridad que reclame la resolución o ejecución que emane de un procedimiento administrativo o fiscal;

2. El demandado.- Tendrá ese carácter:

   a).- La autoridad estatal, municipal, organismo descentralizado u otra persona, cuando actúe como autoridad...