Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS
TEXTO ORIGINAL.
Ley publicada en el Suplemento Número 1 del Número 71 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 11 de septiembre de 2021.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
DECRETO
NÚM. 494.- POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS.
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes hace sabed:
Que el Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:
D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES:
[...]
Por lo antes expuesto se expide el siguiente
DECRETO NO. 494
ÚNICO. Se aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, para quedar como sigue:
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS
DEL OBJETO DE LA LEY Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases generales de los actos administrativos y reglas comunes para el procedimiento administrativo, incluyendo las visitas de inspección o verificación, las medidas de seguridad y las sanciones administrativas, aplicables por los poderes del Estado, los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los municipios, así como por las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y municipal, ya sea de carácter centralizada, paraestatal o paramunicipal, incluyendo los organismos descentralizados, e inclusive por personas físicas y morales de derecho privado cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas en virtud de concesión, delegación o autorización por parte de un Ente público.
Asimismo, no será aplicable esta ley a las materias de carácter laboral, electoral, de seguridad pública, las relativas al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, las atinentes al ámbito de las universidades públicas y tratándose de la elección, suspensión o remoción de funcionarios de los Entes públicos señalados en el artículo 1 de esta ley.
Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.
En relación con los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta ley lo relativo a las multas administrativas derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de orden administrativo local.
Los actos y procedimientos especiales de carácter administrativo que en el ámbito de su competencia realicen o tengan que realizar los referidos Entes públicos se regirán en primer lugar por los ordenamientos jurídicos específicos que los prevean y regulen atendiendo a la singularidad de la materia.
En todo lo no previsto o regulado por dichos ordenamientos se aplicarán supletoriamente las disposiciones de esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará, en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
Cuando se trate de recursos impugnativos sólo serán aplicables los establecidos en este ordenamiento.
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Las autoridades administrativas servirán a los intereses públicos que les están encomendados y ajustarán sus relaciones con otras autoridades administrativas a los deberes de asistencia mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Las autoridades administrativas velarán por el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar, evaluar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades y demás circunstancias que fueran necesarias.
La inobservancia de ello puede dar lugar a la imposición de sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local aplicable en la materia.
El control jurisdiccional de los actos y procedimientos de carácter administrativo recae en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el cual se rige indefectiblemente por el principio de independencia judicial y las garantías que se desprenden de los artículos 17 y 116 fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativas de la Constitución del Estado.
La tutela jurisdiccional implica que toda persona tiene frente a la administración pública la posibilidad, dentro de los plazos, términos y modalidades que fijen las leyes y reglamentos atinentes, para acceder al Tribunal a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades jurídicas, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Asimismo posibilitarán el uso de las tecnologías de la información y medios electrónicos en los términos que dispongan los ordenamientos jurídicos específicos aplicables.
Las autoridades administrativas estarán constreñidas a dar respuesta fundada y motivada a las peticiones o promociones presentadas por los particulares, observando lo que al efecto prevean los ordenamientos jurídicos que las rijan y en lo conducente las disposiciones de esta ley.
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOS PARTICULARES
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Conocer, en cualquier momento, el estado que guardan los expedientes en los que acrediten la condición de interesado y su interés legítimo, y obtener copias certificadas de los documentos contenidos en ellos, en los términos previstos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la legislación local aplicable en la materia;
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Ser informados respecto de la identificación de la autoridad ante la que tramite el asunto de su interés;
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Obtener constancias de recepción respecto de los documentos y datos que presenten para su tramitación;
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Obtener información y orientación de los requisitos jurídicos o técnicos que las normas impongan a las solicitudes o actuaciones que sea su interés realizar; y
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A la protección de sus datos de carácter personal.
El derecho de los particulares a exigir el cumplimiento de los contratos administrativos que tengan celebrados con los Entes públicos señalados en el artículo 1 de esta ley, prescribe al término de cinco años contados a partir del día siguiente en que pudieron ser legalmente exigibles, salvo que exista disposición en contrario en el ordenamiento jurídico especifico que regule al contrato respectivo.
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Hacer constar en los citatorios en que se ordene la comparecencia de los interesados, el lugar, fecha, hora y objeto de la misma, así como los efectos jurídicos que se producirán por el hecho de no atenderla;
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Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de verificaciones, inspecciones y visitas domiciliarias, en los casos previstos por esta ley o en otros ordenamientos jurídicos;
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Guardar reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los interesados o por terceros con ellos relacionados, así como de aquella información que corresponda en los...
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