Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Ley publicada en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el viernes 11 de julio de 2014.

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 505.-

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 21
ARTÍCULO 1

La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

ARTÍCULO 2

Comete el delito de tortura, el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflija intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos a cualquier persona, por discriminación o con alguno de los fines siguientes:

  1. Obtener de ella o de un tercero, información o confesión;

  2. Castigarla por cualquier acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido;

  3. Intimidarla o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada;

Se le impondrá una pena de tres a doce años de prisión, multa de doscientos a quinientos días y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otro en el servicio público, por un término igual al de la pena de prisión, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran.

No se considerarán como tortura las penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto de autoridad.

ARTÍCULO 3

Es responsable del delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones y de acuerdo a los fines previstos en el artículo 2 de esta Ley, ordene, instigue, obligue, autorice, o planee su comisión. De igual manera a quien consienta, permita o tolere su realización, teniendo el deber de evitarlo y, pudiendo impedirlo, no lo haga.

Se impondrán las mismas penas previstas para el delito de tortura al particular, que por orden, instigación o autorización de un servidor público, participe en su comisión.

ARTÍCULO 4

El servidor público perteneciente a una institución de seguridad pública o de procuración o impartición de justicia, que tenga conocimiento de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, así como destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otro en el servicio público, por un término igual al de la pena privativa de libertad.

ARTÍCULO 5

Las penas señaladas en los artículos anteriores se agravarán en los siguientes casos:

  1. Cuando con motivo de dicha tortura se cause la muerte, se aplicará una pena de doce a cuarenta años de prisión;

  2. Cuando en la tortura intervengan dos o más personas, la pena se aumentará en una tercera parte;

  3. Cuando el autor intelectual del delito de tortura sea el superior jerárquico del autor o partícipe, la pena se aumentará dos terceras partes; y

    (REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2020)

  4. Si la tortura es cometida en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores de setenta años, miembros de pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o que por sus circunstancias especiales se encuentren en estado de vulnerabilidad, se aumentará la pena en una mitad.

    Cuando con motivo de la comisión del delito de tortura concurra cualquier otro delito, se aplicarán las reglas del concurso en términos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ARTÍCULO 6

Para la imposición de las sanciones penales deberá tomarse en cuenta:

  1. El grado del daño o lesión infligido al torturado; y

  2. En caso de corresponsabilidad, el grado de participación en la comisión del mismo.

ARTÍCULO 7

No se considera como causa excluyente de responsabilidad del delito de tortura, el que se invoque la existencia de situaciones excepcionales, como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones, peligrosidad de la persona privada de su libertad, inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario. Tampoco podrá invocarse como justificación el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores.

ARTÍCULO 8

En el momento en que lo solicite, cualquier persona privada de su libertad, por sí misma o por medio de su defensor o de un tercero, deberá ser examinada por un perito médico. A falta de éste, o si lo requiere, se hará además por un facultativo de su elección. El médico que practique el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente, y en caso de apreciar que se han infligido dolores, sufrimientos, o cualquier acto de tortura, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente.

CAPÍTULO SEGUNDO Artículos 9 a 13

DE LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

ARTÍCULO 9

Las autoridades encargadas de aplicar la presente ley y de prevenir la tortura son: el Poder Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, los Centros Penitenciarios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría de Educación, así como cualquier otra autoridad estatal o municipal relacionada con la seguridad pública, procuración de justicia, custodia o tratamiento deinculpados (sic), personas privadas de su libertad o adolescentes a quienes se les atribuya la comisión de alguna conducta tipificada como delito.

ARTÍCULO 10

Las autoridades antes citadas a fin de cumplir con la presente ley, deberán efectuar entre otras las siguientes actividades:

  1. Instituir en la entidad programas permanentes y procedimientos que promuevan o fomenten una debida protección de las personas previniendo y combatiendo la tortura;

  2. Implementar mecanismos de coordinación con los organismos nacionales, estatales y municipales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos y garantías individuales, para efectos de concertar acciones conjuntas en materia de prevención y combate de la tortura;

  3. Impulsar la participación de la sociedad en la instrumentación y ejecución de programas para prevenir y combatir la tortura;

  4. Establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, con el fin de emprender acciones que prevengan y combatan la tortura;

  5. Recomendar las medidas que consideren necesarias para mejorar la atención de los servicios públicos en las actividades que desarrollen las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal;

  6. Implementar campañas permanentes dirigidas a los habitantes del estado, sobre las obligaciones de los servidores públicos y los derechos de los ciudadanos, que apoyen las acciones en contra de actitudes que atenten contra la integridad física y psíquica de las personas, con el apoyo de los medios publicitarios y masivos de comunicación oficiales;

  7. Organizar cursos de capacitación de su personal para fomentar el respeto y observancia de los derechos humanos;

  8. Instituir la profesionalización de los cuerpos policiales, así como también de todo aquel servidor público que con motivo de su función participe en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión;

  9. Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, con el propósito de fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;

  10. Hacer propuestas y observaciones acerca de la...

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