Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo

1. Agencia: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo;

2. Comité: El Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo;

3. Concesión: El acto administrativo por virtud del cual, el Ejecutivo Estatal confiere a una persona física o moral, bienes del dominio público para su uso, aprovechamiento, explotación o para la prestación de un servicio público, acto que deberá ser autorizado por la Legislatura del Estado;

4. Junta: La Junta de Gobierno de la Agencia;

5. Dependencias: Las referidas como tal en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, incluyendo sus Órganos desconcentrados y demás Unidades Administrativas;

6. Directora o Director General: La Persona Titular de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo;

7. Entidades: Los Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, referidos como tal en la Ley de Entidades Paraestatales;

8. Estado: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

9. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo;

10. Ley: La Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo.

11. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación;

12. Permiso: El acto administrativo por virtud del cual, el Ejecutivo del Estado entrega a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles ya sea de dominio público o privado estatal, con carácter temporal y revocable;

13. Proyectos de Asociación Público Privada: Aquellos proyectos de asociación público privada que sean realizados conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo;

14. Registro: El Registro del Patrimonio Público del Estado, y

15. SEDE: La Secretaría de Desarrollo Económico.

1. Bienes de dominio público, y

2. Bienes de dominio privado.

1. Los de uso común;

2. Los inmuebles destinados por el Gobierno del Estado, a un servicio público; y

3. Los muebles que normalmente sean insustituibles, tales como los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y demás que no sean del dominio de la Federación o los Municipios.

Dichos bienes, incluyendo los derechos de cobro y derechos fideicomisarios de los que el Estado o sus entidades sean titulares, podrán gravarse con aprobación de la Junta, cuando la misma determine que sea conveniente para el financiamiento, obra, servicio, Proyecto de Asociación Pública Privada o el acto jurídico respectivo. Igualmente, podrán emitirse bonos u obligaciones sobre los mismos, que se regirán por las disposiciones que dicte la Legislatura del Estado, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios.

Para iniciar los procedimientos judiciales en contra de actos de aplicación o interpretación de esta Ley, previamente deberán agotarse los procedimientos de impugnación previstos en la misma.

La inscripción indebida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales en que se incurra, de acuerdo con la Ley de la materia.

Los derechos de tránsito, de vista, de luz, de derrames y otros similares se regirán exclusivamente por las Leyes y disposiciones aplicables en la materia.

Para tal efecto el Ejecutivo Estatal, previo dictamen de la Junta, solicitará a la Legislatura que así lo decrete. En todo caso el Ejecutivo Estatal motivará y fundamentará su solicitud.

1. Toda persona podrá hacer uso de ellos, sin más restricciones que las que establezcan los ordenamientos jurídicos correspondientes;

2. Los propietarios, los poseedores y los usufructuarios de predios colindantes, gozarán del derecho del tanto, en la parte que les corresponda, cuando se vayan a enajenar terrenos desincorporados del régimen de dominio público; y

3. Igual derecho gozarán quienes hayan sido los últimos propietarios privados de los bienes afectados por un procedimiento de derecho público, cuando el mismo se vaya a desincorporar del régimen de dominio público y se proceda a su enajenación.

Para el caso de las dos fracciones anteriores, el aviso a los propietarios se realizará por correo certificado con acuse de recibo; cuando se ignore el domicilio, mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Se exceptúa del derecho de tanto a que hace referencia en el presente artículo, según determine la Agencia, en los casos en que el interés público del Estado sea prioritario, cuando se vayan a enajenar terrenos desincorporados del régimen de dominio público.