Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Durango

1. El Tribunal Superior de Justicia;

2. El Tribunal Laboral Burocrático;

3. El Tribunal de Justicia Laboral;

4. El Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes;

5. Los Juzgados de Primera Instancia y Auxiliares, los Jueces de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento y los Juzgados de Ejecución;

6. El Tribunal de Disciplina Judicial;

7. El Centro Estatal de Justicia Alternativa; y

8. Los Juzgados Municipales.

La administración del Poder Judicial, así como la carrera judicial, estarán a cargo de un Órgano de Administración, que contará con independencia técnica y de gestión, mismo que estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones y que se auxiliará de la Universidad Judicial y de las comisiones y órganos que estime necesarios para su adecuado funcionamiento.

1. El Ministerio Público y la Policía Investigadora de Delitos;

2. Los cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales;

3. Las presidentas y los presidentes de los municipios, de las juntas municipales, las gobernadoras y los gobernadores tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, así como las jefas y los jefes de cuartel y de manzana;

4. La Directora o el Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad;

5. Las personas titulares de la Dirección, Secretaría de Dirección y Oficialías del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías;

6. Las personas titulares de la Dirección, Subdirección, Jefatura de Archivo y de las Oficialías del Registro Civil;

7. Las personas que funjan como depositarios o interventores;

8. Las personas que se desempeñen como síndicos e interventores de concursos y quiebras;

9. Las personas designadas como albaceas o interventores de sucesiones;

10. Las personas que tengan el carácter de tutores o curadores;

11. Las personas que se desempeñen como peritos, intérpretes oficiales y demás servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como el personal académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas para desempeñar el cargo de especialistas en sus respectivas ramas del conocimiento;

12. Las personas que se desempeñen como notarios públicos o corredores públicos;

13. La persona titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los demás centros de asistencia a personas en situación de riesgo o maltrato, así como el personal que integre dichas instituciones;

14. La persona titular de los Centros Especializados de Reinserción y Tratamiento para Menores Infractores del Estado de Durango, así como el personal a su cargo;

15. La persona titular de los establecimientos neuropsiquiátricos o especializados en el tratamiento de inimputables;

16. Las personas que se desempeñen como mediadores, facilitadores, conciliadores o árbitros, en los casos y términos establecidos en la ley; y

17. Todos los demás a quienes las leyes les confiera ese carácter.

Los auxiliares están obligados a cumplir las órdenes de las autoridades y servidores públicos de la administración de justicia, a excepción de las y los presidentes municipales y quienes se encuentran comprendidos en las fracciones IV y XVI de este artículo, mismos que deberán colaborar con las autoridades antes señaladas en los términos que se les solicite y les permita la legislación aplicable.

El Poder Judicial del Estado cuenta con autonomía y, en el ejercicio de sus funciones con absoluta independencia, por lo que solamente estará sujeto a las normas constitucionales y legales que de ellas emanen y a los tratados internacionales ratificados por México, en materia de derechos humanos, para la solución de los conflictos o controversias de naturaleza jurídica de su competencia, para lo cual podrá aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias. En el cumplimiento de su función se regirá por los principios de excelencia, disciplina, integridad, rendición de cuentas, eficacia, economía, transparencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad.

La presente ley y los acuerdos generales que se dicten por el órgano correspondiente, establecerán la competencia de cada tribunal, juzgado o centro que integra al Poder Judicial del Estado.

Las Juezas y Jueces rendirán protesta igualmente ante el Poder Legislativo.

En atención al principio de independencia judicial, las Magistradas y los Magistrados, las Juezas y los Jueces, así como los servidores públicos con actividades jurisdiccionales, estarán impedidos para el ejercicio de su profesión...