Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en el Suplemento No. 2 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 16 de junio de 2018.

DECRETO No. 472

POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes hace sabed: Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N T E S

[...]

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O No. 472

ÚNICO. Se aprueba expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en los siguientes términos:

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 37
Artículo 1 Objeto de la Ley
  1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:

    1. Determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

    2. Regular los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal; y

    3. Resolver sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves.

  2. Las faltas, sanciones y procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares que sean competencia de este Tribunal se tramitarán y resolverán con arreglo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en lo conducente conforme a esta Ley y la legislación local que en su caso resulte aplicable en la materia.

Artículo 2 Naturaleza del Tribunal y principios de actuación
  1. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un órgano estatal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades, y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos.

  2. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y en el presente ordenamiento.

  3. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.

  4. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, el Tribunal deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Artículo 3 Autonomía presupuestaria
  1. El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal se ejercerá con autonomía por éste y conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y las demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables, deberá realizarse con sujeción a los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad y racionalidad, y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Artículo 4 Definiciones generales
  1. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

  1. Administración Pública: las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y los municipios, centralizada, paraestatal y paramunicipal, incluyendo a los organismos descentralizados del Estado y los municipios y las empresas de participación estatal y municipal mayoritaria;

  2. Constitución Federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

  3. Constitución del Estado: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

  4. Comité Coordinador: el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;

  5. Entes públicos: los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los municipios; las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y los municipios, centralizada, paraestatal y paramunicipal; la Fiscalía General del Estado; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados;

  6. Estado de resolución: el acto de someter a la consideración del Pleno del Tribunal un proyecto de sentencia o resolución definitiva con relación a un juicio, procedimiento o recurso bajo conocimiento de un Magistrado instructor en términos de lo previsto en esta Ley;

  7. Faltas administrativas graves: las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la Ley General, cuya sanción corresponde al Tribunal;

  8. Faltas de particulares: los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves en términos de la Ley General, cuya sanción corresponde al Tribunal;

  9. Ley General: la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

  10. Ley: la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

  11. Órganos internos de control: las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los Entes públicos, esto es, la Contraloría General del Estado, las contralorías de los municipios, así como aquellas otras instancias de las entidades paraestatales y paramunicipales que por su estructura y funciones los requieran, o de los órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que, conforme a sus respectivas normas, sean competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades de los servidores públicos;

  12. Órgano Interno de Control del Tribunal: el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

  13. Órgano Superior de Auditoría: el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima;

  14. Presidente: el Magistrado Presidente del Tribunal;

  15. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

  16. Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los Entes públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución del Estado;

  17. Sistema Estatal Anticorrupción: el Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; y

  18. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

CAPÍTULO II Artículos 5 y 6

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Artículo 5 Competencia en materia contenciosa administrativa y fiscal
  1. El Tribunal es competente para conocer de los juicios que se promuevan por:

    1. Cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar el Poder Ejecutivo del Estado o los municipios, así como las dependencias o entidades que integran la Administración Pública del Estado o los municipios, centralizada, paraestatal o paramunicipal, en perjuicio de los particulares;

    2. Las controversias de carácter administrativo o fiscal que se susciten entre las autoridades estatales y municipales, así como de las que surjan entre el Estado y los municipios o de éstos entre sí;

    3. La negativa ficta que opera ante el silencio de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, o dentro del término de diez días hábiles tratándose de actos declarativos y de sesenta días naturales tratándose de actos constitutivos, según lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

      En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el silencio de las autoridades se considerará como resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda;

    4. Las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales señaladas en los expedientes relativos a recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos;

    5. La responsabilidad patrimonial del Estado de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en la materia;

    6. La afirmativa ficta, por la ausencia absoluta de dar respuesta por parte de la autoridad ante la cual se presentó la solicitud, dentro del término de tres días establecido por el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; y

    7. Los demás juicios y controversias previstas por esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, que doten de competencia al Tribunal.

    ...

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